lLa ex gobernadora provincial de San Antonio, Graciela Salazar, se refirió ayer a la sentencia del Segundo Juzgado de Letras que rechazó la demanda en su contra presentada por Gabriel Peña.

"Siempre actué como correspondía en mi cargo de gobernadora, poniendo en conocimiento la situación que fue denunciada por un dirigente respecto a Gabriel Peña; eso fue lo correcto y era mi deber hacerlo en ese momento", dijo ayer en entrevista con Diario El Líder.

Salazar recalcó que "con esta sentencia se demostró que nunca existieron maltratos, no tuvieron cómo probarlos y nunca existió toda esa situación que se fue tejiendo con este grupo de personas encabezados, principalmente, por Gabriel Peña".

Así también, la ex gobernadora aseveró que lamenta, por el funcionario, que la justicia no haya ratificado sus acusaciones, ya que "él tenía pretensiones, incluso, de carácter económico con respecto a su denuncia".

"Creo que se hizo justicia y es lo que se debe hacer cuando uno toma conocimiento de una situación que pudiera revestir la característica de un delito", insistió sobre el supuesto caso de cohecho que desencadenó el sumario contra Peña.

Sobre su remoción del cargo, Graciela Salazar admitió que fue blanco de una acción enfocada a desestabilizar su gestión. "Creo que esta situación se planteó a raíz del interés que se tenía por la Gobernación y que pudiera ingresar otra corriente política o intereses personalísimos que habían en ese momento". En esa línea declaró que para removerla se echó a andar "un proceso que se dilató durante varios meses" y que, según ella, implicó el uso de encuestas sobre su desempeño "que no se condecían con la realidad".

"La comunidad y los vecinos tienen clara la situación que se produjo en la Gobernación Provincial. Hubo un grupo de funcionarios que querían sentar ahí (en la Gobernación) a una persona que pudiera satisfacer sus intereses personales", concluyó al reconocer que le dolió el despido del que fue su círculo de funcionarios más cercano bajo su mandato. J

El titular del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, Juan Tudela Jiménez, rechazó la demanda de tutela de derecho vulnerados que en junio pasado interpuso el encargado de Cultura de la Gobernación Provincial de San Antonio, Gabriel Peña, en contra del Fisco representado en su momento por la ex gobernadora provincial Graciela Salazar.

El juicio comenzó a raíz de la denuncia que hizo Peña respecto a la "filtración" y posterior difusión pública, de un documento que establecía el inicio de un sumario en su contra por el supuesto de delito de cohecho. El funcionario explicó que esta acción vulneró sus derechos, además de ser "una grave negligencia" y "un atentado a su intimidad". Además, al ser suspendido de sus funciones se le habría coartado su libertad de trabajo.

Estos hechos ocurrieron luego que Peña y otros funcionarios de la Gobernación denunciaran públicamente supuestos malos tratos de parte de Salazar, quien, antes de que la Presidenta Michelle Bachelet le pidiera la renuncia, debió asistir al juicio que la enfrentó a Peña.

La sentencia establece que "la denuncia no indica con precisión los hechos, las conductas y el accionar que se imputa, pero además la prueba del que denuncia tampoco es precisa, ya que los testigos de dicha parte no son específicos en tal sentido, al no describir las conductas, ni cuándo, ni cómo se desplegaron y además el sumario sí debía ser instruido, por la gravedad de la denuncia efectuada por un tercero y no presenta irregularidad alguna, quedando también establecida con la prueba contraria una buena relación entre Peña y la ex autoridad". J

Consultado por el fallo judicial que favorece a la ex gobernadora, Gabriel Peña dijo que su caso se "arregló" administrativamente con su reincorporación a la Gobernación Provincial. Además, dijo que la Contraloría emitió una orden de iniciar una investigación para aclarar cómo fue filtrado su sumario.