Una serie de irregularidades detectó la Contraloría Regional de Valparaíso en la entrega de subvenciones a San Antonio Unido durante los años 2013 y 2014.

El concejal Jorge Jorquera solicitó a la Contraloría, el 7 de junio del año pasado, una investigación para que se pronunciara "en lo que a mi parecer son faltas administrativas por parte del alcalde, siendo este responsable de la información con la cual los concejales votan cada una de sus propuestas. En lo particular la mala información llevó a votar a favor una subvención mal otorgada".

Las dudas de Jorquera apuntaban a que el SAU tiene personalidad jurídica como un club deportivo y social, pero también como una sociedad anónima, bajo el nombre de Lilas SA.

El pasado 20 de julio la Unidad de Control Externo de la Contraloría emitió un informe de investigación especial y determinó que la entrega de recursos no se ajusta a derecho. Por ello ordenó la realización de un sumario interno para determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales.

En total se cuestiona la entrega de 70 millones de pesos en tres subvenciones. Si se establecen responsabilidades, en el peor de los casos, el dinero deberá ser devuelto por los funcionarios que firmaron la documentación. No obstante, primero se debe efectuar el sumario, que se debe iniciar en 15 días desde la recepción del informe, y se debe cursar en 5 días, según lo estipula el artículo 124 del estatuto administrativo.

El informe

En un texto de 14 páginas el informe de investigación especial concluyó que "la municipalidad de San Antonio otorgó subvenciones en los años 2013 y 2014 al club social y deportivo San Antonio Unido para financiar gastos por conceptos de viáticos, alimentación, alojamiento, traslado, implementación deportiva, organización de partidos e inscripción en la Segunda División del Fútbol Profesional, entre otros, no advirtiéndose que dichas actividades constituyan acciones de colaboración con las funciones municipales ni que los aportes requeridos al municipio se vinculen a actividades relacionadas (...) como lo exige la normativa vigente".

Según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (artículo 5), el "alcalde se encuentra facultado con acuerdo del concejo, para otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de derecho público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente con el cumplimiento de las funciones municipales".

Bajo esta normativa, la Contraloría determinó que tales otorgamientos no se ajustaron a derecho, por lo que esa entidad edilicia deberá adoptar las medidas tendientes a regularizar la situación e iniciar un procedimiento disciplinario a fin de determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos".

El órgano contralor dio un plazo de 15 días para iniciar este sumario; sin embargo se procederá a formular el reparo pertinente por la suma de 70 millones de pesos.

Este monto corresponde a tres subvenciones solicitadas por el SAU. Una es por 35 millones, que se pidió en febrero de 2013 y se puso en tabla del concejo el 20 de marzo de ese año con el objeto de solventar los gastos operativos del club. Otros 15 millones se entregaron en marzo de 2014 para financiar gastos relativos al traslado, alimentación y al equipo técnico en todos sus niveles.

El otro monto en cuestión, que corresponde a 20 millones de pesos (diciembre 2014), se refiere al contrato por parte de la municipalidad de servicios de publicidad vía trato directo. "Dicho reembolso no se ajusta a los presupuestos previstos en la normativa que rige la materia, que autoricen su procedencia, y además para esa contratación no fue emitido correspondiente acto administrativo, lo cual vulnera el artículo 3 de la Ley 19.880". Sobre este monto, al igual que los otros 50 millones, la Contraloría ordena el reparo, es decir la reposición de los recursos a las arcas municipales.

Este acto es independiente al sumario interno que se debe ejecutar al interior de la corporación edilicia.

Lo advirtió

El concejal Jorge Jorquera, quien pidió la investigación a la Contraloría Regional, recordó que su solicitud y cuestionamientos respondieron a situaciones similares que se registraron en otros municipios.

"Lo pedí (el informe) y expuse en el concejo que no correspondía la entrega de dinero a una organización con fines de lucro, que debíamos regularizar esta situación. Quiero harto al SAU, fui presiente, yo le puedo aportar con mi dinero, pero no con el dinero de toda la gente. La ley no me faculta para entregarlo", justificó el edil de la Democracia Cristiana.

El asistente social agregó que "se los advertí, que no corresponde. Ojalá que me equivoque, pero pedí el informe para que alguien me aclare la situación que no podemos hacerlo y la Contraloría dice que no se debe. La ley no faculta entregar plata municipal a una entidad con fines de lucro. Algunos colegas dicen pero no estoy para eso".

El concejal cree que en este caso, una vez que se definan las responsabilidades, el "hilo se cortará por lo más delgado. El sumario se hace a quienes autorizaron, que son control, jurídico y finanzas. A él (al alcalde) no le cae, porque es a los funcionarios", explicó.

El alcalde Omar Vera insistió en la legalidad de los aportes a San Antonio Unido, pero sí reconoció algunos errores administrativos en la rendición de cuentas por parte de la dirigencia del SAU, temas que, a su juicio, se podían subsanar para evitar la reparación o entrega de los 70 millones de pesos.

"Si se lee el informe en algunos párrafos se desprende que la municipalidad está facultada para entregar subvenciones a entidades con personalidad jurídica sin fines de lucro, como lo es el club deportivo y social San Antonio Unido. El tema es que no se acredita efectivamente que estos recursos se utilizaron en la finalidad que la ley orgánica establece respecto a la gestión municipal en la comunidad", precisó.

De acuerdo al edil "los aportes que se hacen al club deportivo y social son para fomentar el deporte en los niños y jóvenes. Cuando hablamos del Fútbol Joven son deportistas que no forman parte del fútbol profesional, sino que aspiran mañana a ser parte del fútbol profesional".

-El tema es la forma, porque las rendiciones de cuenta del club deportivo no fueron ajustadas a la finalidad de la subvención entregada. Ese es un tema que es observado por la Contraloría. En términos generales debemos ser respetuosos de los dictámenes de la Contraloría. Nos pidieron generar una investigación sumaria para delimitar responsabilidades administrativas, obviamente eso se hará y sin perjuicio de ello, la Contraloría iniciará un proceso de reparo a esas subvenciones Son procedimientos de ellos.

-No lo sabemos, tenemos que hacer la investigación sumaria primero y luego la Contraloría determinará si se debe o no hacer devolución de esos fondos. Es un tema al que no me quiero adelantar ni emitir juicios específicos. Tenemos que hacer paso a paso lo que establece este informe de la Contraloría.

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-Claro, pero estamos tranquilos, porque los fondos municipales aportados al club deportivo y social San Antonio Unido fueron bien aportados. Quizás existen errores o fallas en el uso y respaldo de esos documentos, que esperamos que se aclaren o subsanen de tal manera para seguir operando. Si vamos al análisis del informe de Contraloría en una parte dice que fueron bien entregados y en otra parte que no, que existen errores. Eso es lo que debemos clarificar.

-Esperamos no llegar a este extremo. La ley establece que la municipalidad está facultada para entregar aportes a entidades con personalidad jurídica vigente sin fines de lucro. El club deportivo y social San Antonio Unido lo es y eso está acreditado en el informe de Contraloría. El otorgamiento de fondos está bien. Lo que debemos ver es cómo ordenamos el uso y rendición de cuentas. J

Al interior de la directiva de San Antonio Unido hasta ayer desconocían los alcances del informe de la Contraloría Regional que obliga a la devolución de los 70 millones de pesos entregados al club en subvenciones entre 2013 y 2014.

El presidente de la tienda lila, Miguel Díaz, explicó que el tema será estudiado con el abogado del club (José Flores) para tomar medidas.

Consultado respecto al "reparo pertinente" que ordena el órgano contralor, Díaz aseguró que "somos responsables solidarios", en relación a los resultados que emitirá el proceso disciplinario ordenado por el mismo organismo para fijar los errores administrativos.

Deportes La Pintana es controlado por 23 personas que formaron Santiago Sur SADP (Sociedad Anónima Deportiva Profesional), la que en 2014 tomó la administración del club de fútbol municipal que cinco años antes había creado el alcalde de La Pintana, Jaime Pavez (PPD). El objeto de la sociedad es el lucro: las eventuales utilidades se repartirán entre sus integrantes. No obstante, uno de los financistas del equipo es la propia municipalidad, que invirtió recursos públicos en su organización y le permitió acceder a donaciones deportivas destinadas al deporte no profesional. El organismo fiscalizador comprobó irregularidades en el manejo del dinero municipal que terminó financiando un negocio privado, solicitó la restitución de una parte de esos recursos e inició una investigación para establecer responsabilidades administrativas.

Quince días tiene la municipalidad para iniciar el sumario interno y en 5 días debe culminar la investigación.