CPC se abre a encarcelar a ejecutivos de seguridad que se coludieron
El presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) expresó su pesar ante el nuevo hecho de eventual colusión que relaciona a las tres principales empresas de seguridad y transporte de valores, según denunció en la víspera la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
"Lamento que haya vuelto a ocurrir un caso así después de todos los casos y dolores que causaron los anteriores", dijo a radio Cooperativa el máximo representante del empresariado , Juan Sutil.
Según la FNE, el cartel estaba formado por Loomis, Brink's y Prosegur, a cuyos ejecutivos les detectaron mensajes de texto, planillas y almuerzos en que habrían convenido pactos de precios entre 2017 y 2018, afectando a bancos, financieras y cajas de compensación.
El presunto cartel comenzó a investigarse debido a que uno de los involucrados se acogió a la delación compensada, que le permite reducir las sanciones.
Penas
Juan Sutil pidió que se apliquen las máximas sanciones definidas en la modificación a la Ley de Libre Competencia en 2016, cuando se repusieron las penas de cárcel para los implicados.
"Si la legislación lo permite y los hechos, y así lo consideran los tribunales y los jueces, se tiene que aplicar de esa manera", agregó.
La solicitud apunta a seis ejecutivos, entre los cuales están los máximos representantes regionales de estas compañías.
El requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) es que se les impongan multas a beneficio fiscal por US$63,4 millones, que en el caso de Brink's y Prosegur son las más altas para estos casos.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, valoró que la denuncia de este caso se haya iniciado a través de una delación compensada, lo que a su juicio "muestra que existe una institucionalidad que está funcionando".
Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, pidió que se investigue con celeridad.
El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Stefan Larenas, solicitó que se indague también si la eventual colusión afectó a los consumidores. "Siempre en toda colusión quienes pagan los platos rotos son los consumidores finales. No los paga el retail, no los pagan los supermercados, no los pagan las cajas de compensación ni los bancos, por lo tanto aquí hay que seguir investigando y ver cuál es el perjuicio que se le ha causado a las personas en esta nueva colusión", dijo.