Prisión para detenidos en matadero clandestino: "Animales fueron objeto de crueldad humana"
Juez de Garantía dictaminó que los dos imputados por el maltrato de 32 ejemplares, a los que mantenían para ser faenados en una toma de terrenos de Cartagena, son un peligro para la sociedad.
Fueron 32 animales los rescatados este martes en el "Operativo Arca de Noé", realizado por Carabineros de Cartagena. Se sacaron desde un matadero clandestino de la toma de terrenos "Copa de Agua" de San Sebastián a los ejemplares en deplorables condiciones, donde la Sección de Investigación Policial (SIP), a cargo de las diligencias, detuvo a dos individuos, quienes ayer quedaron en prisión preventiva.
En el Juzgado de Garantía de San Antonio, los imputados Abraham Enrique Rojas Basualto (48) y Enrique Alberto Cubillos Varas (65) fueron formalizados por los delitos de maltrato animal, infracción a la ley que regula el manejo de mataderos y receptación de vehículo motorizado, pues se les incautó un camión tres cuartos robado.
El fiscal Francisco Martínez expuso que los dos imputados eran los cuidadores del precario recinto donde mantenían a animales como chanchos, caballos, ponis, chivos y una llama. Dio a conocer el informe efectuado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), cuyos funcionarios se presentaron en el lugar el mismo martes.
"Fueron sorprendidos manteniendo en un sitio a 32 animales (…) en mal estado, desnutridos, con problemas podales (infección en pezuñas), constituyendo estos hechos actos de maltrato y crueldad con los animales (…). Se encontraban rodeados de barro y fecas sin poder caminar y con mala alimentación, con baja condición corporal, con sarna, dice el informe del SAG", expuso el fiscal en la audiencia en que estuvo Diario El Líder.
Aportó que "se encontraron herramientas para faenar ejemplares, encontrando carne en refrigeradores, máquina cortadoras, ganchos, todos elementos determinados para faenar animales sin contar con las correspondientes autorizaciones".
Por la cantidad de delitos expuestos, el fiscal Martínez solicitó que los imputados fueran puestos en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad.
En tanto, la defensa particular de ambos, Alejandro Solís, manifestó que sus representados no eran responsables de los ilícitos, puesto que serían obreros que estaban en el sitio del campamento contratados para levantar un muro de contención y que los dueños del lugar son quienes deben enfrentar a la justicia.
Esto fue refrendado por la fiscalía, pues hay antecedentes que indican que ellos cuidaban el lugar.
Crueldad
El juez Felipe Contreras Bianchi estimó que tanto las pruebas presentadas, como los informes de la SIP de Cartagena y del SAG, daban por acreditados los delitos y la participación de los acusados en estos.
Sobre la necesidad de enviarlos a la cárcel, el magistrado consideró que fueron acusados por tres delitos, que actuaron en grupo para cometerlos y que existe la posibilidad de que en un futuro juicio cumplan penas de presidio efectivo.
Y puso especial consideración en el trato a los animales.
"Hay que vincular los bienes jurídicos que se tratan de proteger, principalmente lo que dice relación con el delito de maltrato animal, como así mismo la existencia de un matadero clandestino", dijo.
"Respecto del maltrato animal es de conocimiento de los intervinientes que cada vez se ha protegido de mejor manera (...). El bien jurídico protegido en el delito de maltrato animal es el derecho del propio animal de no ser objeto de crueldad humana y en este caso eso es lo que precisamente se ha afectado a través de las conductas desplegadas por parte de los imputados", añadió el juez.
Aportó que "en relación con el matadero clandestino, se vincula con (afectar) el bien jurídico de la salud pública de las personas, por lo que la prisión preventiva no es desproporcionada".
Dictó que los dos se mantengan en la cárcel de San Antonio por los 80 días que se fijaron para la indagación de este caso.
Mientras tanto, los animales rescatados ya se encuentran en un refugio recuperándose (ver nota secundaria).