Alcaldesa criticó al Gobierno por excluir a San Antonio del plan Calle sin violencia
La jefa comunal aseguró que "a la hora de ponerse con nuestra comuna nos dan la espalda".
El sábado el Gobierno entregó un listado de 46 comunas que serán intervenidas por el plan Calles sin violencia, la reacción que tuvo el Ejecutivo tras la muerte de tres carabineros en las últimas semanas y que busca establecer una estrategia de largo plazo para desbaratar el crimen organizado, disminuyendo su poder de fuego y económico.
La noche del viernes se conoció, que aparte de Valparaíso, como capital regional, se sumaban Viña del Mar, Quilpué y Cartagena al grupo de territorios intervenidos.
La decisión generó una airada crítica de la alcaldesa de San Antonio Constanza Lizana, quien esperaba que la comuna se incluyera en la lista.
"Desde que asumimos la alcaldía, al gobierno de Piñera, primero, y al del Presidente Boric luego, le hemos planteado con claridad la necesidad de terminar con el abandono de San Antonio, lamentablemente la respuesta ha sido más abandono, en términos de infraestructura, de salud, educacional, nuestra juventud sigue sin universidad, obligados a viajar cientos de kilómetros. Estamos prácticamente aislados en temas de transporte. Hemos señalado la necesidad de una inversión fuerte en nuestra comuna y no hemos tenido respuesta", partió la alcaldesa.
Luego profundizó en la queja. "La gota que rebalsó el vaso es la exclusión de San Antonio del plan Calles sin violencia. Claro que molesta, pues las necesidades son nacionales y solo se incluyeron las 16 capitales regionales como criterio y en el caso de nuestra región nos llama la atención que aparte de la capital, se incluyan tres comuna que son dirigidas por autoridades de partidos de Gobierno, anunciando comunas por Twitter sin transparentar los criterios al respecto".
Constanza Lizana dijo que "molesta y da rabia, pues a propósito de los últimos acontecimientos, las autoridades y representantes de todos los partidos han hablado hasta por los codos de San Antonio; sin embargo a la hora de ponerse con nuestra comuna nos dan la espalda. Al parecer solo fueron lágrimas de cocodrilo".
Argumentos
Para la alcaldesa sanantonina existen argumentos suficientes para incluir a la comuna en el plan. "Hemos planeado con claridad los problemas de violencia y seguridad que afectan a nuestras comunidades en cada uno de sus barrios hace mucho tiempo y con mucha fuerza, luego de los graves hechos que ocurrieron la semana pasada en Llolleo (sábado 8 de abril), donde un carabinero disparó a un joven, luego de que este señalara que su colega fue atropellado en un control policial".
Y agregó que "recientemente la ONU publicó un informe donde señalaba la falta de presencia y control del Estado respecto al tráfico internacional de drogas, quedando en evidencia, que ni siquiera un camión escáner estaba disponible en el puerto más importante de Chile. No hay un anuncio para las familias de San Antonio, nada. Mantener el abandono y la precariedad".
Según la alcaldesa "esta situación es insostenible, necesitamos inversión para los barrios, mejorar la calidad de vida y disputar al narco cada barrio, sin embargo, el Gobierno ha decidido que San Antonio no es prioridad. Nos siguen viendo como un puerto de fierro necesario para los negocios que rentan en Santiago. Nos tratan como un lugar por donde pasa la riqueza y queda la pobreza, la inseguridad y el abandono".
Finalmente la jefa comunal le pidió al Gobierno "terminar con esta injusticia histórica de una vez por todas y considerar a San Antonio como lo que somos, una comuna que aporta estratégicamente país y que nuestra principal importancia no solo es el puerto para sus negocios, sino que es su gente, las más de 100 mil personas que vivimos, luchamos, soñamos y merecemos una vida digna y segura, acá, en nuestra comuna".
Ayer el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, ante las críticas de las comunas excluidas, afirmó que el plan se complementa con otras dos iniciativas que en todo el país llegará a cubrir 330 comunas "a través de una línea de inversión pública que se va a canalizar a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), que va a permitir acompañar a los municipios en inversiones indispensables como luminarias, recuperación de espacios públicos y contrato de personal para fiscalización".