Informe Anfp acusa que se buscó "desestabilizar al arbitraje" con denuncia
Recomendó que la asociación envíe los antecedentes a la Fiscalía y no se descarta que el Tribunal de Disciplina sancione a los jueces investigados.
Nicolás Labra G.
Nuevo vuelco en el ya remecido fútbol chileno. Ayer se reveló el extenso informe del oficial de cumplimiento de la Anfp, Miguel Ángel Valdés, respecto a las denuncias de intervención en el partido de revancha de la Promoción que disputaron Huachipato y Deportes Copiapó en el CAP de Talcahuano a fines de enero, y que terminaron con la salida de Javier Castrilli y sus ayudantes de la Comisión de Arbitraje.
A principios de mes radio ADN reveló unos audios del árbitro de ese partido, Francisco Gilabert, quien acusaba haber recibido presiones para cobrar un penal a favor de Huachipato. Tras dos semanas de investigación, el documento indica que "se pudo determinar fehacientemente, en más de 200 páginas del informe de investigación internas, a través de entrevistas, recopilación de datos, informes (internos y externos) y diversas pruebas documentales, que no existe ni ha existido intervención o presión indebida, abuso de autoridad ni injerencia alguna por parte de terceros".
Las conclusiones de Valdés van más allá y añaden que "se descarta categóricamente indicios de cualquier tipo de arreglo, amaño o manipulación del partido", y confirma que se constató "que tanto el árbitro central, como la cabina VAR, actuaron conforme al Protocolo VAR".
Entre los detalles más reveladores, apunta a que con la investigación "se lograron recopilar antecedentes y datos que evidencian la existencia de actos destinados a desacreditar y difundir información distorsionada para desestabilizar el arbitraje chileno".
Es por eso que en el último apartado de recomendaciones Valdés deja dos puntos. El primero es compartir los antecedentes con el Tribunal de Disciplina de la Anfp, lo que podría traer consecuencias a los jueces involucrados ese día, como Gilabert o Cristián Droguett, a cargo del VAR en esa jornada.
Los jueces podrían recibir castigos que van desde cuatro a cincuenta juegos de suspensión, o de un mes hasta tres años de inhabilitación.
Además, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público y que evalúe acciones sancionadas bajo el artículo 161-A del Código Penal.