Partió juicio por caso "Philip Morris" en que robaron del puerto $1.101 millones en cigarros
Los imputados están acusados de ser parte de la banda que planificó y concretó la sustracción de un contenedor desde terminal portuario con mil cajas de cigarrillos de esa empresa tabacalera.
La mañana de ayer comenzó el juicio del llamado caso "Philip Morris", en que una banda logró robar, luego de un elaborado plan, un contenedor con 1.101 millones en cajetillas de cigarrillos desde el interior del Puerto de San Antonio.
El juicio en el Tribunal Oral en Lo Penal de San Antonio es en contra de dos de los siete miembros del clan delictivo, entre los cuales está el acusado de ser quien habría planificado la millonaria sustracción que ocurrió en 2018 desde STI.
Ayer se dio a conocer la acusación del Ministerio Público en contra de los imputados, quienes fueron identificados con las iniciales C.R.T.R. -sindicado como líder- y V.D.C.R.
"Los imputados (…) y otros sujetos aún no identificados conformaron un grupo destinado a apropiarse de bienes muebles de propiedad de Philips Morris Chile (tabacalera), consistentes en un contenedor (…) con 1.000 cajas de cigarrillos de las marcas Marlboro y Philip Morris, avaluadas en $1.101.268.652, bienes que se encontraban en el Puerto de San Antonio bajo custodia y en posesión de la empresa portuaria San Antonio Terminal Internacional", se expuso en la acusación.
Se agregó que "para lograr su objetivo se planificó sustraer la carga (…). El día 4 de julio de 2018 usaron un camión al que pusieron una placa patente de otro camión, que fue conducido por un integrante del clan, el que ingresó al puerto y retiró la carga gracias a la colaboración que prestaron otros dos imputados, quienes entregaron la información para localizar el lugar en el que se encontraba el contenedor (…) y los datos necesarios para el retiro de la carga y además coordinaron la alteración de la información relativa a su retiro, para poder ingresar al puerto y llevarse el contenedor".
Según la imputación de la fiscalía, antes los individuos hicieron una prueba de ingreso al puerto con el camión con las matrículas cambiadas, la que resultó exitosa. Tras ello concretaron el delito.
"Luego de sustraído el contenedor (…) lo llevan hasta un sector de la Ruta 78, en el que se le cambió las placas falsas utilizadas, por otras y luego siguió por la misma ruta hacia la ciudad de Santiago", se apuntó en la acusación fiscal.
Acciones
A estos dos supuestos miembros de la banda que hoy enfrentan a la justicia, se les acusa de cometer distintas acciones. Al imputado C.R.T.R. de ser quien financió y lideró la planificación de la sustracción del contenedor y a V.D.C.R. de efectuar labores de prueba del camión con las patentes falsas, lo que habría permitido al grupo confirmar la efectividad de su plan.
El fiscal de la unidad Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la fiscalía regional, Maximiliano Krause, expuso ayer que toda la acusación logrará ser demostrada durante el juicio, puesto que se exhibirán una serie de probanzas, entre las cuales existen videos de cámaras de seguridad, una georreferenciación de los imputados y testimonios acusatorios.
"Podrán (los jueces) apreciar y percatarse de que ocurrieron los hechos como se plantean, como también la existencia de maniobras distractoras (…). Se confirmarán actos de preparación para la sustracción a través de engaño al ingreso al puerto, el retiro (de la carga) y traslado a Santiago", dijo el persecutor.
Defensas
En tanto, la defensa de C.R.T.R., Raúl Valdés, apuntó a que la prueba es deficiente para que se condene a su representado. "No se va lograr derribar la presunción de inocencia porque la prueba es mera especulación, no hay nada concreto para demostrar su participación (de C.R.T.R.)".
Misma postura tuvo el abogado de V.D.C.R., Álvaro Pérez, quien apuntó a que "el Ministerio Público no va a lograr probar la autoría de nuestro representado en los hechos (...), no logrará probar el concierto para llevar cabo estos hechos".
Aportó que "el tribunal no va a poder valorar los hechos (…) atendida la ilegalidad de la prueba ofrecida (…) dada la vulneración de las garantías (…) de un debido proceso, por imposibilidad de realizar de manera adecuada una defensa (...) y por incongruencias en la acusación y formalización llevaba a cabo en esta causa".