Jesús Farías Silva

La semana pasada, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados dio luz verde a un proyecto que establece como un acto de violencia intrafamiliar el no pagar la pensión alimenticia.

A través de dos artículos, en los que están de acuerdo desde la UDI hasta el PC, se endurecen las sanciones y se fija como un incumplimiento reiterado el no pago de tres pensiones continuas o de cinco en un periodo de doce meses.

Antes de convertirse en ley, sin embargo, el texto debe pasar por la Cámara de Diputados y de ahí seguir su largo trayecto hasta ser promulgado. Mientras tanto, San Antonio sigue siendo una zona donde la violencia intrafamiliar es -tristemente- común.

De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito a las que tuvo acceso Diario El Líder, proporcionalmente, la provincia es la segunda con más delitos asociados a la violencia intrafamiliar.

¿Qué quiere decir esto? Que entre enero y septiembre del año pasado (último mes contabilizado por la repartición) se habían detectado 537 casos policiales por violencia intrafamiliar cada cien mil habitantes. Solo San Felipe, en la provincia de Aconcagua, supera a San Antonio en la estadística, que promedia el total de detenciones y denuncias.

En 2018 y 2017 también quedó segunda en la tabla.

Las estadísticas son complicadas de absorber, no obstante, el cálculo de la Subsecretaría se traduce en 22 delitos por violencia intrafamiliar entre enero y septiembre del año pasado en contra de adultos mayores y 184 hacia hombres.

Otros 798 casos corresponden a violencia hacia mujeres y 35 contra niños. Otros 33 permanecen como no clasificados, según Subsecretaría.

En total, en los primeros nueve meses del año pasado hubo 1.072 denuncias o detenciones por estos hechos, poco menos que los se registraron en todo 2018, cuando la cifra se empinó hasta los 1.239; y 2017, cuando llegó a los 1.217.

Desde esta entidad puntualizaron que se puede denunciar o pedir ayuda a través de múltiples canales, todos los días y a toda hora.

Se puede denunciar en Carabineros, la Policía de Investigaciones y en el Ministerio Público.

También existe el número 1455, el Fono Orientación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que en agosto del año pasado abrió un Centro de la Mujer en la Gobernación de San Antonio.

En esa oportunidad, la subsecretaria del Ministerio de la Mujer, Carolina Cuevas, señaló que "debemos avanzar en hacer un cambio cultural para que cada vez sean menos las víctimas de violencia. Es un desafío contribuir a un Chile más igualitario en donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y, sobre todo, la misma dignidad".

Al momento de su apertura, este contaba con abogada, sicóloga, asistente social, trabajadora social, encargada de prevención, secretaria y coordinadora; y contemplaba una inversión de $56.672.526 del ministerio para la atención y de $11.032.090 en la línea de prevención.

En paralelo, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) comenzó una campaña con el objetivo de reforzar el trabajo de contención, ayuda y acompañamiento a las víctimas de violencia sexual, las cuales no están incluidos como casos de violencia intrafamiliar a menos que se den en este contexto.

Según indicaron del organismo a Diario El Líder, la iniciativa responde a que en "las últimas semanas hemos sido testigos de un explosivo aumento de denuncias y testimonios de mujeres que, en algún minuto de sus vidas, fueron víctimas de violencia sexual: acoso, abuso o violación".

De acuerdo a las mismas estadísticas a las que tuvo acceso este medio, hasta septiembre del año pasado se contabilizaban 129 casos policiales por abuso sexual y 38 por violación en la provincia.