David Muñoz Castillo
Alas 12.50 horas del martes 18 de mayo, una camioneta que transportaba varios kilos de carne para las ollas comunas de la provincia fue fiscalizada en el punto de control de ingreso que aún funciona en Leyda.
Manuel Villarroel Vielman regresaba a San Antonio junto a la reconocida activista social Ana Becerra con carne molida de vacuno y pollo que se distribuye a las 16 ollas comunes que funcionan en la zona.
Sin embargo, en el punto de control fue controlado y una funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud le cursó un sumario sanitario, por realizar un "viaje interregional entre la comuna de San Antonio (fase 2) y la comuna de Lo Barnechea (fase 2) sin pasaporte sanitario (C-19), sin salvoconducto de desplazamiento y sin permiso único colectivo", se lee en el documento.
Según el mismo infractor y los dirigentes de las ollas comunes arriesga una multa de un millón y medio de pesos por la falta sanitaria.
"Es fome que pasara esto, porque es una ayuda que estaba haciendo para toda la comuna y que te saquen un parte es malo, además que es harta plata la que se paga. Fui por colaborar, por ayudar a nuestros vecinos y me encuentro con esto", lamentó el conductor de la Villa Las Loicas de la camioneta que traía 100 kilos de vacuno y pollo.
Ana Becerra, la dirigente que venía en la camioneta, anunció que "no viajaremos a buscar la carne hasta que no se solucione esto. No nos podemos arriesgar a que nos pasen un sumario más, porque no tenemos el millón y medio de pesos. Así no podremos seguir viajando", explicó sobre la compleja situación que enfrentarán los comedores comunitarios.
La Fundación por la Memoria de San Antonio, la Corporación Justicia y Libertad y la Corporación Domingo Villalobos distribuyen desde Santiago estos productos a varias ollas comunes, no solo de la provincia. "Si paramos esta ayuda será lamentable por las ollas, porque tenemos al menos a 2 mil personas comiendo en las ollas", ex puso.
Hace más de un año, cuando comenzó la pandemia, estas organizaciones buscan "que la gente coma dignamente, porque no les podemos dar porotos o lentejas todos los días, necesitan proteínas", argumentó Ana Becerra sobre la urgencia de contar con estos productos.
Explicó que las fundaciones compran al por mayor la carne y las ollas solo deben transportar los alimentos una vez a la semana. Cuando estaban en esa tarea fueron infraccionados por la Seremi de Salud.
La dirigenta recordó que anteriormente tuvieron problemas con funcionarios de la Seremi de Salud por los permisos habilitados en cuarentena para el funcionamiento de las ollas comunas.
Ayer, dirigentes de los comedores fueron a la gobernación provincial para pedir una intervención de las autoridades y evitar el pago de la millonaria multa. Sandra Clavijo explicó que "vinimos a expresar nuestra molestia por lo que nos pasó (...) No puede ser que nos pase este. No nos ayudan y más encima nos multan", reclamó la dirigenta.