Leo Riquelme

Las policías buscan a dos hombres que simularon ser ejecutivos bancarios para colarse en una sucursal de Las Condes, desde donde huyeron con al menos 600 millones de pesos, de acuerdo a los arqueos iniciales.

Según coincidieron Carabineros, la PDI y la municipalidad, los asaltantes llegaron poco antes de las 8.00 horas a las dependencias de un BCI ubicado en calle Gertrudis Echenique con avenida Apoquindo. Los sujetos le presentaron unas credenciales al guardia, quien les permitió el acceso, pues el banco a esa hora no estaba abierto.

En el interior los ladrones se ocultaron en una bodega hasta que esperaron que aparecieran los funcionarios encargados de sacar el dinero de la bóveda para llevarlo a las cajas. En ese instante se abalanzaron sobre ellos, le quitaron el arma a un vigilante y le provocaron una luxación en una de sus muñecas.

"Amenazaron a los trabajadores. Mientras les apuntaban les preguntaban si querían volver a ver sus familias, que si tenían hijos, que entregaran todo", relató a los medios una de las clientas.

Tras eso, los ladrones sacaron la plata y salieron caminando de la sucursal por calle Napoleón.

"No efectuaron ningún disparo", comentó la coronel Alyson Larrañaga.

De acuerdo al detalle entregado por el municipio, a las 9.01 horas los hombres se subieron a un automóvil estacionado en los alrededores y escaparon hacia el poniente, donde dejaron abandonado el vehículo en la calle Los Españoles, en Providencia.

La sucursal robada fue la misma donde la semana pasada un hombre salió con 20 millones de pesos en un bolso y fue atacado por una pareja de delincuentes en motos.

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, dijo que el eje Apoquindo era de los puntos más reforzados por la seguridad municipal. "Y cada vez que tenemos un punto importante como este, se vuelve a reforzar", afirmó la autoridad.

Aunque los niveles de acopio aún rondan el 40% de sus capacidades, el Ministerio de Obras Públicas anunció que por este año y hasta marzo de 2023 quedó descartada la aplicación de un racionamiento de agua potable en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, que eran las más apremiadas por los estragos de la megasequía en el país.

El ministro Juan Carlos García explicó que esto fue posible "después de analizar toda la información de temperaturas, lluvia caída, caudales de ríos y nieve disponible", que se suman a las medidas de reducción de consumo del recurso.

La encargada de la Oficina de Servicios Climáticos en Climatología en la Dirección Meteorológica de Chile, Catalina Cortés, comentó que "este invierno fue mucho mejor en acumulación de agua que los otros años que han sido parte de la megasequía", que supera la década.

La meteoróloga agregó que gracias a las precipitaciones de los últimos meses, incluso algunas ciudades de la zona centro sur del país tienen niveles cercanos a los de un año normal.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, dijo que con el déficit de 39% de agua le parecía "arriesgado" garantizar que el próximo año no va a haber problemas de recurso el próximo año. Ante ello, llamó a poner fin a la "cultura del despilfarro".

El Gobierno anunció que hoy la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunirán con autoridades para reforzar el despliegue militar en la Macrozona Sur, especialmente en el Biobío, donde el lunes tres personas fueron baleadas en la quema del centenario Molino Grollmus, la casa patronal y una vivienda en Contulmo.

"Esperamos tener mejores coordinaciones con el Ministerio Público de forma de enfrentar en conjunto el desafío en materia preventiva", dijo la ministra del Interior, Izkia Siches, tras reunirse con jefes policiales y militares para evaluar el estado de excepción en la Macrozona Sur.

El anuncio fue criticado por la oposición y autoridades locales, que exigen medidas concretas como el patrullaje militar en zonas urbanas.

Ayer fueron formalizados cuatro presuntos integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Esteban Henríquez, Ricardo Delgado, Eduardo Cornejo y Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del líder de esa organización, apresado la semana pasada.

El grupo fue imputado por los delitos de incendio consumado y dos homicidios frustrados, luego que atacaran tres camiones y dispararan hacia sus conductores cuando dormían en un predio forestal ubicado en Los Ángeles, el 9 de septiembre de 2021. Al cierre se discutían sus medidas cautelares.