Una completa capacitación sobre delitos que pueden cometer los empleados públicos, recibieron los periodistas de Diario El Líder de parte del periodista, abogado y consultor Jorge Suez.

La actividad contempló la revisión de contenidos como la probidad y corrupción, una mirada a las cifras que representan la realidad de ese fenómeno en la región y el país, y la revisión de una treintena de conductas en las que no deben incurrir los empleados públicos, pues están tipificadas como delito.

"La prevención de conductas que pueden constituir delito parte con la educación o capacitación de los propios empleados públicos. Ellos son los principales destinatarios de este curso, pero también lo hacemos extensivo a periodistas, en tanto fiscalizadores de los actos de la administración del Estado, y a la propia ciudadanía, por cuanto cada usuario o persona que se atiende o se relaciona con los servicios públicos, debidamente informada, puede prevenir o denunciar hechos o actos que atenten contra sus derechos y violen de la ley", explicó Suez.

Los delitos más conocidos son el cohecho o soborno, el fraude al fisco, y la malversación de caudales públicos, pero la lista de ilícitos comprende otras conductas en las que pueden incurrir, incluso por desconocimiento, los funcionarios de municipalidades, de sus corporaciones, de empresas del Estado, instituciones de orden y seguridad y de las fuerzas armadas, y de organismos autónomos, entre otras entidades integradas por empleados públicos.

Los interesados en el curso pueden requerirlo al +56997036587 o a suez.asuntoslegales@gmail.com.

La sala cuna Mar de Tesoros de Llolleo realizará el jueves 11 de abril (18 horas en Baquedano 36) un taller para padres denominado "Arrullémonos con las palabras", a cargo de la educadora de párvulos y cuentacuentos Karina Carrasco. En la actividad se enseñarán y mostrarán a los asistentes estrategias para la estimulación temprana a la lectura y al lenguaje y para el desarrollo de la imaginación en los más pequeños. La directora Carolina Arriaza invitó a sus apoderados a "compartir experiencias durante este tiempo de trabajo y a aprender juntos, basándonos en el respeto y el amor".

Jesús Farías Silva

La población Arellano es una de las más emblemáticas de Cartagena. Su origen tuvo lugar en la década de los '40, cuando se radicaron las primeras familias en casas de quincha (barro y madera).

En la década del '50, la municipalidad autorizó una "toma legal" de los terrenos para la instalación de viviendas en espacios de 30 metros de ancho por algunos más de fondo. Para entonces no había más de 10 casas.

A la década siguiente ya había 20 y a mediados de los '60 se contabilizaban más de 50. En 1997, Bienes Nacionales y el Ministerio de Vivienda entregaron las escrituras de terrenos a gran parte de sus dueños; sin embargo, algunos todavía luchan para sacar adelante el sueño de la casa propia.

Se trata de 49 familias que llevan cerca de 50 años de lucha para obtener los títulos de dominio de sus propiedades. Viven sobre un colector de agua potable -actualmente en desuso- que impide que regularicen legalmente los terrenos y, con ello, obtener ayuda del Estado como casetas sanitarias o subsidios.

En mayo del año pasado, la seremi de Bienes Nacionales, Rosario Pérez, se reunió por primera vez con el alcalde Rodrigo García y dirigentes de la junta de vecinos para buscar una solución definitiva al problema. Ahora, luego de meses de conversaciones, que también incluyeron a la empresa sanitaria Esval y la firma de un convenio con esta en agosto, la solución está a la vuelta de la esquina.

"Tenemos buenas noticias para los vecinos de Cartagena. Hemos sostenido una reunión con los abogados de la empresa Esval, con quienes por distintos motivos no habíamos podido llegar a un acuerdo sobre cómo llevar adelante esta solución para las 49 familias del sector de la población Arellano. Sin embargo, ahora hemos acordado los pasos que vamos a elaborar para llegar a una solución definitiva", indicó la seremi a Diario El Líder.

Agregó que "esperamos que sea (la solución) durante este año 2019, y así entregar los títulos de dominio a las familias que han esperado tanto".

"Sabemos que hay familias que han muerto esperando este título de dominio", recalcó al añadir que "este es un excelente punto de partida para llegar a fin de año resolviendo este problema para las familias de Cartagena".

El título de dominio es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, ya que quienes regularicen su propiedad podrán acceder a diversos beneficios sociales del Estado, tales como pavimentación de calles, casetas sanitarias, subsidios (habitacionales, de agua potable y alcantarillado), entre otros.