El fiscal jefe de San Antonio, Eduardo Fernández, aseguró ayer que la fiscalía local se encuentra en una situación crítica. ¿El motivo? La sobrecarga de causas que tiene cada uno de los siete fiscales que representan al Ministerio Público en la provincia de San Antonio.

Para dimensionar la problemática sólo basta analizar algunos números. Al inicio de la Reforma Procesal Penal, ingresaban a la fiscalía local unas 7 mil causas anuales, con lo que cada fiscal tenía un promedio de mil para tramitar. Hoy el ingreso anual de causas llega a las 18 mil, lo que implica que cada persecutor esté trabajando en casi 2.600 casos.

Esta altísima cifra redunda en situaciones que, en condiciones ideales, no debiesen existir. Por ejemplo, el fiscal que está de turno para atender los casos que ocurren en el día actualmente debe asistir a audiencias y participar en juicios programados con anterioridad. Eso implica que muchas veces, ante la existencia de un delito de connotación, no puedan asistir al sitio del suceso y deban encargar las diligencias por teléfono.

'Cualquier análisis resulta desesperanzador', confesó Eduardo Fernández, quien informó que a través de la Asociación de Fiscales y del propio fiscal nacional están solicitando un aumento de la dotación. Lo ideal, dice, sería contar con dos persecutores más para bajar la carga laboral de los siete que trabajan actualmente.

'No tenemos fiscales para cubrir todas las necesidades que tienen que ver con la persecución penal de los delitos, pero sí creemos que hemos estado a la altura con un sacrificio personal de los fiscales y funcionarios para brindar la mejor atención a nuestras víctimas y testigos', dijo Fernández, quien se mostró confiado en recibir apoyo de dotación en los próximos meses.

Eduardo Fernández formuló estas declaraciones tras participar en la Gobernación Provincial en la constitución de una Mesa de Seguridad Pública, instancia en la que participan autoridades gubernamentales junto a representantes de las policías y la fiscalía. El objetivo es elaborar estrategias para disminuir la ocurrencia de delitos en la zona.

En ese sentido, el propio fiscal Fernández señaló que el Ministerio Público está priorizando 'la persecución de una serie de delitos que a nivel provincial inciden en la sensación de inseguridad. Yo diría que fundamentalmente delitos violentos, en contra de la propiedad, lugares habitados, los de connotación sexual y violencia intrafamiliar, así como también los relacionados con el tráfico de droga'.

A juicio de Fernández, las estadísticas revelan que un alto porcentaje de los imputados que cometen delitos violentos lo hacen bajo la influencia de alguna droga o estupefaciente. De ahí la importancia de frenar el narcotráfico.

La gobernadora Graciela Salazar valoró la creación de esta mesa de seguridad señalando que la misión es fijar las acciones necesarias para disminuir los delitos y brindar una mayor sensación de seguridad a la ciudadanía.

El jefe de la PDI de San Antonio, subprefecto José Luis López, indicó que su institución está monitoreando permanentemente cada una de las comunas de la provincia para generar estrategias para atacar la realidad delincuencial de cada una de ellas. Además, anunció que en los próximos días lanzarán una campaña contra la explotación sexual infantil.

'Hay que decir que esto (la explotación sexual) es un delito, porque se está atentando contra menores', dijo el subprefecto López, quien señaló que la PDI no ha logrado pesquisar casos de comercio sexual infantil, pero 'sí hemos recibido comentarios de algunas organizaciones sociales que han puesto el tema en el tapete. Y por eso hemos decido lanzar esta campaña histórica'. J