C.C.

Un llamado a "confiar en el proceso" hizo ayer el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, previo al plebiscito de mañana, en el que se definirá si se aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución que entregó la Convención.

El ente a cargo de las elecciones realizó ayer un ejercicio práctico de sufragio con todo el material que se utilizará este domingo, como mesas, urnas y cámaras secretas; y en el que participaron alcaldes de la Región Metropolitana. En esa actividad Tagle hizo un llamado a la participación. "Hemos dado muestras de transparencia y legitimidad en las elecciones anteriores, con rápidos resultados preliminares que tienen un objetivo meramente informativo", aseveró.

Respecto a la propaganda electoral destacó que el periodo legal terminó a la medianoche del jueves, por lo que no puede haber ningún tipo de material que "induzca a votar por alguna de las opciones".

Como en esta elección el voto es obligatorio, Tagle indicó que el Servel podría tardar unos cuatro meses en denunciar a quienes no sufraguen. Asimismo remarcó que quienes estén a más de 200 kilómetros de su local de votación, deberán excusarse mañana mismo en una comisaría, subcomisaría, retén o tenencia.

Sanción a maldonado

Por otro lado, el Tribunal Supremo del Partido Radical (PR) definió suspender la militancia de su extimonel, Carlos Maldonado, por haber apoyado públicamente la opción rechazo. La instancia consideró que el expresidente de ese partido había contradicho lo definido por su Consejo General, que el pasado 11 de agosto se alineó con el Apruebo.

"Si es el precio que tengo que pagar por actuar en conciencia y pensar en Chile, estoy dispuesto", escribió Maldonado en su cuenta de Twitter. En entrevista con Cooperativa el expresidenciable vaticinó que si gana el Rechazo, el Gobierno del Presidente Boric "va a quedar debilitado".

La ministra de Defensa Maya Fernández y el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, encabezaron ayer un comité de seguridad en la Base Naval de Talcahuano, Región del Biobío. Esto luego de que el jueves el Gobierno anunciara el reforzamiento de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur, tras la detención de Héctor Llaitul y su hijo y el atentado en Contulmo.

"No tenemos los mismos hechos de violencia ni tenemos los mismos tipos de hechos de violencia que teníamos antes, y esto requiere actualizar estrategias", dijo Monsalve.

La titular de Defensa resaltó que "lo que queremos es garantizar la seguridad de las personas". "Los hechos van variando, partimos con el tema de las rutas, hemos tenido hechos que ya no son en las rutas y creo que es importante tenerlo en cuenta y por eso esta reunión de coordinación", añadió. Y señaló que le transmitirán lo conversado en la reunión al Presidente Gabriel Boric para "ir viendo esos cambios".

La ministra además confirmó la continuidad del contralmirante de la Armada y jefe de la Defensa Nacional para el Biobío, Juan Pablo Zúñiga.

Por otro lado, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, confirmó ayer que la próxima semana presentará una querella invocando la Ley Antiterrorista. "Pareciera que en Santiago esto se asimila como un vehículo más que se quemó y lo que aquí pasa son problemas todos los días", dijo.

El Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable ayer a Camilo Gajardo Escalona, el único imputado como autor de seis atentados con explosivos ocurridos entre 2017 y 2019 en Santiago.

La Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Sur imputó a Gajardo por haber instalado artefactos explosivos en un paradero en la comuna de Providencia, y en las afueras de la Universidad Católica Silva Henríquez en la comuna de Santiago, y también por los atentados que afectaron al expresidente de Codelco Óscar Landerretche y al expresidente de Metro Louis de Grange. Este último fue frustrado, ya que la bomba fue encontrada cerca de su domicilio.

El juicio contra el único detenido por esos delitos comenzó en marzo pasado y su detención se produjo en 2019, luego de que fuera detectado a través de cámaras de seguridad instalando artefactos explosivos en distintos puntos de la capital.

Por el ataque contra Landerretche se le imputó el delito de homicidio calificado frustrado y lesiones; lo mismo para los ataques en el paradero; mientras que en el de De Grange el de atentado con explosivos en calidad de frustrado.

La Fiscalía solicitó 170 años de cárcel. La sentencia que deberá cumplir se dará a conocer el 19 de octubre.

La defensora penal pública, Alejandra Rubio, destacó que se cambiara la calificación en el caso del artefacto instalado fuera de una universidad, pues eso rebaja la pena.