Rodrigo Ogalde Cofré

El Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso solicitó una serie de nuevos antecedentes a diversas entidades para evaluarlos y tomar una resolución respecto a la petición de remoción presentada, en 2018, en contra del alcalde de El Tabo, Emilio Jorquera Romero.

En esta causa, en que aparece como denunciante la concejala RN Gloria Carrasco, se acusa al jefe comunal de abandono de deberes, faltas a la probidad y de no resguardar el patrimonio municipal.

El caso está relacionado, esencialmente, con los cuestionamientos que se le han hecho al alcalde por su participación en la empresa Jorquemat, de la que es dueño en sociedad con su hermano y que se dedica a la comercialización de áridos.

En ese sentido, la parte acusadora, representada por los abogados Óscar Cáceres y Saida Cáceres, señala que no hubo fiscalización municipal "acuciosa" a las actividades desarrolladas por dicha compañía y que también esta se dedicaría a la extracción ilegal de áridos, lo que provocaría un impacto ambiental en la comuna.

En lo que sería la fase final del proceso contra Jorquera, el TER pidió un informe a la Contraloría Regional de Valparaíso "con el objeto que señale si durante el periodo 2014 a 2018, realizó fiscalizaciones o investigaciones sobre el o los puntos de extracción de áridos en la comuna de El Tabo (sectores Gotas de Leche, Fundo Santa Margarita y/u otros), remitiendo los informes respecto de cada una de ellas y señalando si había permisos de extracción o patentes municipales asociados a ellos".

También el ente contralor solicitó las conciliaciones bancarias de las cuentas municipales de El Tabo.

Además, se pide información al Servicio de Evaluación Ambiental y al Departamento de Rentas Municipales de El Tabo. A este último se le solicita que aclare si entre 2014 y 2018 "existen actos administrativos relativos a las patentes comerciales conferidas a la Sociedad Jorquemat Limitada".

De igual manera, la Contraloría requirió a la Fiscalía que entregue una copia de la carpeta investigativa de la causa del año 2018, que se tramita en el Juzgado de Garantía de San Antonio, a través de la cual Emilio Jorquera fue querellado por parte de la misma concejala Gloria Pizarro por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible e incremento patrimonial indebido. Este caso judicial está en etapa investigativa sin que hasta ahora haya implicado la formalización del alcalde.

A esto se suma que Jorquera deberá presentarse ante el TER para exhibir una serie de documentos relacionados con su participación en la Sociedad Comercial Jorquemat Limitada.

Plazos

Se estima que el TER evacúe una sentencia en un plazo de 30 a 60 días, lo que podría significar la remoción del alcalde o que se declaren inválidas las acusaciones y determine su inocencia.

"Espero que la verdad salga a la luz porque hay irregularidades y hubo abandono de deberes del alcalde", dijo Gloria Carrasco a Diario El Líder.

En un informe de la Contraloría, del año 2018, que investigó posibles irregularidades en la extracción de arena por parte de la empresa Establecimiento de Turismo Aquelarre Limitada, los fiscalizadores no detectaron actos anómalos en los permisos municipales dados a dicha firma y declinaron auditar las actividades ejecutadas por la Sociedad Jorquemat Limitada por cuanto es una entidad privada que no recibe aporte estatal ninguno.

Emilio Jorquera no pudo ser ubicado telefónicamente por nuestro diario, aunque trascendió que estaría de vacaciones. Así también en el municipio local no quisieron referirse al caso por tratarse de un tema estrictamente particular que implica al alcalde.

2018 fue el año en que se presentó la solicitud de remoción del alcalde por parte de la concejala Pizarro.