C. Infanta y L. Riquelme

La dirección metropolitana del Servicio Nacional de Menores (Sename) anunció ayer el cierre del hogar Alihuén, que administra la fundación Coanil, en la comuna de Buin, de la Región Metropolitana.

La decisión fue adoptada luego de que el fin de semana se revelara un video en que un joven de 17 años aparecía amarrado a una camilla en el suelo del hogar, donde habría sido puesto por funcionarios del centro, para "contenerlo". Esta situación habría afectado también a otros adolescentes.

Tras la difusión del video, la entidad afirmó que esto se realizaba para calmar a los muchachos con discapacidades cognitivas.

"Esto no es una contención, es una tortura (...). Ni siquiera merecen el nombre de contención (...). No hay ningún protocolo médico que valide esto como contención", dijo ayer la jefa regional del Sename, María José Montero.

El hecho es investigado por el fiscal jefe de San Bernardo, Gamal Massú, quien ordenó diligencias a la Brigada de derechos Humanos de la PDI.

Los involucrados en el hecho serían cinco funcionarios del centro, quienes ya fueron desvinculados. Uno de ellos es el director, Gonzalo Recabarren.

Coanil respondió que las imágenes exhibidas "carecen de contexto" y defendió el procedimiento.

"No hay ninguna vulneración", aseguró el abogado que los representa, Miguel Chávez.

El Instituto Nacional de DD.HH. se querelló contra los responsables y no descartó la existencia de más afectados. "El Estado tiene que ofrecerle medidas de protección (a los jóvenes) y no lo que hemos visto (...). No porque algo esté protocolizado puede estar por sobre los derechos humanos", afirmó su director, Branislav Marelic.

El Sename informó que el cierre se concretará en un mes y, para ello, seis menores serán reubicados en centros del servicio y 10 adultos se destinarán a otros recintos de Coanil.

El jueves 4 de mayo, cuando el ingeniero comercial Rafael Garay declaró por más de cuatro horas en fiscalía, también realizó un depósito por $500 mil para "reparar el mal causado". Según publicó el sitio web de radio Bío-Bío, el interés de Garay es que el monto sea entregado a Víctor Mellado, uno de los afectados por la millonaria estafa que alcanza los $1.800 millones. El abogado de Garay, Reyniero García de la Pastora, afirmó que esto se debe a que él estaría en peores condiciones que los demás afectados. Según dijo el abogado querellante y ex fiscal nacional Sabas Chahuán a radio Duna, lo cancelado "no aporta en nada" y el imputado no ha colaborado con la causa, sólo se "está haciendo la víctima", recalcó.

El pago de una multa de un millón y medio de pesos, la inhabilidad para tener mascotas e incluso una pena de cárcel, podrían haber sufrido los agresores de Cholito, si la ley que hoy lleva informalmente su nombre, hubiera estado vigente.

Sin embargo, Joceline Cataldo y Franco Núñez quedaron ayer en libertad, luego de que el Tercer Juzgado de Garantía los formalizara en calidad de autores del ataque al perro el 6 de enero, en una galería de Patronato, en Santiago. Los imputados permanecerán libres los 60 días que dure la investigación, según estableció el tribunal. Esto, pese a que la Fiscalía Centro Norte solicitó firma mensual y arraigo nacional para ellos. Actualmente, las penas por maltrato animal van desde los 61 días a los tres años de presidio.

En el caso de los imputados, el tribunal consideró que ambos han colaborado con la investigación. Además, no poseen antecedentes previos.

Según los datos entregados en la formalización, Cataldo y Flores recibieron $70 mil de la administradora de la galería, Rosa Jadue, para deshacerse de dos perros: Cholito y Rocky. El miércoles 4 de enero, llegaron a las 22.00 al lugar, tomaron a Rocky y lo dejaron en un sitio eriazo de otra comuna. Al día siguiente, intentaron hacer lo mismo Cholito, pero no se dejó.

Al recibir la segunda cuota del pago, la pareja y una tercera persona no identificada tapó a Cholito con una frazada y lo mataron a golpes. Luego, el perro fue arrastrado hasta el vehículo de Núñez, siendo arrojado con la frazada en un sitio eriazo. Jadue también está imputada en el caso, pero ayer no fue formalizada, pues no alcanzó a ser notificada por el tribunal.