Crónica

El informe de la ONU, que en marzo pasado reveló que San Antonio y otros puertos nacionales son puntos "de tránsito para el tráfico de cocaína" que se produce en Colombia y Perú y que tiene como destino Estados Unidos y países de Europa, sigue teniendo repercusiones.

Ahora la Cámara de Diputados conformó una comisión especial investigadora para evaluar las medidas de seguridad en los puertos adoptadas entre los años 2018 y 2023.

La comisión legislativa se encargará de recopilar los antecedentes sobre la actuación de los gobiernos desde el año 2018 para analizar las políticas relacionadas con el resguardo y fiscalización de la seguridad en las vías marítimas tanto de entrada como de salida del territorio nacional.

El diputado Jorge Brito, quien resultó electo por unanimidad para liderar la comisión, explicó que a través de esta instancia legislativa "queremos contribuir a recuperar la seguridad del país, el control fronterizo y el orden en los puertos de Chile".

Mucho por mejorar

El parlamentario por el Distrito 7 argumentó que "el crimen organizado se ha consolidado de forma transnacional y Chile ha demostrado que aún tiene mucho por mejorar para hacer frente al crimen internacional, pues más allá de las operaciones de contrabando, queremos contribuir a desbaratar las organizaciones que están detrás de estas operaciones".

Brito, además, planteó una disyuntiva: "el porcentaje de cargas fiscalizadas llega, en el mejor de los casos, al 2%". Por esta razón, señaló que "resulta inconcebible que el estándar de seguridad con que cuenta el aeropuerto y la frontera terrestre no se vea en los puertos, cuando son por los puertos donde se moviliza más del 90% de lo que entra y sale del país".

En ese sentido, la comisión especial deberá recopilar los actos de los diversos ministerios como Interior, Hacienda, Defensa, Transportes y Obras Públicas, así como de sus organismos dependientes: Aduanas, Servicio de Impuestos Internos (SII), Directemar, la PDI, entre otras instituciones.

La instancia estará integrada, además de Brito, por la parlamentaria sanantonina Camila Rojas y otros 10 diputados de distintos partidos del oficialismo y la oposición.

60 días de plazo

La comisión especial investigadora acordó citar en primera instancia a Directemar y al Ministerio de Transportes y deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días.

Fernando Gajardo, gerente general interino de Puerto San Antonio, indicó que "esta instancia permitirá conocer lo que cada servicio competente en materia de seguridad realiza como ente fiscalizador. Además, como complejo portuario estamos comprometidos en seguir elevando los estándares de seguridad en nuestros terminales, tanto en la operación como en los proyectos que hemos impulsado".

2 por ciento, del total de la carga que se moviliza por los puertos, se fiscaliza, según el diputado Jorge Brito.