Diego Gotelli C.

Entre protestas, familias capitalinas llegaron ayer al hogar Sandra Victoria para retirar a sus parientes adultos mayores, luego que se conocieran denuncias que acusan condiciones de insalubridad en el recinto de San Miguel.

El caso fue viralizado por extrabajadores, quienes con videos denunciaron situaciones "inhumanas". "Ningún ser humano debería ser tratado como se trata acá", dijo a 24 Horas Gustavo, quien aseguró ser un exfuncionario.

Hasta el lugar llegó personal de la Seremi de Salud y del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) a fiscalizar. La seremi Paula Labra señaló que desde 2013 el recinto ha sido objetivo de seis sumarios y ahora tiene uno en curso.

Quienes han accedido al recinto constatan falencias como habitaciones con moho en contacto con ropa de cama, y piezas con orina en el suelo y materia fecal en colchones cubierta sólo por plástico. Gustavo acusó heces en paredes que se limpiaba con aerosol.

Las fallas incluirían incumplimientos del protocolo en pandemia, pues las fuentes denuncian funcionarios trabajando sin elementos de protección personal y algunos siendo contactos estrechos de contagiados; ausencia de barrera sanitaria; y presencia de un residente covid positivo compartiendo habitación con otra persona.

Consultada al respecto la seremi dijo conocer las denuncias y sumó otras: falta de personal calificado y que el lugar supera los residentes autorizados. "Es lamentable y decepcionante", comentó.

Adelantó que la sanción podría ser alta, con tope de $50 millones, por poner en riesgo la salud. Explicó que no se puede clausurar para no dejar a 36 ancianos sin casa, pero dijo que con Senama trasladarán los casos más graves hacia recintos públicos.

Marco Aguirre, dueño del recinto, negó las acusaciones por faltas al protocolo covid, pero confirmó que han habido situaciones de insalubridad, aunque dijo que los encargados de hacer la limpieza eran los mismos denunciantes. Cree que todo se trata de una "venganza" por los despidos y dice estar conforme con el servicio que entrega el hogar: "En 14 años es primera vez que nos pasa algo así".

Tras dos semanas entrando y saliendo de las audiencias de detenciones por los delitos que protagonizaba, el tribunal de garantía de Temuco decidió ayer dejar en prisión preventiva a Alberto Garrido Cabrera, imputado por el presunto robo frustrado de un local de arriendo de maquinarias, cometido durante la noche anterior.

El formalizado es un viejo conocido del sistema penal, pues a sus 23 años de edad registra nada menos que 119 detenciones, casi todas vinculadas al delito de sustracción de especies.

Apodado como el "Cazuela", Garrido fue detenido gracias a una llamada anónima de alguien que vio a dos sujetos tratando de meterse al negocio. El sospechoso estaba incumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno con que lo había dejado el tribunal la semana pasada por un delito similar a un restaurant.

Los ladrones fueron detenidos además por causar daños y porque estaban violando el toque de queda. El acompañante en esta oportunidad, Iván Ortega, de 23 años, suma 29 detenciones y el tribunal lo dejó con arresto domiciliario total.