Por primera vez ayer las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados entregaron una cuenta pública sobre la labor del Congreso, oportunidad que aprovecharon para realizar una serie de anuncios para enfrentar la crisis de credibilidad y confianza que afecta a la clase política en general y al Congreso en particular.
Patricio Walker (DC) y Marco Antonio Núñez (PPD) le solicitaron al Ejecutivo que en el proyecto de presupuesto para la nación del 2016, y que enviará en los próximos meses a trámite, establezca una cláusula que congele los aumentos de las dietas de los parlamentarios y de los más altos cargos públicos.
Actualmente, éstas ascienden a $8.454.379, lo que está 40 veces por encima del salario mínimo, 17 veces arriba del salario anual promedio y está en la parte alta dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de las Economías (OCDE). A ese monto se suman recursos para mantener oficinas, personal y apoyos.
Ante las críticas, diputados como Giorgio Jackson y Gabriel Boric patrocinaron un proyecto para bajarla a la mitad, lo que recientemente no tuvo el respaldo para ponerle urgencia.
Ayer, desde el Congreso el representante por Magallanes tuiteó que la petición de congelar la dieta era "insuficiente. Debemos reducirla sustantiva", y anunció que insistirá en ello. Su colega por Arica, Vlado Mirosevic, coincidió en que "hay que reducirla a la mitad".
Walker y Núñez persistieron en la necesidad de realizar acciones concretas para recuperar la fe pública. Con ese fin, propusieron la creación de la Dirección de Ética y Transparencia Parlamentaria, una instancia bicameral que integrarían congresales y especialistas externos, que tendrán por misión asesorar a las comisiones de Ética de la Cámara y el Senado, además de efectuar tareas específicas.
Walker dijo que, por ejemplo, el organismo tendría como labor cruzar los antecedentes de las declaraciones de intereses de los parlamentarios con los proyectos de ley que deben analizar, con el fin de advertir posibles conflictos.
Ambos llamaron a sus pares a hacer un buen uso de las asignaciones y estar a la altura de las exigencias de probidad y transparencia que demanda la ciudadanía.
"Es la hora de actuar, de aprovechar esta crisis de confianza como una oportunidad para enmendar aquello que tengamos que corregir", comentó el DC.J
El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, comentó que indaga el pago de "doble viático" a 82 diputados y 32 senadores, quienes recibieron asignaciones por representación en actividades en el extranjero, pero que también aceptaron las establecidas por su trabajo en el país. El presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, dijo que 30 diputados ya devolvieron el dinero y analizarán otorgar facilidades para que el resto lo reingrese.
