Matías Gatica Lindsay

E fallecimiento en la madrugada del cabo primero de Carabineros Daniel Palma Yáñez a manos de delincuentes en un control policial en Santiago llevó al Gobierno ayer a promulgar cuatro leyes de seguridad y anunció una serie de medidas, entre ellas, la intervención en 30 comunas del país con altas cifras de criminalidad, y una inversión de US$1.500 millones anuales para mejorar la persecución criminal.

Tras sostener una larga reunión de emergencia por el crimen, el Presidente Gabriel Boric comenzó el día promulgando las leyes recién aprobadas para darle mayores atribuciones a las policías y endurecer las penas de algunos delitos.

Una es la ley Nain-Retamal, que establece la legítima defensa privilegiada, endurece las penas y reduce los beneficios a quienes ataquen, agredan o maten a carabineros, detectives y gendarmes. Otra es la ley 21.555, que refuerza las competencias de Gendarmería y establece el delito de extorsión. La ley 21.556, que aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos y la 21.557, que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro.

Además, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la vocera Camila Vallejo anunciaron un plan denominado "Calle Sin Violencia" para hacer frente a la delincuencia y al crimen organizado. Para ello se destinarán US$1.500 millones adicionales al presupuesto anual, que aumentará en un 40%. Inicialmente se financiará con fondos de emergencia y luego espera aparejarse a una reforma tributaria, que aún no se presenta.

Inicialmente, las medidas consideran el reforzamiento del equipamiento policial; mejoramiento de planes operativos para reducir riesgos y adelantar el plan de intervención en 30 comunas donde se concentra un tercio de la población nacional y el 50% de los delitos más violentos, que comenzará este mes en Santiago y el resto en mayo.

Además, plantea una intervención que reforzará la persecución penal; focos investigativos y fiscalización en tráfico de armas, con incremento de patrullajes, operativos masivos y puntos de control en busca de prófugos de la justicia; reforzamiento del trabajo con fiscalía en sectores con mayor incidencia de homicidios; fiscalización de infracciones e incivilidades no propiamente delictuales, pero que amparan crimen organizado, enfrentar el comercio ilegal, locales de venta de alcohol y venta de comida en las calles y operativos de servicios públicos por parte de organismos sociales para intervenir y marcar presencia en los territorios.

A ello se sumó el anuncio del fiscal nacional Ángel Valencia de solicitar la prisión preventiva a cada imputado extranjero que no cuente con cédula de identidad, al menos en la capital.

Carabinero asesinado

Todo esto se anunció luego que el cabo de la Cuarta Comisaría de Santiago Daniel Palma fuera baleado en un control por un tiroteo denunciado por vecinos en las cercanías del Teatro Caupolicán. Al fiscalizar a dos sujetos en un vehículo estos le dispararon en la cara, lo que le causó la muerte.

El cabo, de 33 años y 9 de servicio, era motorista y esposo de una funcionaria de Carabineros, con quien tiene un hijo y esperaba un segundo. Ella tiene cinco meses de gestación.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, le recomendó a los responsables que "lo mejor es que se entreguen", pues toda la fuerza policial estaba tras ellos.

Más tarde, la Fiscalía Centro-Norte solicitó la colaboración de la comunidad para la ubicación de dos "sujetos de interés", ciudadanos venezolanos que habrían estado involucrados en el crimen. Uno fue detenido en 2021 por microtráfico y porte ilegal de arma de fuego y municiones y fue condenado a una pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, pero obtuvo el beneficio de libertad vigilada intensiva.

Este año Gendarmería solicitó la revisión de ese beneficio y el 30 de marzo el juez Iohan León Espinoza despachó una orden de detención en su contra.

En vista de ello, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó a todos los fiscales de la Región Metropolitana solicitar la prisión preventiva en contra de detenidos extranjeros que no cuenten con su cédula de identidad, "hasta que se pueda establecer su identidad y puedan cumplir con las obligaciones nacionales en materia de enrolamiento".

En la tarde, con la presencia de los exPresidentes Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, además del actual Mandatario Gabriel Boric, se realizo en la parroquia San Ramón de Providencia un responso fúnebre. El jefe de Estado se acercó a la madre del policía y le entregó su pésame de rodillas.

Más tarde., el Presidente Boric, además de entregar mayores detalles sobre las medidas de seguridad, dijo que "no podemos dejar que Carabineros y la ciudadanía sigan expuestos" y llamó a la unidad a los sectores políticos.

Y ante petición de estado de excepción en la Región Metropolitana de sectores del oficialismo y la oposición, y la ministra Tohá no descartó dicha medida.