Matías Gatica Lindsay

La diputada Catalina Pérez decidió ayer suspender su participación como vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara en medio de la polémica que se ha levantado por los convenios suscritos por la Seremi de Vivienda de Antofagasta- región de donde es parlamentaria- a cargo de su exjefe de gabinete Carlos Contreras y la fundación Democracia Viva, ligada a su pareja Daniel Andrade, todos militantes de RD.

Pese a que hasta el lunes la diputada dijo que no renunciaría a la directiva de la cámara, previo a la votación de la Sala a una posible censura a la mesa liderada por Vlado Mirosevic (PL), Pérez dijo que se le ha infringido daño, por lo que "no puedo permitir que se le infrinja al oficialismo (...) (Como) a la mesa de la Cámara le queda una semana antes de su renuncia regular, lo que hago por este acto es suspender regularmente y de facto mis actividades, dentro de la mesa de la corporación".

"Se me ha buscado endosar a mí una responsabilidad que no tengo por actos de terceros, por los cuales yo creo no debiese asumir ninguna responsabilidad", agregó la diputada.

Luego de su suspensión la UDI retiró la censura.

El diputado de ese partido Jorge Alessandri afirmó que "desde la oposición vamos a buscar cada uno de los de los $426 millones y se los vamos a devolver a la ciudadanía (...) Basado en las palabras del ministro Carlos Montes sobre conflicto de interés eso está penado y abre una arista judicial, de Contraloría y de la Cámara". "Vamos a seguir en los tribunales de justicia", complementó Juan Antonio Coloma.

Al respecto, los aliados de RD en el Frente Amplio, Convergencia Social aseguró que "el convenio en cuestión constituye un grave error político que daña nuestro compromiso ético y debe esclarecerse hasta el último detalle de las circunstancias que llevaron a que se suscribiera".

La vocera Camila Vallejo, agregó que lo ocurrido es un "total y absoluto despropósito político".

El Banco Central ajustó ayer sus previsiones de crecimiento para 2023 respecto a las proyecciones de marzo, con una disminución de la parte alta del rango que pasa de proyectar un Producto Interno Bruto (PIB) de entre un -0,5% y un 0,5% a uno de entre el -0,5% y el 0,25%.

"Las proyecciones de actividad muestran cambios menores, principalmente asociados al desempeño de la minería", señala el Informe de Política Monetaria (Ipom) de junio.

"Las expectativas de crecimiento reflejan mejores perspectivas para el corto plazo y algo peores para el mediano plazo", apuntó el organismo, que pronosticó una expectativa del 2% para 2024.

Según el ente emisor, "durante este año el consumo privado continuará reduciéndose, con una caída de 4,9% en 2023 (-3,8% en marzo)", una proyección que, dice el organismo, "es coherente con una recomposición del ahorro de los hogares, tras su uso masivo en años previos".

El reporte apuntó también que para fines de 2023, habría un ajuste a la baja en la evolución de la inflación, que esperan se ubique en un 4,6% en diciembre (la última medición en 12 meses fue de 9,9%.).

El informe se dio a conocer un día después que el ente emisor decidiera en votación dividida mantener la tasa de interés en 11,25%, no cerrándose a una posible disminución a futuro si es que la inflación continúa a la baja.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó ayer decretar estado de excepción en la Región de Los Ríos, donde en las últimas semanas han ocurrido ataques incendiarios, razón por la que parlamentarios de oposición solicitaron al Gobierno tomar la medida que se mantiene vigente en La Araucanía y Biobío.

Según detalló la autoridad, que visitó ayer la zona y se reunió con autoridades policiales y políticas de la región, hoy "no existen las condiciones para ampliar el estado de excepción" a esa región.

Lo que fundamentó en que "en la región han ocurrido durante el transcurso de este año sumado el último ataque incendiario, 19 hechos de violencia rural. A la misma fecha del año anterior, habían ocurrido 24. Por lo tanto, a pesar de los graves hechos que han ocurrido durante el transcurso de este año, tenemos una disminución en torno al 25% de los hechos de violencia rural respecto al año 2022".

Pese a declinar la opción de militarizar la región, Monsalve anunció que se aumentarán de tres a once los puntos de control de Carabineros en la zona; se incrementará de 30 a 96 los funcionarios policiales destinados a estos sectores; en agosto se entregarán 4 nuevas camionetas blindadas a Carabineros, anteriormente se entregaron dos y se trabaja en la adquisición de otras 5; se instalarán 30 cámaras de televigilancia, 26 cámaras térmicas, 37 lectores de patentes y 529 luminarias dobles.