Gobierno analiza crear cárcel para líderes del crimen organizado
En la promulgación de la Ley Antinarcotráfico, Presidente dijo que buscan evitar "contagio criminal". Cordero dijo que hay dificultades para construir penales.
Matías Gatica Lindsay
El Presidente Gabriel Boric promulgó en la mañana de ayer la Ley Antinarcotráfico, que persigue el dinero proveniente de esta actividad y del crimen organizado. En la ceremonia, el Mandatario adelantó que analiza la opción de implementar una cárcel para los condenados por estos delitos.
Esta ley que amplía el decomiso de bienes a narcotraficantes, permitiendo usar esos recursos en fortalecer la investigación y persecución de las policías y otorgarles espacios a instituciones de prevención y rehabilitación; aumenta las penas a quienes suministren drogas a terceros; y entrega mayores facultades a las policías para fiscalizar a personas que están o deban estar en el registro de precursores y sustancias químicas.
Adicionalmente, establece la justificación del cultivo de cannabis a pacientes de tratamiento médico, que tengan una receta para su uso.
El jefe de Estado dijo que con esta ley "vamos a detener el alza de homicidios que hace años se viene registrando (...) Nuestro objetivo también es golpear con mucha fuerza al crimen organizado".
Sobre esto último, Boric añadió que "estamos pensando en una cárcel especial para los grandes narcotraficantes" y condenados del crimen organizado, como parte de un plan de reactivación de la infraestructura penitenciaria que alista el Ministerio de Justicia.
Con ello buscan evitar que exista "contagio criminal" dentro de los recintos, aunque reconoció que se deben analizar los recursos para que se pueda implementar.
Desde 2012 que no se construyen cárceles en el país. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que no hay disponibilidad de suelo y que buscan simplificar el trámite para infraestructura. Por ahora, agregó, ampliarán módulos para este tipo de criminales mientras planifican nuevos recintos penales.
Sobre este tipo de cárceles, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, dijo a radio Cooperativa que es factible implementarlas, pero respetando los DD.HH de los presos y que paguen los líderes, y no "los eslabones más débiles de la cadena".