Reparo pertinente Concejal aclara que subvención para el SAU se debe devolver
El informe de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Valparaíso, el cual determinó que las subvenciones y contratos publicitarios que la Municipalidad de San Antonio entregó a San Antonio Unido no se ajustan a derecho, tendrá serias consecuencias al interior de la corporación edilicia.
El órgano contralor ordenó dos procedimientos que se deben ejecutar a la brevedad. El primero es el "reparo pertinente" de las cifras en dinero entregadas al club. Lo otro es un proceso disciplinario, el cual buscará determinar responsabilidades entre los funcionarios municipales.
En sus conclusiones, el informe de la Contraloría Regional estable el reparo de dos subvenciones por 35 y 15 millones, además de 20 millones por un contrato publicitario vía trato directo.
De acuerdo a la Contraloría no se trata de "observaciones" en las rendiciones de cuentas, procedimiento previo y administrativo en estos casos, sino que de un "reparo" (rechazo de la cuenta, no subsanables en cuanto a su legalidad).
Bajo este panorama, el concejal Jorge Jorquera, reiteró que se deben devolver los 70 millones entregados entre 2013 y 2014 y luego iniciar un sumario interno que terminaría con sanciones pecuniarias entre los funcionarios.
-Eso lo tiene que hacer el municipio, que tiene que ver de dónde va a sacar la plata, quien la devuelve, si los funcionarios, ahora el SAU no tiene nada que ver con esto.
-Exacto, pero por la gente del municipio, por los responsables que firmaron los documentos y entregaron el dinero. Eso es materia de la investigación interna.
A través de un mail, el concejal Maximiliano Miranda, quien asegura que "yo he sido el primer denunciante sobre esta materia y otras que están en proceso de investigación", aportó que "en sus sanciones disciplinarias y definiciones dictadas y sentenciadas por Contraloría, en las que se determinan entre otras, - que se deben devolver los $ 70.000.000 de pesos a las arcas municipales recurriendo inclusive a un Juicio de Cuentas de acuerdo a la ley citada en el cuerpo de este Informe de Investigación Especial ya singularizado precedentemente".
El tema no fue abordado en el último concejo, a pesar de la solicitud de Jorquera de agregarlo a la tabla. "Omar Vera debe juntarse con su equipo y determinar quiénes son los responsables del tema. Tienen que declarar todos, el abogado, la gente de control, finanzas", precisó el edil.
-No, porque se le entregaron subvenciones a una organización con fines de lucro, del fútbol profesional.
-Así es, fueron todos entregados, eso es lo que se debe reparar y se hace de forma interna. Aquí responden los funcionarios. Los juicios de cuenta se hacen de forma interna en el municipio, fuera de que el alcalde tendrá que aplicar sanciones a los funcionarios, que deberían ser pecuniarias, aunque él les haya pedido que firmaran la documentación.
-Control sobre todo, porque cuando llega un cheque y detecta errores, debe especificar porque no corresponde. Si no lo objetó será objeto de una investigación sumaria y debe asumir las responsabilidades correspondientes.
-Ellos deben conocer todos los aspectos legales. Por eso los 60 millones que pidió el SAU después no se han entregado, por esta reclamación que hice. Nadie quiso firmar los cheques, ni la jefa de finanzas. Es u dinero que pidieron a fines del año pasado para este año y no se les va a entregar porque no corresponde. J
En la directiva de San Antonio Unido aún no emiten una postura oficial, pues el presidente de la institución, Miguel Díaz, aseguró que "vamos analizar primero el informe de la Contraloría para fundamentar mejor nuestra postura. Esperamos conocer en forma total el informe, por el minuto lo estamos estudiando".
La dirigencia espera concretar un encuentro con el alcalde para informarse del tema y buscar soluciones, sin embargo, Díaz contó que no han recibido, hasta el momento, ninguna invitación.
La municipalidad debe instruir un sumario interno para determinar responsabilidades de sus funcionarios.
Las sanciones para los involucrados pueden ser pecuniarias, con la retención de un porcentaje del sueldo.