El Presidente Sebastián Piñera llamó a redactar una Constitución que "debe unir un país y no dividirlo" y que recoja "los valores del alma" del país. Elisa Loncon, líder de la Convención, respondió que el trabajo hecho "es serio, respetable".
Diego Gotelli C.
Pensar en qué artículos podría tener la futura Constitución es algo que cualquier persona podrá hacer. Así lo estableció la Convención Constitucional, que creará un mecanismo para recibir iniciativas de la ciudadanía y que sean debatidas a fin de eventualmente incluirlas en las normas de la propuesta de Carta Magna que armarán.
Según quedó definido ayer en su reglamento, la Convención abrirá una plataforma digital para que personas o agrupaciones ingresen hasta siete propuestas de articulados, detallando sus fundamentos, quién lo propone y la historia tras la idea.
Para que ingrese a discusión habrá dos requisitos: no inclumplir los tratados internacionales de Derechos Humanos y recolectar al menos 15 mil firmas digitales o físicas de personas mayores de 16 años. Con ello pasará al debate de su comisión ad hoc, tal como si la hubiera presentado un convencional electo.
Al definir el mecanismo se descartó ideas de sectores de izquierda que proponían que con 100 mil apoyos la propuesta pasara de inmediato a una votación en el pleno, y otra que con 3,7 millones de firmas se anotara directamente en la nueva Constitución.
"¿Vamos a dejar que esta Constitución se escriba entre cuatro paredes?", sostuvo Lisette Vergara, de Pueblo Constituyente (exLista del Pueblo).
Bajo argumentos similares, más tarde la instancia aprobó por 107 votos a favor y 42 en contra la creación de un "plebiscito dirimente" en que someta a consulta nacional la aprobación de normas que no consigan el quórum.
El mecanismo estipula que si al menos 3/5 del pleno (93 convencionales) están de acuerdo en redactar una norma, pero no consiguen los 2/3 exigidos (103 votos), la Convención podría decidir por mayoría incluir ese articulado en un plebiscito en el que participen obligatoriamente los adultos y voluntariamente los adolescentes de 16 a 18 años, para decidir si la norma irá o no en la Carta Magna. Según consigna el mismo reglamento, aplicar esto requerirá una reforma en en Congreso.
El mecanismo indignó a Chile Vamos, que amenazó con ir a la Corte Suprema. "Con esto los 2/3 son letra muerta", criticó la UDI Carol Bown.
"No quita que nuestra voluntad estará destinada a construir acuerdos mayoritarios", replicó la frenteamplista Constanza Schönhaut.
A tres días de que una investigación periodística reabriera una polémica por la venta que hizo el Presidente Sebastián Piñera el 2010 de su participación en el proyecto Dominga a su amigo Carlos Délano en un paraíso fiscal, ayer el Gobierno descartó que la infirnación pueda interferir en la tramitación de la iniciativa minera portuaria.
El subsecretario de Minería, Edgar Blanco, señaló que la acusación hecha en los "Pandora Papers" "difícilmente pueda liquidar un proyecto", pues se trataría de "información que es la misma que se tenía a la vista hace muchos años atrás", como aseguró el Presidente.
La iniciativa impulsada por Andes Iron fue aprobada hace dos meses por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y aún le restan etapas para obtener el visto bueno, fases que Blanco espera se sigan avanzando con "antecedentes reales (...). Esperamos que el tema de Dominga se cierre pronto".
En la arista relacionada al mandatario, ayer el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que no ven problemas en aportar nuevos antecedentes de la transacción si son requeridos en la indagatoria tributaria que abrió el SII.
La comisión de Constitución del Senado tuvo ayer su primera sesión dedicada a discutir el proyecto de cuarto retiro de las AFP, iniciando su tramitación en la Cámara Alta.
En la audiencia los senadores escucharon a los ministros Rodrigo Cerda (Hacienda) y Patricio Melero (Trabajo) y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y decidieron separar el debate de la reforma en dos aristas: por un lado ver el giro de fondos previsionales y por separado debatir lo relativo al anticipo de rentas vitalicias.
"Los efectos y las condiciones para uno u otro retiro son absolutamente distintas", explicó el presidente de la comisión, Pedro Araya (ind-PPD), quien precisó que la división no significa que se vayan a votar por separado.
El senador estimó que la discusión en la instancia podría extenderse hasta la próxima semana, aún cuando el Gobierno renovó la urgencia de discusión inmediata para despacharlo del Senado en máximo seis días. "No hay fecha para la votación. Vamos a trabajar un acuerdo que le dé viabilidad al proyecto", dijo.
Hasta ayer persistían las dudas sobre si se conseguirían los 26 votos necesarios en Sala para aprobarlo, pues algunos de los 24 senadores de oposición han condicionado su voto a mejoras del proyecto.
Sin embargo, la diputada Pamela Jiles, una de sus impulsoras, aseguró que "ya están los votos" para visarlo.