Juan Olivares Meza

En junio pasado la Fiscalía Regional de Valparaíso dio a conocer, a través de un informe de ilícitos de mayor connotación social, que los delitos sexuales presentaron este año un aumento de un 33,3% hasta fines de mayo de 2022, en comparación con el mismo período del año anterior. La estadística es preocupante y demuestra la necesidad de contar con herramientas adecuadas para resguardar la integridad y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de agresiones.

En este contexto cobra mucha relevancia la entrada en vigencia, a partir del próximo lunes 3 de octubre, de la ley 21.057, conocida como "Ley de entrevistas videograbadas", que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales y otras agresiones.

La normativa se creó con la idea de prevenir la victimización secundaria que afecta a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, durante su tránsito por el proceso penal.

De esta forma, se diseñó este nuevo sistema con el fin de evitar que se siga interrogando a la víctima una y otra vez, por personas distintas, a veces sin formación al respecto, en distintas instancias, lugares y de manera inadecuada, con las consiguientes repercusiones en su integridad física y sicológica, además de causar la sensación culpabilidad.

Fiscalía sin sala

El nuevo marco regulatorio no solamente capacitó a magistrados y policías, sino que además proveyó de los implementos necesarios a las entidades involucradas en el proceso judicial, por ejemplo, a nivel regional ya se implementaron 21 salas especiales para las entrevistas videograbadas, 13 de ellas en manos del Poder Judicial y ocho para las fiscalías.

La Fiscalía de San Antonio, al igual que las fiscalías de La Ligua e Isla de Pascua, no cuenta con este tipo de infraestructura, por lo que deberá compartir la sala con el Poder Judicial en el tribunal local, hasta que se construya la habitación especial para grabar entrevistas a menores.

El convenio durará hasta que el Ministerio Público cuente con su propia sala, toda vez que la investigación de un hecho delictivo y un juicio son etapas distintas de un proceso judicial. En este sentido se informó a Diario El Líder que la nueva sala estará incluida en el nuevo edificio que se ha proyectado para albergar a la fiscalía de San Antonio y que actualmente se encuentra en la Dirección de Obras de la municipalidad.

Nueva Ley

El magistrado Leonardo Aravena Reyes, uno de los jueces de la región que cumplió con el proceso de acreditación como mediador para el nuevo sistema, explicó que "la ley 21.057 establece una serie de principios rectores de cómo se debe desarrollar el trabajo investigativo y judicial con los niños, niñas y adolescentes; lo que implica que en cada momento los jueces y los demás intervinientes tengan que respetar esos principios".

"En segundo lugar la ley se plantea en tres momentos o etapas respecto de la intervención de los niños, niñas y adolescentes en el proceso: la denuncia, la investigación y el juicio. Y respecto de estas tres etapas, donde ya se encuentra claro y diagnosticado que las víctimas de delitos en contra de su integridad sexual participan, se establecen estas reglas para que se resguarden todos sus derechos fundamentales, de una forma que no implique una victimización secundaria; es decir, que vuelvan a repetir o reproducir el hecho del cual han sido víctimas", planteó el juez Aravena.

Añadió que "los principios de esta ley irradian a todo el sistema, es una ley que está principalmente dirigida al resguardo de niños, niñas y adolescentes que han sufrido atentados sexuales y también a los niños que tienen la calidad de testigos.

"La ley 21.057 establece una serie de principios rectores de cómo se debe desarrollar el trabajo investigativo y judicial con los niños, niñas y adolescentes",

juez Leonardo Aravena

7 días quedan para que entre en vigencia la nueva ley de entrevistas videograbadas a niños y adolescentes víctimas de ataques sexuales.