Leo Riquelme

Por 11 votos a favor y uno en contra, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca autorizar un segundo retiro del 10% de los fondos individuales de las AFP, con el objeto de ayudar a enfrentar los efectos económicos de la pandemia. En la discusión el Gobierno expresó su rechazo a la idea, argumentando que las condiciones laborales del país han mejorado y que la medida impactará las pensiones.

Los parlamentarios también aprobaron una iniciativa que autoriza el retiro forzado para todos los cotizantes que adeudan pensiones alimenticias; y otro que extiende el permiso a giros a quienes reciben sus jubilaciones desde Rentas Vitalicias.

El avance de la idea de legislar de los tres proyectos tuvo el apoyo de militantes RN y Evópoli. "Sé lo que han pasado y me parecen extraordinariamente valientes", les agradeció Pamela Jiles (PH), impulsora de esta propuesta. "Para que esto se haga realidad necesitamos a la derecha. En esto tenemos que actuar unidos los políticos", añadió.

Uno de los oficialistas que lo avaló, Eduardo Durán, dijo que las ayudas que ha proporcionado el Gobierno han sido insuficientes. "Muchos chilenos se alimentan usando una tarjeta de supermercado... a lo que hemos llegado, que tengan que endeudarse para poder comer", lamentó.

Su colega Andrés Celis auguró que en la votación en general "la gran mayoría de los diputados de Renovación Nacional va a votar a favor. Asimismo, pidió "ser realistas" ante el tamaño de la crisis y llamó al Ejecutivo que idee alternativas para reintegrar los dineros girados.

Según cálculos oficiales, si se materializara este segundo retiro unos 4,2 millones de cotizantes se quedarían sin dinero en sus fondos individuales, que se sumarían a los más de 2 millones de personas que ya sacaron todo lo que tenían con la primera ley, aprobada en julio.

El UDI Jorge Alessandri fue el único parlamentario que rechazó el proyecto. El gremialista reconoció que esperaba que el Gobierno reaccionara presentando "una mejor opción" como alternativa. Por ello, le propuso que realice con dinero fiscal una transferencia directa equivalente al 10% a las personas, a pagarse a través de las administradoras pero que no salga de su pozos propios, sino de fondos generales de la nación.

"Eso sería hacer solidaridad", le dijo al ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

¿inconstitucional?

En el debate, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, pidió considerar que las condiciones económicas y especialmente las laborales han variado "diametralmente" respecto al debate de julio, cuando Chile enfrentaba lo peor de la pandemia. Detalló que en esa ocasión habían 780 mil trabajadores bajo la Ley de Protección al Empleo, mientras que en la actualidad 400 mil han retornado a sus funciones y el Ejecutivo ya ha destinado 75 mil subsidios para la contratación y el regreso a las actividades.

"No es que estemos desconociendo las necesidades de las familias", dijo la autoridad, pero pidió abordar las complicaciones de una "manera diferente" al retiro, a fin de no afectar más las pensiones. A ello se sumó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

El economista afirmó que aprobar el 10% significará "comerse" dos puntos de la propuesta de elevar en 6% la cotización, como busca el Ejecutivo. Además, Briones rechazó acusaciones que indican que "el Estado no ha hecho nada" durante la contingencia, detallando que sólo en bonos y transferencias directas el fisco ha dispuesto más de US$5.500 millones.

El diputado Gabriel Boric retrucó que los mecanismos y formas que ha creado La Moneda para entregar apoyos, a su juicio, "no funcionan para la magnitud de esta crisis", una idea que compartieron todos los parlamentarios que participaron de la discusión.

Tal como pasó con el primer retiro, Briones hizo hincapié en que este proyecto nuevamente se basaría en resquicios constitucionales para avanzar, dado que si se pagaran los impuestos que correspondiera el Estado percibiría US$2.800 millones, que ahora no recibirá.

Tras la aprobación de ayer, ahora viene la votación en particular de cada uno de los artículos en la comisión, antes de irse a sala. De aprobarse, pasaría al Senado.

El secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, dijo que exigirán un quórum de dos tercios y no de tres quintos, como se hizo en julio. El subsecretario Juan José Ossa añadió que recurrirán al Tribunal Constitucional para cada uno de los proyectos. "Mientras Chile no tenga una nueva Constitución la actual hay que respetarla", exigió la autoridad.

4,2 millones de cotizantes quedarían sin fondos si se aprueba el giro. En el 1° fueron 2 millones.