Campamentos de La Virgen, Centinela y Cementerio tienen 100 días para desalojar
Corte de Apelaciones de Valparaíso ya dio la orden para la desocupación tras fallar en favor de dueños del predio. Se trata de unas 3 mil familias que deben dejar las tomas.
Un paño de terrenos de 259,8 hectáreas o 2 millones 549 mil metros cuadrados que pertenecen a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. abarca prácticamente todo el cerro La Virgen. Y ese predio, desde el estallido social, fue tomado por miles de personas en distintos campamentos que ahora tienen orden de desalojo a concretarse en 100 días.
Para que se haga una idea del terreno que deberá ser desocupado, este limita con calle San Antonio de las Bodegas de Bellavista y se extiende hasta el otro extremo de la comuna en Pelancura, a metros de donde calle Manuel Bulnes se une con Antonio Núñez de Fonseca.
Por ello, en la hacienda se encuentran asentados los campamentos ubicados en cerro La Virgen, cerro Centinela, una parte de la toma ubicada junto al Camino Viejo a Cartagena y el que se instaló al lado del cementerio Parroquial de San Antonio, sumando unas 3 mil familias que deberán desalojar por orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Corte
Los dueños del terreno, que en el Conservador de Bienes Raíces llevan por nombre "Hijuelas-Llolleo y "Parcela Catorce", realizaron diferentes acciones judiciales para recuperar sus predios. Colocaron dos querellas criminales en el Juzgado de Garantía de San Antonio por usurpación violenta, las cuales siguen en pie.
Y habían interpuesto un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la ocupación ilegal de sus terrenos, la que en enero pasado fue desestimada por el tribunal alzada.
Sin embargo, la inmobiliaria arremetió hace un mes, pues volvió a colocar el mismo recurso ante la CAV, luego que la Corte Suprema fallara a favor en este tipo de casos en otros sectores del país.
Así, esta vez la CAV resolvió acoger el recurso y dictaminó a favor de los dueños de las tierras. Dispuso que los ocupantes de los campamentos emplazados en las 259 hectáreas deberán desalojar al estar vulnerando los derechos constitucionales de los recurrentes.
En el fallo de la quinta sala se expuso que "la recurrida (dirigenta de una toma) Katherine Sanhueza Ortega, quien ocupa la propiedad denominada Hijuela Llolleo y Parcela Catorce (conocidas también como asentamiento 'Centinela-San Antonio'), así como cualquier otra persona que se encuentre instalada irregularmente en esos predios, deberán hacer abandono de los inmuebles referidos, disponiendo de un plazo máximo de cuatro meses desde que la presente sentencia quede ejecutoriada (plazo ya cumplido), debiendo retirar del lugar sus enseres además de las construcciones realizadas en él".
Se les advierte a los pobladores de los sitios ocupados ilegalmente que "de lo contrario se dispone el desalojo inmediato, con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición".
El fallo ya fue despachado al Ministerio del Interior para que se notifique a las fuerzas de orden para desalojar si los ocupantes no se marchan en 100 días, pues a estas alturas ya no son 4 meses de plazo.
Argumentos
Sobre el razonamiento para acoger el recurso de protección, los ministros de la corte argumentaron que, como solicitaba la inmobiliaria, el ilícito de la ocupación de los terrenos es un delito flagrante continuo desde octubre de 2019 a la fecha.
"Resulta ciertamente indiscutido que la ocupación irregular que afecta a los predios de propiedad de la recurrente y no se sustenta en antecedente alguno que legitime el actuar de los recurridos. Resulta inconcuso (innegable) la efectiva vulneración al derecho de propiedad en que el recurrente sustenta su recurso, así como la igualdad ante la ley", se redactó en el fallo.
El abogado de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, Diego Pereira, expresó sobre el fallo que "es totalmente relevante, no teníamos conocimiento de que la Corte de Valparaíso recogiera la tesis de la flagrancia permanente en una sentencia y darle una solución a los asentamientos precarios mediante un recurso de protección (…). Se debe cumplir a rajatabla la desocupación".
Sobre la determinación, el vicepresidente de la Comisión de Vivienda del Consejo Regional, Manuel Millones, dijo a El Mercurio que esta toma "está integrada por 3 mil familias, es una de las más grandes de Chile. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo contempla intervenirla y para este efecto consideró este año un presupuesto estimado en $700 millones para catastrarla, cuyos fondos los va a administrar el municipio de San Antonio y ya están transferidos".
Respecto a una posibilidad de que la desocupación no se concrete, expresó que es complejo al existir una sentencia ya ejecutoriada, pero explicó que la forma de conciliar el fallo, es decir que no se haga el desalojo, sería que el fisco llegue a un acuerdo con el propietario y así suspenda este procedimiento.
Al respecto, el diputado Andrés Celis manifestó que "el fallo de la Corte de Apelaciones es un avance en la tarea de restablecer el imperio del derecho. A la brevedad debe esclarecerse que las tomas, y más aún en San Antonio, no sean un mecanismo para pagar favores políticos o hacer negocios ilegales".
Agregó que "me parece muy bien que se ponga atajo de una vez a la proliferación de las tomas, con este fallo no sólo se concretará el desalojo sino que también se entrega una señal clara y contundente de que quienes recurran a esta acción van a ser sacados del lugar sí o sí rápidamente".
"Se debe cumplir a rajatabla la desocupación",
Diego Pereira,, abogado dueños del terreno.