Agencia Efe / L. R. C.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló en su informe sobre el estado de la libertad de prensa en Chile que tres normas ya aprobadas del reglamento de la Convención que redactará la nueva Constitución podrían tener repercusiones sobre la libertad de expresión.
El documento, que es preliminar y debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea, alertó sobre un artículo que sanciona a los convencionales por actos de negacionismo de los delitos durante la dictadura militar y el estallido social de 2019.
También alertó de otro artículo que condena acciones que "niegan o minimizan" las atrocidades y el genocidio cultural hacia los pueblos originarios.
Estos artículos, que ya forman parte del reglamento para la redacción de la nueva Carta Magna que se aprobó la semana pasada, "aplican a los convencionales, pero podrían tener repercusiones sobre el estatuto de la libertad de expresión en la futura Constitución", señaló el reporte de la SIP.
Una tercera norma, que podría eventualmente replicarse en el texto constitucional, condena la desinformación entendida como "la expresión, a través de cualquier medio físico o digital, de un hecho que se presenta como real, conociendo o debiendo saber que es falso".
"La preocupación es que ante esa definición exigirá que la Comisión de Ética determine la 'verdad oficial', mientras que el término 'debiendo saber que es falso', es ambiguo", agregó la SIP.
La organización denunció también que las autoridades de la Convención Constitucional "limitaron el acceso de los medios a ciertos espacios de debate y al propio edificio" argumentando razones sanitarias, aunque finalmente las protestas de los gremios periodísticos revirtieron la situación.
Discursos
Luego de tres meses elaborando sus reglamentos, ayer la Convención inició los discursos de los 154 miembros en ejercicio, proceso que se espera concluya el martes.
Entre los que hablaron estuvo el abogado Mauricio Daza, quien expresó su deseo de que la nueva Constitución termine con el presidencialismo actual, y lo reemplace un sistema político semipresidencial o parlamentario, con un Congreso unicameral, paritario, con escaños reservados y un modelo electoral que posibilite una competencia "justa" entre independientes y representantes de partidos.
La convencional por Chiloé Adriana Ampuero, en tanto, abogó por una descentralización efectiva, que promueva a los territorios y tenga como eje el cuidado de la naturaleza. Más allá fue la animalista y feminista Camila Zárate, quien mencionó que la "única solución es tener una Ecoconstitución".
Otros hablaron de consagrar el respeto irrestricto a los derechos humanos y a los pueblos originarios y su cosmovisión, además de preservar el agua, dada la crisis ambiental que vive el planeta.
La convencional por el Maule Bárbara Rebolledo requirió también pensar en cambios en paz, sin violencia y con respeto. La RN Patricia Labra demandó también que la nueva Constitución respete la propiedad privada, "el derecho a trabajar" y la libertad de culto. Por su parte, Cristián Monckeberg pidió intensificar en este proceso el diálogo, lo que a su juicio "nos puede conducir a escoger el mejor proyecto de vida y alcanzar mejor calidad de vida".
