Jesús Farías Silva

Para cualquier sanantonino habría sido imposible no ver, escuchar o leer sobre la proliferación de las tomas de terreno en la comuna desde 2019 a la fecha, donde viven miles de personas.

En marzo, la organización Techo - Chile presentó su último Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, donde, según la fundación, dio a conocer "la fotografía más actualizada" sobre el fenómeno en nuestro país con datos levantados hasta febrero de este año.

Panorama local

Según este instrumento, en la provincia de San Antonio hay 9.961 familias viviendo en 36 asentamientos irregulares.

Las cifras oficiales son algo distintas, pero igual de altas. El Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 del Ministerio de Vivienda, indicó que en la zona existen 6.848 hogares distribuidos en 26 campamentos.

Estos lugares hoy enfrentan múltiples problemas. Uno de ellos el inminente desalojo ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso de dos terrenos en el cerro Bellavista, hecho que motivó una manifestación durante la semana pasada en distintos puntos de la ciudad puerto, donde una dirigente anticipó una "guerra civil", advirtiendo que no se dejarán erradicar fácilmente.

La otra razón de la protesta fue un proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales y fija nuevas penas para quienes incurren en las "usurpaciones".

PROYECTO

La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 89 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones la idea de legislar la moción, que refundió dos iniciativas de senadores de derecha.

Entre los principales objetivos del texto está sancionar con presidio "toda hipótesis de usurpación", extender el período de flagrancia, que no sería de doce horas después de la toma, sino que por todo el periodo en que las personas estén ocupando el terreno, de acuerdo al proyecto.

Adicionalmente, autoriza la aplicación de "técnicas especiales de investigación" en la persecución de las usurpaciones.

También castigaría con penas de presidio la "celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitios ocupados ilegalmente" e incorpora restricciones en las normas para regularizar las pequeñas propiedades.

Además, se sancionaría con multas de 10 UTM a quien "sin tener la posesión material de un bien inmueble, instale banderas, estacas u otras demarcaciones destinadas a manifestar intención de posesión de sitios no destinados a la habitación, sin el consentimiento de quien lo posee en virtud de título legítimo".

De acuerdo a la norma en estudio por los parlamentarios, quienes habitan en campamentos catastrados hasta el año 2022 tendrán una condición diferente y no permanecerán en flagrancia mientras estén ocupando un terreno tomado como postula el proyecto en trámite.

Que la moción sea promulgada es, por ahora, difícil. Genera grandes divergencias entre el Gobierno y la oposición debido a que se aprobó una modificación al Código Penal que permite la "legítima defensa" contra las personas que ocupen un inmueble.

Los congresistas tienen visiones encontradas respecto a cómo se manifestaría una disposición así. Algunos creen que motivará enfrentamientos entre "civiles" y el uso de armas para "repeler" a potenciales ocupantes.

Esto último, que se ha denominado también como "autotutelaje", hizo que el Gobierno adelantara su disposición de recurrir al Tribunal Constitucional o de plano vetar una eventual ley para que no entre en vigencia.

Las autoridades, sin embargo, sí están de acuerdo en que hay que actualizar la normativa actual.

VOTACIÓN

La idea de legislar contó con el apoyo de Tomás Lagomarsino (Independiente pro radical) y Luis Sánchez (Republicano).

Jorge Brito (RD), Camila Rojas (Comunes) y Luis Cuello (PC) rechazaron la medida.

Cuello dijo que "este es un proyecto de ley que enfrenta un problema social con una política criminal".

Calificó el texto como "absolutamente desproporcionado" y acusó que "lo más grave es que introduce mecanismos de autotutela, permite que civiles ocupen la fuerza para resolver un conflicto".

"Es una aberración jurídica", remató.

Andrés Celis (RN) y Hotuiti Teao (Independiente pro RN) no participaron en la votación, mientras que Tomás de Rementería (Independiente pro PS) fue uno de los tres que se abstuvo en la votación efectuada el 9 de agosto.

"Lo más grave es que introduce mecanismos de autotutela, permite que civiles ocupen la fuerza para resolver un conflicto",

Luis Cuello,, diputado.

89 votos a favor tuvo la idea de legislar en la Cámara de Diputadas y Diputados.