Crónica

El Gobierno dijo que recibió con "dolor" y preocupación el informe de Human Rights Watch (HRW), ONG invitada por La Moneda para investigar la actuación de las Fuerzas Armadas y de ORden durante el Estado de Emergencia y la crisis social que estalló el 18 de octubre en el país. El documento, que fue entregado ayer al Presidente Sebastián Piñera, concluye que se han cometido "graves violaciones a los derechos humanos".

El director para las Américas de HRW, el chileno José Miguel Vivanco, entregó el reporte que contiene "evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión".

"uso indiscriminado"

"Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos", dijo José Miguel Vivanco, quien explicó también que los balines utilizados para dispersar disturbios por parte de la policía tenían distintos elementos y que no eran conocidos. "No es posible que la máxima autoridad de Carabineros no conozca la composición material de los perdigones", comentó Vivanco.

HRW entrevistó a más de 70 personas durante dos semanas de investigación en Santiago y Valparaíso en noviembre, entre víctimas, policías y autoridades. Dice haber recabado "pruebas consistentes" de que Carabineros "utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no". Los abusos y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida, según HRW, por "falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros", por lo que se llamó al Gobierno a acometer una "urgente reforma policial".

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, respondió que el Gobierno valora el informe y las recomendaciones de HRW (ver lista), "las cuales hacen un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y un mayor control efectivo de la acción policial en situaciones de disturbios y de detención. Este es precisamente el objetivo central del proyecto de Ley de Modernización de Carabineros presentado por nuestro Gobierno", que incorpora nuevos y más exigentes controles en derechos humanos, "mayor transparencia en el trato durante las detenciones y nuevos medios para denunciar abusos policiales".

Recabarren destacó que HRW desestimó "la existencia de una política sistemática con la intención de dañar a los manifestantes" y detalló otras medidas que el Ejecutivo ha tomado, como garantizar el acceso del Indh y otras entidades estatales a los recintos que estimen para cumplir con su mandato legal, la restricción del uso de escopetas antidisturbios y la incorporación de 250 observadores de derechos humanos a las labores operativas de Carabineros. Añadió que se "instruirá al general director de Carabineros revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias. Dicho informe debe incluir propuestas con medidas de corrección" y deberá ser entregado en una semana.

HRW indicó que los servicios de urgencia médica del país atendieron a 11.564 personas heridas en las manifestaciones hasta el 22 de noviembre. De estas, más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves. También consignó que, hasta el 21 de noviembre, el Indh presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntos abusos.

327 posibles violaciones de derechos de menores ha habido,dijo HRW, citando a la Defensoría de la Niñez.

2 muertes de personas que se considera fueron suicidios, son indagadas por el organismo.