Rodrigo Ogalde
El pasado jueves 7 de marzo se llevó a cabo la audiencia en la que la jueza del Tribunal de Garantía de San Antonio, Leticia Morales, acogió la solicitud del Ministerio Público de no perseverar en la investigación del caso que implicaba a los dueños de la empresa Tecnorec, que reciclaba baterías en Agua Buena y que fue clausurada en 2015 por la contaminación con plomo que afectó a algunos de sus trabajadores y también a niños de dicho sector.
Así, el tribunal sanantonino se pronunció sobre la petición que hizo el fiscal Rolando Ramos a nombre del Ministerio Público, que argumentó que no se lograron reunir los antecedentes que permitieran imputar delitos a uno de los representantes de la desaparecida compañía. Esto, porque existía una querella interpuesta por un grupo de familias de Agua Buena, en 2016, que sindicaba a Ramón Bulnes como supuesto autor de cuasidelito de lesiones graves y otros delitos medioambientales.
La causa, en la que nunca se formalizó a nadie, quedó, de esa manera, cerrada para el Ministerio Público.
En la audiencia, el abogado del estudio AES, Matías Robertson, alegó ante la magistrada Morales por la decisión de la fiscalía y lamentó que después de tres años se haya llevado adelante una investigación sin formalizar a sujeto alguno. Sin embargo, la misma jueza aclaró que el tribunal no puede obligar al Ministerio Público a imputar cargos a ninguna persona.
Acciones
El abogado Matías Robertson explicó que "la querella que presentamos en 2016, lamentablemente, ha sido tramitada por tres fiscales jefe de San Antonio, los cuales de oficio no hicieron ninguna gestión; todas las gestiones en la etapa investigativa, en una causa desformalizada, se hicieron a requerimiento de nuestra parte".
Robertson agregó que se le había solicitado a la fiscalía local que ordenara a la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bridema) "realizar análisis periciales respecto de la contaminación de plomo que existe en ese lugar. Estos demoraron en llegar, pero las conclusiones de ese informe son abrumadoras, ya que dan cuenta de la presencia de residuos de plomo a tal punto que todo el sector de Agua Buena está consumiendo agua que aún tiene rastros de plomo, la contaminación llegó hasta el nivel de las napas subterráneas".
El abogado recalcó que en la querella se acusa a algunos organismos del Estado "que tenían la obligación de fiscalizar" pero que, a su juicio, permitían que Tecnorec siguiera operando "pese a que ya estaban sancionados por la entidad administrativa regulatoria".
En este caso, a su juicio, la responsabilidad de las instituciones del Estado pudo haber sido tardía, negligente o imprudente.
Robertson, que representa a 100 familias de Agua Buena, advirtió que, antes de decidir no perseverar en la causa, el Ministerio Público debió haber cerrado la investigación formalizada.
"Si el tribunal acogió la solicitud de no perseverar, los querellantes tenemos los brazos atados, procesalmente no tenemos ninguna herramienta", alegó.
Para intentar revertir este panorama, AES abogados presentará nuevos antecedentes de la causa ante la fiscalía y, en paralelo, Matías Robertson evaluará presentar una queja formal "en contra del actuar del fiscal jefe de San Antonio" (Osvaldo Ossandón) ante la Fiscalía Regional de Valparaíso. Argumentó "que puede configurarse una manifiesta falta de servicio por parte del Estado, a través de la fiscalía, en orden a no querer investigar hechos constitutivos de delitos, teniendo, a lo menos, antecedentes fundantes".
