Mónica Jorquera Escobar

Según el imputado de 56 años, el verano de 2022 le pagaron para llevar una encomienda a la cárcel de San Antonio, tipo de "servicio" que hacía comúnmente para ganarse "unos pesos". Aseguró que no sabía que en un tarro de barniz que entregó en Gendarmería iban en un fondo falso dos bolsas con droga.

Pese a que negó saber que estaba entregando narcóticos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) local lo condenó a 3 años de presidio que deberá pagar de manera efectiva tras las rejas como autor de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, con el agravante de haber cometido en ilícito un recinto carcelario.

En el juicio oral el fiscal Juan Carlos Catalán demostró que el acusado, Carlos H.N.M., tenía ingresos de dinero porque familiares de reos, que en algunos casos estaban fuera de la zona, le solicitaban el servicio de llevar artículos a internos del penal de San Antonio.

Fue en una de esas entregas en que llevó dos tarros de barniz, una botella de diluyente y una brocha que iban destinados a un interno que era parte del taller de mueblería. Cuando gendarmes revisaron la encomienda encontraron dentro de uno de los tarros el fondo falso que estaba pegado con silicona, en cuyo interior estaban los paquetes con marihuana elaborada.

Funcionarios del OS-7 de Carabineros tomaron el procedimiento ese 27 de enero de 2022, determinando que se trataba de cannabis sativa, la que arrojó un peso bruto de 42,7 gramos, por lo que se detuvo al acusado, quien es apodado "El Brígido".

El imputado declaró en el juicio, diciendo que "nunca pensó que venía algo en el tarro de barniz", según se consignó en el fallo del TOP.

Ese desconocimiento fue rebatido por la fiscalía, dado una serie de llamadas y mensajes telefónicos que tuvo el imputado con el reo receptor de los artículos.

Condenado

Con las pruebas presentadas, los jueces, presididos por el magistrado Mauricio Aguilar, decidieron condenarlo. "Se comunicó, no una ni dos veces con personas internas en el establecimiento carcelario, lo que desde luego implica varias infracciones al régimen interno, que llevaría a desconfiar de la legitimidad de toda la operación", dice en la sentencia.

Se agrega que "un hombre promedio tomaría precauciones al ingresar una encomienda a la cárcel a petición de un conocido, ciertamente que sus sospechas y reticencias serían mayores si quien le solicita este favor fuera una persona desconocida. Incluso en ese ejemplo, lo prudente sería negarse, pues el riesgo de verse envuelto en un delito es alto. En la especie, sin embargo, el acusado no sólo accedió a esta actividad de riesgo, sino que además recibió una remuneración por este servicio".

Los jueces le dieron el favor de que incluso no supiera que iba marihuana adentro del tarro, pero indicaron que "en ese evento, él no quería saber y no le importaba saber, pues esa actitud le permitía continuar con su actividad lucrativa. Luego, la pregunta es si el derecho puede amparar a quien se beneficia de esta actitud de conveniente ignorancia y dejar sin castigo a los que transportan o trafican drogas, aprovechando que el proveedor no les indica de modo expreso el contenido exacto del paquete que llevan. En concepto de los jueces, la respuesta debe ser negativa", analizaron.

Junto con cumplir 3 años de presidio, el TOP condenó a "El Brígido" a pagar una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), unos 600 mil pesos.

El proyecto inmobiliario Maratué de Puchuncaví, región de Valparaíso, cuyo dueño es el cuñado del empresario Andrónico Luksic, seguirá adelante con su tramitación ambiental luego de que la Corte Suprema fallara a favor de la constructora.

Los cuestionamientos fueron por los acantilados del sector de Quirilluca, considerados como "el último pulmón verde" de Puchuncaví, sitio donde se construirían 14 mil viviendas, proyecto inmobiliario que arrastra un proceso judicial desde 2017 y que ahora podrá continuar su tramitación.

Transversal respaldo tuvo en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley de "Desnotarización", nueva ley aprobada que suprime o modifica la intervención de notarios en más de 20 trámites.

Con la "Desnotarización" se eliminarán actuaciones notariales innecesarias en trámites específicos, reduciendo la burocracia.

En otros trámites se incorpora, como alternativa a la participación del notario, el uso del documento electrónico con firma electrónica avanzada.

Al respecto la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Paula Gutiérrez Huenchuleo, expresó que "la Ley de Desnotarización tiene dos impactos importantes para la región de Valparaíso. Uno que se relaciona con la consideración territorial de que, en la región, hay comunas que no tienen notarías, por lo que la situación que los administrativos no requieran la validación de un ministro de fe, como los notarios, es un alivio para quienes viven en comunas más alejadas de los centros urbanos. Pero, también, el segundo impacto, es la importancia que tiene el dejar de exigir documentos ante notario para las Pymes o grupos familiares y, de esa manera, no afectar su economía, así como evitar, por supuesto, trámites innecesarios, haciendo, de esta manera, más eficiente al Estado".

Sobre la ley, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, subrayó que "en concreto, se traduce en reducir una cantidad de trámites significativos, incluyendo la participación de notarios en la gestión de ellos, particularmente en procedimientos administrativos y sustituyéndolos por declaraciones simples o por firma digital avanzada. Pero lo fundamental, además, es que le impone a la administración pública la obligación de eximir de cualquier exigencia notarial, salvo en aquellos casos que expresamente la ley lo establezca".