Alejandro Toledo llegó a Perú extraditado por EE.UU. y deberá enfrentar a la justicia
El expresidente deberá ser juzgado por presuntos sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht. Su abogado defensor acusa que sus derechos no se respetaron en todo el proceso y que está débil de salud.
EFE
El expresidente peruano Alejandro Toledo llegó ayer a Perú, resguardado por policías, extraditado desde Estados Unidos para ser juzgado por el proceso abierto en su contra por los presuntos sobornos millonarios de la empresa Odebrecht para adjudicarse la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur.
Toledo llegó al aeropuerto Jorge Chávez en un vuelo comercial, procedente de Los Ángeles, en medio de la expectativa de las autoridades peruanas y la prensa local que lo esperaban en los exteriores del terminal y en la sede del Poder Judicial a donde fue trasladado para una audiencia de reconocimiento de identidad.
El exmandatario bajó de la nave esposado, después de ser entregado por alguaciles de Estados Unidos a los agentes de la Policía Nacional del Perú, y conducido a la Dirección de Aviación Policial (Dipa) aledaña al aeropuerto Jorge Chávez.
La Policía Nacional confirmó que en el arribo de Toledo estuvo presente el comandante general de la Policía Nacional, general Jorge Angulo, junto al alto mando policial para garantizar la seguridad del expresidente como parte del proceso de extradición.
Difícil estado de salud
El abogado del expresidente peruano, Roberto Su, reiteró que el exmandatario, de 77 años, tiene "muchas dolencias y un tema de cáncer", y que no se han respetado sus derechos tras su arribo al país.
El abogado declaró a los periodistas que el expresidente tiene derecho a tener un abogado "para salvaguardar su integridad" porque es una persona a la que "no se le han respetado los derechos". "Un ministro de este régimen (gobierno) ha dicho que es un delincuente, a ese ministro ya lo debían haber separado", expresó.
Tras su evaluación por Medicina Legal y su audiencia ante un juez, Toledo será presumiblemente conducido por las autoridades penitenciarias al penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, donde están recluidos los exmandatarios Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022).
Reclamado por la Justicia peruana desde 2017, el fundador del partido Perú Posible está imputado por haber recibido supuestamente unos 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht, tras favorecerla en la licitación de contratos para la construcción de la Ruta Interoceánica Sur que conecta Perú con Brasil.
La Fiscalía peruana ha solicitado para él penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de los tramos 2 y 3 de esta carretera; 35 años por el tramo 4, y 16 años y 8 meses por supuesto lavado de dinero en el Caso Ecoteva.
En marzo de este año, el Ministerio Público también pidió la expropiación de los bienes inmuebles del otrora jefe del Ejecutivo peruano y su entorno familiar.