Matías Gatica Lindsay

Desconocidos quemaron ayer una capilla en Freire, en vísperas de la llegada del Presidente Gabriel Boric a esa comuna de La Araucanía hoy. Esto se dio en una jornada en que hubo varias reuniones por atentados en diferentes regiones y la filtración de un audio del Mandatario en una cita con parlamentarios en que abordó justamente lo que sucede en la Macrozona Sur.

Cerca de las 5.00 horas de ayer, vecinos del sector El Manzanero alertaron a Bomberos que la capilla Santa Teresa de los Andes se incendiaba. Al llegar los voluntarios sólo pudieron constatar su destrucción; mientras que Carabineros halló un lienzo en apoyo a los "presos políticos mapuche" y alusivo a Luis Tranamil, comunero investigado por el homicidio del cabo Eugenio Naín, perpetrado cerca del templo.

Los policías no pudieron identificar quién se atribuyó el ataque, pues parte de la pancarta también se quemó. El hecho será indagado por el OS-9 y Labocar de Carabineros.

El párroco Agustín Narub oró sobre las cenizas. "Es una pena porque el templo es un lugar sagrado, que une a la comunidad y merece respeto", dijo. Una vecina que participó en la construcción de la capilla hace 33 años contó entre llantos que ahora pedirán ayuda para reconstruirlo.

El hecho ocurrió un día antes de que el Presidente Boric visite Freire. En ese lugar se espera que haga anuncios y actualizaciones al Plan Buen Vivir y la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que revisará la entrega de tierras ancestrales, además de abordar los atentados ocurridos en la región.

Esta semana también hubo ataques a torres de alta tensión en las regiones de Valparaíso y Biobío, y a un puente ferroviario del Ñuble, actos que se adjudicó el Movimiento 18 de Octubre, algo que el Gobierno evitó confirmar.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió con el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, y con el equipo de persecutores que investigan los atentados para abordar la situación.

Tras la reunión, Monsalve contó que se constituyó un equipo mixto que operará durante los próximos 30 días, al que le otorgarán los recursos que requiera "para fortalecer las capacidades del Ministerio Público".

Si bien la autoridad reconoció que estos "son actos terroristas", insistió en que "hay que definir cuál es la mejor herramienta para perseguirlos", porque, a su juicio, "la Ley Antiterrorista no es opción". Esta apreciación explica que en las querellas presentadas por los casos en Valparaíso y Ñuble se invocó la Ley de Armas.

Sobre la capilla quemada, el subsecretario sostuvo que "la presencia del Estado y nuestro trabajo está por mejorar las condiciones de seguridad de la región y la presencia del Presidente de la República no está condicionada por grupos criminales".

Durante la tarde se reunieron los tres poderes del Estado junto a las policías para coordinar acciones a tomar por estos hechos. Tras la cita, según explicaron las autoridades, se dieron 30 días para dialogar sobre la modificación de la Ley Antiterrorista, la que el Ejecutivo presentaría en julio al Congreso, y que ahora será un compromiso de todos los participantes en el cónclave.

Filtración de audio

Lo que sucede en la Macrozona Sur fue un tema que se abordó en Cerro Castillo el martes en la noche entre el Presidente Boric y 18 parlamentarios del Biobío y La Araucanía. Un audio con sus dichos en la cita fueron filtradas a la prensa, lo que indignó al Mandatario y a La Moneda, que se querelló ante Tribunales de Valparaíso.

La denuncia estampada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, invoca el artículo 161-A del Código Penal, que persigue a quien "en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público (...) Igual pena se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos".

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, dijo que conversará con cada uno de los asistentes para determinar quién cometió la filtración.

"Es un hecho gravísimo", porque "la reunión fue convocada por el Presidente a petición de los propios parlamentarios para tratar un tema muy sensible, que es el de seguridad en esa zona" dijo, asegurando que Boric pidió no grabar la reunión.

"El Presidente estaba ayer muy impactado", añadió la ministra Tohá.

El titular de Justicia, Luis Cordero, explicó que si alguien incurrió en la grabación y en la difusión arriesgaría penas que fluctuarían entre los 3 y 5 años de presidio menor en su grado máximo.

La filtración fue condenada transversalmente. El presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), dijo que "hay parlamentarios que no se toman en serio su investidura" y solicitó desaforar al responsable. El timonel del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), agregó que el tema debe investigarse y que "nadie está por encima de la ley".

En el Partido Republicano el diputado Stephan Schubert también condenó el hecho y dijo que espera "no vuelva a ocurrir". El diputado Mauricio Ojeda fue más allá y denunció el hecho a la justicia.