Ley obliga que celulares nuevos robados sean bloqueados en 24 horas
Medida apunta a combatir el mercado negro de estos aparatos.
Matías Gatica Lindsay
El Gobierno anunció la entrada en vigencia de una ley que obliga a las empresas de telecomunicaciones a bloquear en un plazo de 24 horas los celulares que hayan sido robados de tiendas o bodegas, un delito que ha tenido un importante crecimiento.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y el subsecretario (s) de Telecomunicaciones, Marcelo Rute, dijeron que con esto se busca evitar la comercialización ilegal de celulares nuevos, evitando que se vendan en el mercado negro.
Para realizar el bloqueo, las empresas deberán realizar la denuncia a Carabineros o a la PDI. Tras ello, en 24 horas las compañías deberán informarla en un sistema centralizado, para inhabilitar los celulares a través de IMEI (International Mobile Equipment Identity).
En caso que los equipos sean recuperados se podrá solicitar su desbloqueo.
De esta manera la normativa beneficiará a los proveedores de estos aparatos. Esto, según indicó el subsecretario Rute, "con el fin de reducir la cantidad de robos con violencia" que han afectado a bodegas y tiendas de tecnología en centros comerciales, lugares de almacenamiento y camiones de transportes.
De hecho fueron las empresas de logística a nivel nacional las que solicitaron esta normativa, pues acusaron que no existía un procedimiento al cual acudir cuando sufrían estos robos.
De esta forma las empresas de telefonía estarán obligadas desde el 27 de enero a proporcionar un número y un correo electrónico para atender las solicitudes que se realicen, los que deberán estar disponibles en la web de la Subtel. En paralelo se estableció un plazo de 120 días desde que se publique en el Diario Oficial para habilitar un sistema de acceso remoto disponible todos los días para las víctimas de estos delitos.
Las empresas telefónicas que no cumplan con la exigencia recibirían multas hasta por $60 millones.
Delito en alza
Vergara dijo que la norma tiene por fin "desincentivar unos delitos que han ido al alza en los últimos años y, lamentablemente, en muchos casos, con grados de violencia que son inaceptables en este país". Indicó que una mayoría "apuntan a la sustracción de cantidades importante de estos aparatos tecnológicos, que tienen un alto precio y que después terminan en mercados secundarios y diluyéndose, muchas veces, en la ilegalidad".
La presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich, quien asistió al anuncio, valoró la norma, pues con ella "no se va a poder seguir revendiendo y receptando" estos aparatos.