Rodrigo Ogalde Cofré

El reloj marca las 9 de la mañana de un jueves cualquiera. En el acceso del cementerio Parroquial de San Antonio se aprecia un grupo de cinco personas, entre hombres y mujeres. Junto a ellos, hay también tres funcionarios no uniformados de Gendarmería. Aunque ya no es tan temprano, el sol se deja sentir con calor sobre el camposanto.

La cita matinal en el cementerio es parte del trabajo que realiza el Centro de Reinserción Social (CRS) San Antonio, dependiente de Gendarmería, cuyo jefe local, Víctor González, cuenta que en dicho lugar las personas que hayan cometido delitos no violentos y con menos de 300 días de sentencia o que tengan que pagar una multa, ejecutan trabajos en beneficio de la comunidad como una pena sustitutiva a la reclusión en un penal.

"De acuerdo a la Ley 18.216, hay un catálogo de penas sustitutivas que los jueces pueden aplicar a las personas que son condenadas y que cumplen ciertos requisitos", explica González, quien agrega que esta opción se aplica generalmente para delitos como hurtos, robos, conducción en estado de ebriedad o conducción sin la debida licencia.

Esta alternativa surgió después de que en el año 2010, en el incendio de la cárcel de San Miguel, uno de los internos que murió calcinado cumplía reclusión por vender CDs pirata en la calle. Un castigo fatal para una acción que no lo merecía.

Para realizar los trabajos comunitarios, Gendarmería firma convenios con entidades sin fines de lucro como la Parroquia de San Antonio y los municipios locales. Son trabajos no remunerados y, en el caso de las multas, una UTM equivale a 24 horas de trabajo, mientras que en las condenas, por 30 días de pena, a los infractores se les exigen 40 horas de trabajo.

El sistema está bajo la supervisión de personal del CRS San Antonio que, en concomitancia con las instituciones beneficiadas, vela porque se cumplan los horarios y se haga bien la pega.

En San Antonio actualmente hay 51 personas que están pagando sus penas de esta forma, de las cuales 43 son hombres y 8, mujeres.

Como en todo trabajo, estas personas deben acogerse a los horarios y tipos de jornadas, por lo que una sucesiva inasistencia debe ser comunicada al tribunal correspondiente, que puede revocar la medida y mandar a la cárcel a quien no haya entendido estas normas.

Primer día

Sergio Carvallo (25) es uno de los sanantoninos que pagarán con trabajo comunitario la pena que le dio la justicia por conducir sin la licencia debida. Es su primer día y ya se hizo la idea de realizar las faenas, pues prefiere esto a dormir en una cárcel. "Tengo que cumplir 81 horas de trabajo, acá no estoy por robo ni por otra cosa, es por manejar colectivo con licencia B", afirma.

Para este joven, el sistema sustitutivo significa un avance para la justicia chilena. "Es una buena iniciativa", manifiesta.

Un sueño

Marión Martínez (54) es de El Tabo, aunque admite que pasa gran parte de sus días en San Antonio junto a su pareja. "Soy lesbiana desde chica y mi señora se llama María Miranda, con ella llevamos 13 años juntas", explica al confesar que está enamorada.

"Tengo que cumplir 82 horas de trabajo comunitario por mecha (robo en tiendas); es mejor hacer obras comunitarias que estar adentro detenida", detalla.

Y pese a que está en este sistema de reinserción de Gendarmería, Marión reconoce que igualmente a veces sale a hurtar en las tiendas. "Es que toda mi vida he andado en lo mismo", argumenta. Pero dice que quiere cambiar el rumbo de su existencia.

"Ahora tengo la oportunidad para trabajar en la temporada en un local de comida rápida y ojalá que me resulte, yo quiero hacerlo bien para quedar. Realmente quiero dejar esto (los hurtos) porque estoy aburrida y no estoy en edad de estar detenida, más encima soy hipertensa. Nunca es tarde para cambiar y aunque no me arrepiento de lo que he hecho, sí quiero cambiar", afirma ella mientras se pone el gorro de legionario para ir a limpiar tumbas en el cementerio.

Marión tiene un sueño. "Lo que tengo pensado es que si quedo en esa pega y me pagan bien, es comprar mi casa y para eso voy a juntar plata en el banco, para tener mis cosas propias", admite.

Gracias a dios

Fabián Santis tiene 33 años y deberá cumplir con 165 horas de trabajos comunitarios, por lo que estará hasta febrero de 2017 en las faenas del cementerio.

"Gracias a Dios nos dieron la oportunidad de pagar las condenas de esta forma", afirma.

Fabián se lamenta porque justo el día en que esta semana le tocó ir a los trabajos comunitarios, él debía presentarse en una pega a la que está postulando. Pero se conforma con saber que esto pronto terminará y será libre para hacer lo que quiera. Recalca que cualquier sistema es mejor que estar en una celda. Anhela reinsertarse laboralmente en la sociedad porque tiene dos hijos a los que ama. "Aquí estamos, queriendo terminar esto luego para estar bien y salir adelante", expresa.

Para Fabián, el apoyo de la supervisora del CRS de Gendarmería, Katherine Vergara, ha sido esencial en esta etapa. "Ella es muy buena persona, nos ha ayudado harto y se la juega por nosotros", sostiene.

Nunca más

Patricia Pérez es una mujer de 58 años, tiene 3 hijos y 8 nietos que la quieren mucho. Es oriunda de Lampa, donde fue detenida por vender marihuana. Ahora vive en Cartagena con su pareja.

Para pagar la pena por el delito de microtráfico de droga, ella deberá hacer 240 horas de trabajos comunitarios. "Ya llevo 170 y tantas horas", resalta.

Asegura que se vino de Lampa a Cartagena porque no quiere caer nuevamente en la venta de droga. Ese mundo le parece terrible y su vida ya está lejos de ese ambiente.

Recuerda que hasta hace siete años trabajaba como maquinista en talleres de confección de vestuario en Patronato, en Santiago. Fue en esa época en que "una amiga" la invitó a vender droga. "Vi que la cosa era fácil y que me estaba matando tanto en la pega, así que decidí meterme en eso, de lo cual me arrepiento mucho porque caí feo. Yo vendía dos o tres bolsitas (de droga) y más que nada era para mantener la casa, ayudar a criar a mis nietos, no fueron lujos los que yo me di", asevera.

Antes de llegar a Cartagena, Patricia estuvo 15 meses en una celda de la cárcel de San Miguel. "La viví bien fea, así que volver a eso no es para mí. Yo nunca había estado en la cárcel y adentro hay que lucharla, se pasa hambre y hay que pelear, por todo eso no quiero volver a lo mismo", señala.

En Cartagena, Patricia encontró paz y en San Antonio un nuevo horizonte laboral. "Trabajo en un taller de costura en el Mercado de San Antonio; la señora me quiere harto porque soy rápida. En Cartagena vivo con mi pareja que trabaja en la construcción, él nunca me ha dejado sola", enfatiza.

Luis Rodríguez, administrador del cementerio Parroquial de San Antonio, calificó como positiva la labor del grupo de hombres y mujeres que llegaron a saldar sus deudas con la justicia. "Ellos nos apoyan en las tareas de mantener y limpiar. Nos ayudan harto. Creo que hacen un buen trabajo, son personas muy respetuosas y siempre están acompañados por la supervisora", destaca.

A Patricia y Marión se les puede ver conversando entre los pasillos del cementerio Parroquial. Con sus palas, escobas y rastrillos más que limpiar sepulturas y remozados mármoles, parecen ir sacando de sus vidas lo que alguna vez ensució aquella ruta a la felicidad que todos buscamos con ansias. Y así como la vida da y quita, también nos enseña que nunca es tarde para arrepentirse, siempre se puede enmendar el rumbo, siempre hay tiempo para volver a amarse.