L. R. C.

Con una protesta contra la "militarización" en la zona, bajo estado de excepción hace más de un año, y la quema nocturna de una casa patrimonial en Curacautín arribó al mediodía de ayer el Presidente Gabriel Boric a La Araucanía.

La manifestación se produjo en Freire, donde el jueves encapuchados destruyeron una capilla. El atentado, en tanto, ocurrió a 112 kilómetros al norponiente, donde desconocidos hicieron arder el inmueble, que entonces se encontraba sin ocupantes.

"Gabriel Boric, ninguna ley podrá con la resistencia", decía un panfleto atribuido a la Resistencia Mapuche Malleco. También demandaba el regreso a la cárcel de Angol de seis comuneros trasladados en mayo tras protagonizar incidentes y secuestrar a tres gendarmes en dicho penal.

Luego de su traslado, se han producido cerca de una veintena de atentados con panfletos demandando su retorno a esa prisión.

Tras participar en la inauguración de la nueva conexión ferroviaria entre Temuco y Pitrufquén, el Presidente respondió al emplazamiento hecho directamente hacia él por los violentistas.

"Cuando aterricé en Temuco le pregunté a un general '¿cómo está?' y me responde: 'sin novedad', y le digo que 'no me puede decir eso', porque desgraciadamente anteayer hubo un atentado incendiario en Quepe y ayer en Curacautín, y eso nos indigna, pero también nos fortalece", planteó el Mandatario.

"Fortalece la unidad con la que vamos a enfrentar a quienes realizan este tipo de actos, y quiero decirlo de manera muy clara: pese a que incluso había amenazas directas, a mí no me van a intimidar, y no me cabe ninguna duda de que a las autoridades de la zona y a las comunidades pacíficas, que son las grandes mayorías de La Araucanía y el Biobío, no las van a intimidar tampoco", dijo.

"Ustedes, quienes realizan estos actos, son una pequeña minoría violenta que va a ser perseguida y castigada por el Estado como corresponde", agregó.

El Presidente aportó que todos sus esfuerzos estaban puestos en cumplir con "la obligación de genera un espacio de tranquilidad para los chilenos", lo que en La Araucanía estaban abordando con inversión pública, diálogo y en mejorar la eficacia de la persecución policial.

Carabineros condicionó la cobertura de seguridad a los operativos de demolición de las denominadas "narcocasas" realizados desde febrero por la Municipalidad de La Florida, lo que abrió una pugna con el alcalde Rodolfo Carter, quien atribuyó el anuncio a una razón política.

En un oficio dirigido al jefe municipal, la Prefectura Santiago Cordillera comunicó que no va a seguir apoyando la estrategia si no es con autorización del Ministerio Público, por el riesgo que supone para la seguridad de los funcionarios.

El documento adujo que, "mientras se desarrollaba la ejecución de los citados decretos, ese municipio procedió además a la demolición de un 'mausoleo narco' ubicado en la plaza pública aledaña al lugar, no considerado en la petición de auxilio de la fuerza pública planteada mediante correo electrónico ni en los decretos municipales respectivos, como tampoco tratado en reuniones de coordinación previas", situación que calificó como "absolutamente delicada".

En respuesta, el alcalde Carter aseveró que "no seamos ingenuos: esto es político. Había que detener lo que ocurría en La Florida. Había que evitar que siguiéramos haciendo las cosas. Ayer fue el pronunciamiento de la Fiscalía y ahora Carabineros".

Ante ello el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, pidió "que no se utilice a la institución políticamente. Me gustaría estar hablando de las cosas efectivas que estamos haciendo, no solamente son las necesidades de un alcalde en particular, al cual respeto mucho y le hemos estado prestando permanente cooperación".

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, formalizado por la fiscalía por presunto fraude al fisco, delitos tributarios y asociación ilícita en el manejo de miles de millones de pesos realizados a través de las corporaciones entre 2011 y 2021, en los que la otrora autoridad recibió sobres con millones para beneficio personal.

La jueza María Carolina Herrera fundamentó su decisión en que por los delitos tributarios y de fraude al fisco en reiteradas ocasiones arriesgaba al menos 10 años de cárcel. Agregó que existe la presunción de que con sus actos "quebrantó la probidad de la función pública", cuando tenía el deber de mantener una actuación "intachable".

Por esta razón la magistrada estimó que Torrealba revestía "un peligro para la sociedad", dispuso 150 días para el desarrollo de la investigación y ordenó su envío al penal Santiago 1. A solicitud de la defensa, que alegó enfermedades de base, la jueza se allanó a que fuera remitido al anexo Capitán Yáber.

Otros cinco exfuncionarios quedaron con reclusión domiciliaria.

El tribunal advirtió que el delito de asociación ilícita era complejo de comprobar en este momento del proceso, pero la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado afirmaron que perseverarán en obtener las pruebas para la acusación .

El abogado de Torrealba, Francisco Velozo, dijo que apelarán a la prisión, pues a su juicio hay al menos una "sobreimputación" de parte de la fiscalía.