David Muñoz Castillo

Antes de las Fiestas Patrias, el 13 de septiembre, el Consejo Regional (core) de Valparaíso aprobó la compra de 52 camiones aljibes como una forma de enfrentar la emergencia hídrica y llevar agua a sectores postergados, como las tomas de terrenos.

Un total de 5 mil 22 millones de pesos se destinaron para la compra de los vehículos y nueve de ellos tienen como destino las comunas de la provincia. Tres serán para San Antonio, dos para El Tabo, mientras que a Algarrobo, Cartagena, El Quisco y Santo Domingo le asignaron uno a cada territorio.

El proceso de compra de los camiones fue cuestionado por una de las empresas que participó en la licitación y denunció que "hubo graves irregularidades que deberían llevar a la invalidación del proceso".

El caso fue abordado en la última sesión del Core, y en el plenario el consejero Miguel Pérez, presidente de la comisión de Fiscalización, ofició al gobernador regional, Rodrigo Mundaca, para que entregue los antecedentes del proceso de compra. "Acá lo importante es saber si es que ya se entregaron algunos camiones aljibes y si estos cumplen con la norma de los 4 milímetros de espesor de sus estanques", solicitó el core.

Tras la discusión varios de los consejeros coincidieron en que este es un conflicto entre particulares, ya que la denunciante Covermin fue rechazada en el proceso que se adjudicó Porsche. Es más, otra de las empresas que se presentaron al proceso, Maestranza MG, también se quejó por el procedimiento de la asignación de esta millonaria compra.

Los consejeros regionales reelectos de la provincia, Roy Crichton y Jorge Mora, coincidieron en la apreciación de sus pares y prestaron total respaldo a la gestión del gobernador Mundaca.

El core de la DC precisó que esta es una compra pública de más de 5 mil millones de pesos. "Es una denuncia que hizo la empresa que llegó segunda. Si una empresa denuncia un ilícito en una licitación, que está bajo la categoría de grandes compras públicas, tiene que ir a tribunales. Ese es el camino que debe tomar, más que poner en tela de juicio el proceso licitatorio".

Covemin, a través de correos electrónicos enviados a determinados integrantes del consejo regional, planteó la denuncia.

"Nuestra fiscalización, determinada por ley, está circunscrita no a los hechos administrativos, sino que a los públicos y notorios. Si la empresa señala que hay un ilícito, tiene que poner los antecedentes en la fiscalía, denunciando la irregularidad", especificó el consejero falangista.

"También se puede pronunciar la Contraloría, si la empresa cree que existe un evidente dolo. Invalidar el proceso no lo determina ni el gobierno regional ni grandes compras públicas, lo debe hacer la justicia", aseguró.

Según Roy Crichton, "este es un lío entre privados. Es muy común, considerando el monto por las utilidades para las empresas, estos ataques entre los privados por la adjudicación de estos 52 camiones. Estas son vendettas (venganzas) de las empresas, y nosotros, como consejo regional, no nos podemos prestar para ese juego. Con las más de mil 500 licitaciones que se realizan por año, podríamos caer en una espiral en el rol que cumplimos los consejeros regionales", analizó.

Roy Crichton fue claro: "le presto mi apoyo al gobernador regional, no me presto para estos juegos de las empresas privadas que quieren poner en tela de juicio estos camiones que necesitamos con urgencia. No puede pasar que por estas peleas se pare el proceso. Por lo que conozco al gobernador, por su proceder y forma de actuar, le doy mi voto de confianza para decir que aquí no hay nada", afirmó.

Enlodar gestión

Su colega Jorge Mora también definió este caso "como un conflicto entre particulares, donde un incumbente, que participó de la licitación hace la denuncia, con el claro objetivo de enlodar la gestión del gore. El fiscal del gore asegura que no existe delito, eso está descartado y debemos dejar que actúe Contraloría".

El representante de Revolución Democrática en el consejo regional dijo que "respaldamos completamente al gobernador regional. Doy fe de su buen accionar, jamás haría un proceso de este tipo, con el fin de realizar ilícitos. Esperemos que esto se transparente pronto", solicitó el sanantonino.

La invalidación del proceso de compra dependerá del informe que haga Contraloría o lo que determine la justicia ordinaria, en caso de una denuncia formal. Por el momento la compra sigue en marcha y los consejeros regionales esperan los informes de los organismos técnicos del gobierno regional.

"Por lo que conozco al gobernador, por su proceder y forma de actuar, le doy mi voto de confianza para decir que aquí no hay nada",

Roy Crichton.

5.022 millones de pesos destinó el gobierno regional para la compra de los camiones aljibes.