Comisión votaba por juicio a Rousseff
La comisión parlamentaria intentaba ayer decidir si recomendará a la Cámara de Diputados que proceda con un juicio político contra la Mandataria, Dilma Rousseff.
La comisión parlamentaria intentaba ayer decidir si recomendará a la Cámara de Diputados que proceda con un juicio político contra la Mandataria, Dilma Rousseff.
Keiko Fujimori fue la candidata más votada en los comicios de Perú con un 39,48 % de los votos válidos, seguida del exministro Pedro Pablo Kucyznski, con el 21,38 %, tras escrutar el 89,67 % de las actas electorales. Así lo informó ayer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El último reporte de la ONPE confirmó que será necesaria una segunda vuelta, prevista para el domingo 5 de junio, entre Fujimori y Kucyznski, ya que ninguno de los dos logró la mitad más uno de los votos para ser electo presidente en la primera vuelta.
La congresista Verónika Mendoza, candidata del izquierdista Frente Amplio, obtuvo el 18,64 % de los votos y redujo la diferencia con Kuczynski a menos de 3 puntos porcentuales.
El cuarto lugar lo ocupa Alfredo Barnechea, candidato del centrista Acción Popular, con el 7,04 % de los sufragios, seguido del expresidente Alan García, con el 5,90 % de los votos escrutados. Hasta ayer se procesaron 69.318 actas, de un total de 77.307.
La fiscalía metropolitana oriente le solicitó a la Interpol que indague el paradero de Alberto Chang, fundador del Grupo Arcano que dejó sorpresivamente el país el mes pasado bajo las sospechas de montar una estafa piramidal, que afectaría a unos 800 clientes por un monto que ascendería a los US$100 millones. "Estamos extremando los esfuerzos para lograr ubicarlo", afirmó el fiscal Carlos Gajardo. "Aparentemente está en Malta, pero no lo tenemos confirmado", añadió. Chang supuestamente envió la semana pasada un correo a los inversionistas contándoles que estaba en ese país europeo, aunque el fin de semana dijo en una entrevista que su e-mail fue hackeado, que no se fugó y que "a todo el mundo se le va a pagar". En ella también afirmó que se había contactado con el Ministerio Público, lo que ayer negó otro de los investigadores, Manuel Guerra. Ayer declararon en fiscalía dos ex ejecutivos del grupo, Nicole Sumastre y David Senerman.
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, llegó al poder tras lograr un 63,9% de las preferencias en diciembre de 2015. Cuatro meses después, y con el anuncio de varias y particulares reformas, el Mandatario sufrió una baja de diez puntos en su popularidad, alcanzando un 53,5% en marzo pasado. Así lo afirmó un estudio publicado ayer por Grupo de Opinión Pública en el que se detalló que la mayoría reclama que baje la inflación.
Antes de abril del 2017 todos los partidos políticos, existentes y nuevos, deberán inscribir a todos sus militantes y de esta forma renovar sus filas. Además, deberá contar con no menos del 40% de un género, con el fin de garantizar la participación femenina en un sector donde los hombres abundan.
Eso es, entre otros aspectos, es lo que determina la nueva ley promulgada ayer por la Presidenta Michelle Bachelet sobre partidos y financiamiento de campañas políticas. En la instancia, la Mandataria dijo que este es un gran paso, pues "estamos haciendo lo necesario para que la democracia sea un espacio de juego limpio, no queremos para Chile una política que se hace o a espaldas de la gente o que pueda verse contaminada con el dinero".
Tras los últimos hechos de corrupción y la lista de políticos imputados por éste y otros delitos, uno de los puntos clave de la ley es la nueva forma de financiar los partidos y campañas políticas.
Según la normativa, el Estado le entregará a los candidatos 0,02 UF ($516) por voto en la última elección. Antes era la mitad.
Además, por concepto de reembolso, es decir, la devolución de los gastos electorales también aumenta de 0,03 a 0,04 UF (casi mil pesos). Salvo en las municipales, el gasto permitido para cada elección se baja en un 50%.
Se prohibe tajantemente el aporte de empresas o personas jurídicas a la política. Sí se acepta, pero se baja el máximo posible de aportes, de personas naturales. En una misma elección, un individuo no puede entregar más del 10% del límite del gasto electoral fijado.
Para las municipales (alcaldes y concejales) no puede dar más de 1.000 UF ($25 millones). Para las presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales ese monto sube a 2.000 UF ($50 millones).
Para reemplazar los aportes anónimos se permite los llamados "menores sin publicidad", es decir, dineros donde la identidad del emisor se mantiene en privado, con topes de 10 UF para concejales, 15 UF para alcaldes y Core, 20 UF para parlamentarios y 40 UF para presidentes.
Además se permite que el periodo de precampaña presidencial crezca y se fija entre los 90 y 200 días anteriores.
Uno de los organismos que toma relevancia es el Servicio Electoral (Servel), que será el único responsable de autorizar dónde se podrán instalar carteles de campaña electoral. Además, el tamaño de éstos no podrá sobrepasar los seis metros cuadrados y los candidatos o jefes de campañas tienen la obligación de denunciar cualquier falta de los brigadistas.
Para crear un partido, el grupo debe presentar firmas del 0,25% de los electores de la última elección de diputados, en al menos tres regiones contiguas u ocho a nivel nacional.
Cientos de personas llegaron ayer a la sede del Congreso estadounidense para manifestarse contra el papel del dinero en la política, lo que dio pie a numerosas detenciones por parte de la fuerza policial. La manifestación pacífica fue parte de una serie de movilizaciones en Washington esta semana convocadas por una coalición de grupos llamada "Primavera de la Democracia", que piden que las elecciones sean una persona, un voto y sacar el dinero de la política.
La Fiscalía General de Venezuela ordenó ayer la congelación de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar los bienes de los venezolanos implicados en las filtraciones de informaciones financieras de una empresa con sede en Panamá. La fiscal general Luisa Ortega Díaz indicó que tras la apertura de una investigación sobre el caso de las filtraciones de informaciones financieras en las que estarían implicados presuntamente algunos venezolanos.