Catastro revela que mil familias viven en las 15 tomas ilegales de San Antonio
El alcalde Omar Vera se mostró preocupado porque cerca de 6 mil personas pasarán el invierno en exiguas viviendas y acechadas por el covid-19.
Una situación que ha cobrado importancia en las comunas de la provincia de San Antonio, por lo menos en los últimos seis meses, es el aumento de la cantidad de tomas ilegales de terreno, lo que deja en evidencia el trasfondo de una crisis habitacional a la que están sometidos los grupos más vulnerables de la zona.
Aun cuando se trata de acciones que están fuera de la ley, para muchos chilenos esta manera de buscar una salida a la falta de vivienda es totalmente válida, sobre todo en esta época, donde la pandemia agravó el complejo momento económico de miles de familias de todo el país.
De acuerdo a un catastro actualizado la semana pasada por la Unidad de Gestión Habitacional del municipio de San Antonio, en la comuna puerto hay al menos mil familias que están viviendo en alguna toma ilegal, lo que podría significar que al menos 5 mil o 6 mil personas se encuentren en dicha condición, lo que representa un 7% de la población total de esta ciudad, que es un poco más de 91.350 habitantes.
Sobre esta realidad, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, dijo que "se trata de una situación compleja... Entendemos que hay una demanda y una necesidad habitacional de mucha gente y que el aparato público es lento en poder resolverla".
Según el jefe comunal, esa incapacidad del Estado de responder adecuadamente a las necesidades de cierto sector de la población "deriva en estas acciones que, desde el punto de vista legal, no son lógicas, pero desde la perspectiva social, si uno las analiza de fondo, las puede comprender y ser parte de ellas".
Añadió que "lo importante es que estos procesos siempre sean de la mano de un diálogo que apunte a una planificación en la búsqueda de la solución".
A su juicio, esta realidad es más compleja todavía porque las personas que ocupan terrenos de privados o incluso de entidades como el Serviu, en los que además no hay conexión a los servicios básicos de luz, agua potable, calles y alcantarillado. "Es una situación muy compleja y se nos viene el invierno, con frío y con lluvia, y eso va a afectar la salud de mucha gente, especialmente de los niños y adultos mayores, lo que se sumaría a lo que está pasando con el covid-19".
En proceso de toma
El abogado Raúl Devia, quien está apoyando a varias de las comunidades que se han organizado en tomas ilegales en San Antonio, afirmó a Diario El Líder que actualmente "deben ser mil las familias que están viviendo en tomas", las que ya han levantado inmuebles como rucos, chozas o mediaguas.
A esos grupos familiares, a juicio de Devia, se sumarían quienes se encuentran "en proceso de toma", que son aquellas personas que se han instalado con carpas y que recién han comenzado a habitar dichos lugares. Esa cifra, de acuerdo a los antecedentes reunidos por él, se elevaría a un total de 3 mil familias, que están establecidas en cerca de 15 tomas.
"Creo que junto el estallido social, una de las situaciones que se destapan es el derecho a la vivienda, que en el país está absolutamente dejado de lado y mercantilizado a través del proceso ejecutado por inmobiliarias y de entrega de viviendas sociales que no cubren las reales necesidades de la población", detalló.
Agregó que la realidad de muchas personas les impide optar a un subsidio habitacional, ya que no cumplen los requisitos. Es el caso, ejemplificó Devia, de quienes quieren acceder a una vivienda pero no pueden hacerlo porque están separados de hecho pero siguen casados y su cónyuge es quien se quedó con la vivienda del patrimonio matrimonial.
"También hay otros que no quieren la vivienda social porque no es digna la cantidad de metros cuadrados que tienen, su habitabilidad no es buena, entonces prefieren solucionar el problema habitacional por otras vías y con el estallido social vinieron a concretarse con la toma de terrenos que estaban desocupados, lo que incentivó que estos compañeros y compañeras decidieran resolver su problema de vivienda digna a través de un proceso de toma de terreno", argumentó.
Raúl Devia llamó a apoyar a estas familias para que las tomas pasen de la ilegalidad a "una situación de legalidad para obligar al Estado a comprar esos terrenos y dar soluciones habitacionales acordes a las verdaderas necesidades de la población". Añadió que "quienes viven en las tomas son la gente más precarizada, pasan frío, viven del día a día y no pueden hacer cuarentena y merecen nuestro apoyo solidario y para eso estamos disponibles siempre".
"Quienes viven en las tomas son la gente más precarizada, pasan frío, viven del día a día y no pueden hacer cuarentena y merecen nuestro apoyo solidario",
Raúl Devia.
Serviu
El director regional del Serviu, Tomás Ochoa, señaló a El Líder que "actualmente en la provincia de San Antonio solo tenemos tomas ilegales en terrenos del Serviu en Pelancura, ante lo cual ya hemos enviado el oficio a la Gobernación solicitando la restitución administrativa de estos terrenos, tal como lo hicimos en Llolleo". Resaltó que "este no es el camino para obtener la vivienda. Nosotros no vamos a regularizar lotes que estén ilegalmente ocupados y nuestro llamado es a no utilizar este método, porque además hemos detectado que algunas familias han sido estafadas con compras fraudulentas de estos terrenos. Nuestro ministerio ofrece varias alternativas, colectivas e individuales, para obtener un subsidio de vivienda o de arriendo, por lo tanto, todas aquellas familias que requieran una solución habitacional háganlo por la vía regular y no por la opción de las tomas que, además, impiden el desarrollo de proyectos para familias que llevan mucho tiempo esperando su casa".
6.000 mil personas estarían viviendo en alguna toma en la comuna de San Antonio.