Juan Olivares Meza

Vivir en un cerro sin los servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica, sin retiro de la basura del domicilio en la puerta de la casa, sin locomoción colectiva y con calles que a la mínima llovizna se convierten en caminos intransitables y que el resto del año son una polvareda, representa un sacrificio enorme para cualquier persona que tome esa decisión.

Pensemos que esa es la realidad que viven miles de personas ahora mismo en San Antonio. Adultos mayores, mujeres, hombres y niños que diariamente deben lidiar por la falta de agua potable y energía en viviendas precarias, de material ligero, que son muy difíciles de calefaccionar. Hablamos de hogares donde el empleo irregular, y por lo tanto los ingresos, es la norma y cada día representa una lucha diaria contra la adversidad.

¿De cuánta gente estamos hablando?

La verdad es que no hay una cifra exacta, lo que se sabe es que los cálculos oficiales se quedan cortos porque todas las semanas las tomas crecen. Es decir, los campamentos de San Antonio no se están haciendo más pequeños, o se quedaron estáticos. Por el contrario, están en constante expansión ya que, si a principios de 2022 la superficie ocupada era del orden de las 470 hectáreas, a la fecha ese territorio ya superó las 500 hectáreas solamente en los campamentos instalados entre San Antonio y Cartagena.

De hecho, en marzo último la organización Techo-Chile, presentó el denominado Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, que dio a conocer el dato concreto más actualizado que se tiene sobre los asentamientos irregulares en nuestro país, con antecedentes levantados hasta febrero de este mismo año.

El estudio mostró nuevamente un alza en la cantidad de familias que están viviendo en campamentos en la provincia de San Antonio, llegando a un total de 9.961 grupos familiares viviendo en un total de 36 asentamientos irregulares, y de ese total 8.093 familias pertenecen a la comuna de San Antonio.

Esos son los datos gruesos, porque el desglose por campamento, por cada toma no se ha hecho, y lo que hay son las cifras que manejan las propias dirigentas de las tomas que calculan la cantidad de familias en base a la cantidad de comités que hay en cada asentamiento.

Desencuentros

Como era de esperar, el dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordena el desalojo de 254 hectáreas del cerro Centinela, tomadas desde fines de 2019, causó reacciones de temor e incertidumbre entre las familias que asentaron sus viviendas en este sector. Con ello también vino la reacción de los comités, cuyas dirigentas, ya sea por mera afinidad o sentido práctico, se han agrupado para enfrentar con más fuerza la lucha que tienen encima.

Claudia Díaz, del comité "Altos del Mar", que no está en el grupo de los 32 comités donde es vocera Karina Ayala, explicó que "nosotros estamos súper complicados con esto. Ahora mismo estamos tratando de unir fuerzas con todo el cerro para contratar un abogado para ver el asunto de los terrenos porque igual está complejo lo que va a pasar. Andan muchos rumores, que hay una parte que van a comprar y la otra no. Somos como 7 mil familias que estamos en total incertidumbre y que no sabemos qué va a pasar, porque todos nuestros ahorros están acá. Somos familias que hemos postulado muchas veces a subsidios y no nos ha salido. ¿Dónde nos vamos a ir si desarman nuestras casas? La verdad es que todo se ve difícil".

-¿Qué pasa con la información?, ¿cómo están manejando el flujo hacia los vecinos?

-La verdad es que hay mucha falta de información porque el cerro está dividido, con una parte que es que el cerro Centinela que tiene una directiva, y en la otra estamos nosotros luchando porque no nos representan. Ellas no nos representan a nosotros porque hay una dirigenta de esa parte del cerro que no vive acá en la toma y nosotros estamos luchando día a día porque vivimos acá, nos tenemos que embarrar, se nos corta la luz, ahora mismo estuvimos una semana sin luz".

Consultada por estas desavenencias, la dirigenta Karina Ayala, representante de un grupo que al cierre de esta edición ya sumaba 33 comités, dijo que "es comprensible que en un grupo tan grande de gente haya personas que no se sienten representadas y que prefieran dar su propia lucha. Sobre lo que dicen es mejor no ahondar porque aquí lo que importa es la lucha que tenemos que dar unidas, aunque nos caigamos mal, porque esto nos afecta a todas las familias que tenemos una casa en este cerro y solamente diré que nuestras puertas están abiertas, igual que la voluntad para defender unidas a nuestras familias".

Reunión

Por la tarde de ayer martes, este grupo tuvo una reunión en el mismo campamento, en el sector de la Copa de Agua, con representantes del Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para establecer una serie de puntos de cara a las acciones que tomarán antes que se cumpla el plazo fijado por la Corte de Apelaciones para el desalojo.

"Tuvimos esta reunión, que es una más de las que estamos llevando adelante porque queremos hacer las cosas bien, ya que es mucho lo que está en juego. No queremos que nada falle porque tenemos voluntad de avanzar en lo que tengamos que hacer para poder comprar los terrenos y no tener que llegar al desalojo que es lo que tiene a toda la gente desesperada", explicó Karina Ayala.

La dirigenta agregó que "para avanzar tenemos que estar legalmente constituidos, ya tenemos una entidad patrocinante y se hizo una minuta con los puntos acordados y los avances, así que confiamos en hacer las cosas bien para llegar a un buen término de toda esta situación".

Por su parte, Claudia Díaz confirmó que durante la jornada de hoy miércoles tendrán una reunión con personal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Consejo Regional para coordinar acciones de cara a las complicadas semanas que se vienen para los habitantes de las tomas del cerro Centinela.

Todo lo anterior mientras se cierne sobre este campamento la cuenta regresiva que activó la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenó desalojar en un plazo máximo de cuatro meses, que se cumplen en noviembre, 254 hectáreas ilegalmente ocupadas por una toma que se ha consolidado con poblaciones enteras de casas de material ligero que están conectadas con calles, pasajes y avenidas, en las que han surgido numerosos almacenes de barrio, negocios que prestan servicios a los pobladores y conexiones ilegales con el tendido eléctrico, sustentado en partes por un alumbrado público informal y medidores de energía que cobran un proporcional, además de los numerosos arranques irregulares de agua potable.

Es más, la dimensión de este enorme campamento frustró la expropiación que pretendía realizar el Ministerio de Obras Públicas para llevar a cabo el nuevo acceso norte al puerto de San Antonio.

"Somos como 7 mil familias que estamos en total incertidumbre y que no sabemos qué va a pasar, porque todos nuestros ahorros están acá",

Claudia Díaz,, comité "Altos del Mar"

"Lo que importa es la lucha que tenemos que dar unidas, aunque nos caigamos mal, porque esto nos afecta a todas las familias que tenemos una casa en este cerro",

Karina Ayala,, vocera Comités Cerro Centinela

"Alcancé a llegar al lado de él (del ladrón), pero no supe qué hacer, quedé paralizada. Después yo salgo gritando '¡vecinos por favor ayúdenme!'",

víctima de l robo