Matías Gatica Lindsay

El Colmed y el Colegio de Profesores solicitaron ayer al Gobierno extender el periodo de vacaciones de invierno de los estudiantes debido a la gran cantidad de virus respiratorios que circulan, medida que el Ejecutivo no descartó.

En la mañana de ayer, el presidente del Colegio Médico en el Biobío, Germán Acuña, dijo a radio Cooperativa que la situación es "súper compleja, porque nuestras camas críticas pediátricas ya fueron sobrepasadas la semana pasada", por lo que "en cualquier momento puede significar que niños fallezcan por no tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado".

Por ello, además de mostrar su apoyo a la petición de parlamentarios de adelantar las vacaciones, solicitó "prolongar las vacaciones tres meses" si es necesario. "Venimos saliendo de una experiencia de covid-19, que fue brutal, ¿y no aprendimos nada? (...) Ahora que el virus tiene otros nombres, ¿entonces vamos a permitir que mueran niños por tozudez'", dijo.

A su petición se sumó el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien a través de un video señaló que "estamos muy preocupados respecto de la alta cantidad de virus que tenemos y lo que están sufriendo nuestros estudiantes. Por ello, recogemos el llamado del Colegio Médico de Concepción sobre la situación: que los ministerios de Educación y Salud tomen cartas en el asunto y resuelvan esta problemática".

"No se puede descartar la posibilidad de extender las vacaciones de invierno. Creemos que es una medida que tiene que estar en la mesa y que, por supuesto, se tomará cuando la situación lo amerite", concluyó Díaz.

El Minsal recordó en la semana que para prevenir este año las vacaciones se adelantaron una semana, a lo que la ministra Ximena Aguilera agregó ayer que "nunca estamos totalmente cerrados a ninguna alternativa. Seguimos analizando la condición -que no es nacional- y lo que hay que evaluar es si con la reconversión de camas, el traslado de niños a través de la unidad de gestión crítica, es suficiente para dar respuesta".

En la mañana de ayer, el Ejército reportó que sufrió desde el viernes un ataque cibernético a sus redes internas, aunque más tarde aseguró que sus sistemas críticos de información no fueron afectados.

Debido al ataque, la institución le prohibió a sus funcionarios encender cualquier computador de la unidad y dispuso que tampoco se debían conectar dispositivos externos a la red, como pendrives

Asimismo, pidió desconectar físicamente el cable de Ethernet de los computadores e impresoras conectadas a la red Intranet institucional.

En la tarde, a través de otro comunicado el Ejército dijo que "los sistemas críticos de información no habrían sido afectados. La red de transmisión de datos institucional fue afectada por un incidente informático, que fue detectado por los sistemas de ciberseguridad dispuestos", que "se dispuso aislar la red e iniciar las auditorías por parte de los organismos de ciberseguridad institucionales e iniciar trabajos de recuperación y certificación de la puesta en marcha de la red en forma segura".

"Detectada la amenaza, se entregaron los antecedentes al Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) del Estado Mayor Conjunto al Ministerio de Defensa Nacional", agregó.

En una decisión unánime de sus miembros, el pleno de la Corte Suprema acordó ayer que la ley corta presentada por el Ministerio de Salud para hacer cumplir el fallo que obliga a rebajar precios y devolver los cobros excesivos en las Isapres requiere aclarar el rol que tendrán los tribunales en el procedimiento.

La solicitud se refiere al artículo 9 de la norma ingresada a mediados de mes. La vocera del Poder Judicial, Ángela Vivanco, explicó que los ministros consideraron que el articulado expresa un "traslape" entre las competencias de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones al momento de tramitar los procedimientos. Asimismo, planteó que arroga a competencias judiciales aspectos que deben resolverse de manera administrativa en los procedimientos para lograr la devolución de US$1.400 millones de dólares cobrados en exceso desde 2020 a 720 mil cotizantes, situación que las Isapres dicen que si se aplica como propone el Gobierno provocará la quiebra del sistema.

"Nosotros como jueces esperamos que los fallos se cumplan. Y si no se cumplen los afectados por el incumplimiento lo tienen que hacer valer", dijo Vivanco.

El pleno decidió no pronunciarse sobre la reforma constitucional ingresada por senadores de oposición, pues indicaron que no correspondía hacerlo al no entregarle ninguna competencia.