Karem Pizarro Chacón

El control canino en las calles de cada uno de los balnearios de la provincia de San Antonio y, en especial, la tenencia responsable de mascotas son un tema que desde hace muchos años viene cobrando más relevancia en la zona.

El fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó a la Municipalidad de El Quisco sacar a los perros de las céntricas calles del balneario dentro de un mes, es una señal que ha inquietado a varias agrupaciones animalistas de la provincia.

De acuerdo a las cifras que manejan los defensores de los animales, en ese balneario se busca construir un canil para 80 perros abandonados que deambulan constantemente por el centro de El Quisco y los lugares de mayor acceso de público y turistas.

El plazo para cumplir con la medida se acerca (20 al 25 de abril) y el municipio todavía baraja la elección de un terreno donde ubicar el canil.

Consultada por el avance del proyecto que busca cumplir con la orden judicial, la alcaldesa de El Quisco Natalia Carrasco detalló que se está trabajando con celeridad.

"Estamos trabajando con urgencia para la puesta en marcha del canil. Son disposiciones de los tribunales de justicia y tenemos que cumplirlas. Actualmente estamos evaluando el terreno donde será instalado. No tenemos claro si es la mejor solución para que las personas tomen conciencia y sean responsables con el cuidado de sus mascotas, pero lo haremos de la mejor manera, trabajando por la seguridad de las personas, cuidando la salud de los animales de nuestra comuna, que son abandonados de una manera muy cruel", manifestó.

Además el municipio informó que conjuntamente con la implementación del canil se aplicará la "Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas" con el fin de controlar la población canina. Además, se seguirán realizando los operativos de esterilización e instalación de microchips mediante campañas masivas.

De acuerdo a lo indicado por funcionarios municipales de El Quisco, la corporación edilicia viene trabajando hace varios años en el tema de la tenencia responsable de animales. De hecho, se instalaron 900 chips a las mascotas con amos, por lo que se identificará a los dueños y se podrá cursar una multa de hasta 5 UTM (unos 230 mil pesos) a quienes mantengan a sus perros en la calle.

animalistas

Por su parte, la Coalición Animalista Provincial San Antonio (Coacsa), que reúne a la mayoría de las agrupaciones más antiguas de la zona y también a las creadas más recientemente, manifestó su preocupación por la medida, argumentando que la resolución de la Corte ignoró la biología para tomar una determinación "tan cortoplacista y arcaica".

La bióloga de profesión Miriam Fernández, integrante de Coacsa, aseveró que "por un lado lamentamos que exista gente que se sienta afectada por los perros que hay en la calle y no hacemos un cuestionamiento al derecho de las personas para acudir a la Justicia por estos temas, pero creemos que ese tipo de acción y las formas que tienen de trabajar las municipalidades y la forma en la que falla la justicia no es funcional a resolver el problema. Encerrar a los perros no va a resolver ningún problema".

Agregó que "los países que han implementado estas medidas han fracasado y han terminado exterminando millones de animales por año, algo que en Chile no está permitido".

Según Fernández, los caniles "terminan siendo centros de maltrato, porque se ven sobrepasados en cuanto a cantidad. Se vuelven centros de contagio, los perros se matan entre sí, porque no cuentan con espacio suficiente. Encerrar a los perros no ha resultado en ninguna parte".

Costos

Otro de los puntos que juega en contra del canil en El Quisco es que según las cifras que han estudiado las agrupaciones animalistas que pertenecen a Coacsa -como Justicia Animal, Atra Las Cruces, Apra El Quisco, Miguitas de Ternura de Algarrobo, Newen de Isla Negra, Gotitas de Amor, entre muchas más-, el presupuesto anual con el que se espera mantener el recinto no es suficiente para la cantidad de animales.

Miriam Fernández argumentó que extraoficialmente se está hablando de un presupuesto anual de unos 140 millones de pesos, sin embargo revela que para los 80 perros que pretenden insertar en el canil, con los cuidados necesarios, servicios y todo lo que conlleva el sistema, se necesitarían cerca de 300 millones de pesos al año.

"Sólo para alimentar adecuadamente a los 80 perros al año necesitan mucho más de 100 millones de pesos", acotó.

Mordedores

Y si seguimos con los números, las agrupaciones animalistas tienen muy claro que los animales mordedores en su mayoría no son perros abandonados, sino que tienen dueño, puesto que según las cifras que ellos manejan, el 95% de las mordeduras de perros en Chile corresponden a perros con amo.

"Los perros abandonados se pasarían de tontos para salir a morder, ya que ellos dependen de la gente para comer. Son perros muy dóciles, que siguen a la gente y buscan comida de la gente", señaló Miriam Fernández, quien aseguró que a menos que sean agredidos por un humano, estos animales no tienen una conducta normal de agresión.

"Sacar perros abandonados de la vía pública no resuelve el problema, porque las mordeduras de perros provienen de animales con dueño y eso es algo que desconoce el juez en su fallo y está documentado en Chile", puntualizó.

La solución que postula Fernández, haciendo voz de los animalistas como una medida a nivel país, es que se implementen políticas de tenencia responsable a largo plazo. En esta línea según postulan, deberían hacerse esterilizaciones masivas de mascotas, pero con metas y planificaciones específicas.

"Se debe saber cuántos animales se deben esterilizar para posteriormente, al cabo de unos tres o cuatro años poder probar los resultados. Además debe haber un programa de educación, no solamente de penalización con multas", propuso.

San Antonio

Analizando la medida que se pondrá en marcha en El Quisco, Ernig Muñoz, jefa de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (Dimao) de la Municipalidad de San Antonio, indicó que su comuna no está preparada para acatar un fallo de esa magnitud debido a los altos costos que esto implicaría para las arcas municipales.

"Si hoy la Contraloría o cualquier ente nos indicara que tenemos que sacar a los perros de la calle no tendríamos la capacidad para atender a todos los animales que se encuentran en la vía pública", detalla Ernig Muñoz, argumentando que la población canina en esta comuna es muy alta y que sólo en uno de los barrios de Llolleo, por ejemplo, se podría doblar la cantidad de los animales del centro de El Quisco.

En San Antonio existe un canil que se mantiene por el municipio con una capacidad de 20 animales, pero no se practica la captura de perros, por lo que no se está utilizando.

Y es que en esta comuna, como en el resto de la provincia, desde hace varios años lo que se viene implementando para enfrentar este problema es un plan de tenencia responsable de mascotas y esterilizaciones masivas financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

"Si esto pasara en San Antonio, nos veríamos en la obligación de licitar el servicio donde se cumpla con todo lo necesario, personal capacitado, equipamiento, etcétera, pero estaríamos hablando de un presupuesto enorme con el que no contamos", aseguró Muñoz.