La comunidad de El Quisco a través de sus juntas de vecinos ha reclamado insistentemente ante la municipalidad de la comuna para que se aplique la Ley de Urbanismo y Construcción a quienes se han tomado terrenos de propiedad de terceros y construyen sin permisos municipales. Varias son las tomas en conflicto. Están las del sector de Huallilemu alto y ahora las de Punta de Tralca. La alcaldesa, Natalia Carrasco, ha manifestado en forma reiterada que se opone a este tipo de ocupación y hará cumplir la ley que le compete. Al parecer la realidad la sobrepasa, por cuanto hay tomas instaladas desde hace más de dos años, como la del sector de Huallilemu y otras que se asentaron de a poco en el sector de Punta de Tralca, sin que hubiese acción de la autoridad para ordenar la demolición de las viviendas levantadas.
Mediante querella 2093-2015 presentada el pasado 16 de abril al Juzgado de Garantía de San Antonio, el Seminario Pontificio demanda el completo desalojo del terreno de su propiedad y a todos quienes resulten responsables por este acto. Si bien el municipio no puede desalojar un predio privado, le compete ordenar demolición de las construcciones aplicando la Ley de Urbanismo y Construcción. Esto lo ha solicitado el abogado del seminario, Sebastián Saavedra, en carta dirigida el pasado 16 de abril a la Dirección de Obras de la Municipalidad de El Quisco, en la que solicita la pronta desmantelación de las construcciones.
"Habiéndose efectuado construcciones en contravención a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a las Ordenanzas respectivas, y en su calidad de propietario de la parcela y lotes afectados, esta parte solicita a la Dirección de Obras Municipales que en uso de sus prerrogativas, ordene o solicite al alcalde la demolición de todas las construcciones existentes en las parcelas N° 12 y lotes A y B…".
Al cierre de esta nota se tuvo acceso al informe de Transparencia Municipal donde constata que la Dirección de Obras Municipal no ha fiscalizado a la parcela 12 desde que esta fue tomada masivamente el pasado marzo. No hay partes y pese a que la alcaldesa lo ha anunciado en reuniones con vecinos, tampoco hay decretos de demolición de las viviendas levantadas que vulneran la Ley de Urbanismo y Construcción.
"Evidentemente que estamos frente a un notable abandono de deberes y esto es sumamente grave", indica el arquitecto Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. "Corresponde entonces a la comunidad recurrir al intendente de la V Region el cual es la autoridad máxima. Deberá exigir su cumplimento: y si así no fuere están los tribunales para hacerlos cumplir".
El arquitecto explica que "este tipo de 'loteos brujos' son recurrentes en Chile, porque en la práctica opera la impunidad debido a la debilidad del Estado para exigir el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones". Y añade: "es deber de la Dirección de Obras fiscalizar y ordenar la demolición de las construcciones. Si el municipio dilata esta acción, entonces es el seremi de Vivienda de la V Región el que debe exigirlo, pues éste es el jefe técnico del Director de Obras Municipales. El alcalde y el Concejo Municipal también pueden administrativamente ordenar su cumplimento".
Patricio Herman afirma que no cree que haya encubrimiento apoyando las tomas. "Según mi experiencia, hay negligencia por parte de las autoridades locales". J
l Patricio Herman ha sido un verdadero adalid en lo que a urbanismo y construcción respecta denunciando públicamente la falta de aplicación de normativas por parte de los municipios del país y haciéndolos cumplir.