Empresa arremete contra el municipio por término anticipado del contrato de mantención de las áreas verdes
Phoenix presentó un reclamo de ilegalidad y estudia acciones como pedir una indemnización por los 41 meses que le quedaban, lo que corresponde a $4 mil 500 millones.
Un nuevo capítulo sumó el conflicto del contrato de la mantención de las áreas verdes en la comuna de San Antonio. Ahora la empresa que fue cesada de sus funciones, y que se ganó la licitación en 2020 le pidió al municipio declarar ilegales los decretos alcaldicios que dieron por terminado el vínculo que se extendía hasta el 30 de noviembre de 2026.
Aparte de este acto administrativo la sociedad Rafael de Pablo y Compañía Limitada, que está detrás de Phoenix Paisajismo, anunció en el escrito que presentó hace más de dos semanas de forma virtual en la oficina de Partes de la Municipalidad de San Antonio que "sin perjuicio del ejercicio de todas aquellas acciones y derechos legales o constitucionales que prevé nuestro ordenamiento jurídico con ocasión de la presente circunstancia y alegaciones, reservándose con ello y en este acto el derecho de comparecer a las instancias administrativas, legales, constitucionales, arbitrales y cualquiera otra que faculte la ley, en especial, sin ser taxativos, la de indemnización de perjuicios por falta de servicio e ilegalidad, nulidad de derecho público y cautela de derechos fundamentales".
Como lo dijo el dueño de la empresa, en conversación con Diario El Líder, no descartan demandas ni pedir indemnizaciones, por los 41 meses de contrato que le quedaban a Phoenix. El vínculo establece un valor de 3.003 UF mensuales, es decir que en este tiempo percibiría 4 mil 500 millones de pesos.
Argumentos
El documento presentado por los abogados Gabriel Celis y Francisco Troncoso, en representación de la sociedad que tiene como nombre de fantasía "Phoenix Paisajismo" considera ilegal el decreto alcaldicio del 22 de junio de este año que invalidó la adjudicación de la licitación de la mantención de áreas verdes, como efecto de la sentencia del Tribunal de Contratación Pública del 21 de diciembre de 2022.
Este órgano determinó retrotraer el proceso a la etapa de la evaluación de las ofertas, ante el reclamo del otro oferente Núcleo Paisajismo, que denunció que la evaluación presentaba irregularidades.
Luego el 29 de junio el mismo municipio, a través de otro decreto modificó la parte resolutiva del decreto anterior y puso en conocimiento a la empresa afectada de la resolución el 30 de junio.
Además de considerar ilegal el acto que invalida el contrato, que incluso contravendría la Constitución, los abogados patrocinantes acusan al municipio de "una actuación negligente al no interponer el recurso de reclamación establecido por la ley, con el objeto de impugnar la resolución emitida por el Tribunal de Contratación Pública" .
Incluso cuestionan las facultades del Tribunal de Contratación Pública, pues los abogados sostienen que "excluye de su competencia a aquellas fases posteriores de la adjudicación".
Amparados en estos y otros argumentos técnicos, como resoluciones de Contraloría y fallos de tribunales de justicia en casos similares, el reclamo solicita "declarar la ilegalidad de los decretos alcaldicios exentos N°2786, de 22 de junio de 2023 y N°2867, de 29 de junio de 2023, ambos de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, y de todo acto posterior a ello que los haya tenido como fundamento, además de adoptar todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho", plantearon los abogados .
Advertencia
La concejala Valentina Riquelme, quien destapó este caso a través de Diario El Líder en la edición del 15 de junio, durante la discusión para llegar a un acuerdo en el concejo que permitiera contratar a una nueva empresa por seis meses, mientras se confecciona una nueva licitación, advirtió que Phoenix podría iniciar acciones legales en contra del municipio.
"Sí se tiene que dar término al contrato con la actual empresa, pero el Tribunal de Contratación Pública no alude a plazos para lleva a cabo dicho acto administrativo, se da por hecho, pero no le exige al municipio que lo haga ahora", afirmó el 31 de julio, en una sesión extraordinaria del concejo.
Y en ese momento recomendó que "se pudo terminar el contrato de Phoenix una vez adjudicado el nuevo servicio, existían argumentos sólidos para quedarnos con la actual empresa. Esta fue una decisión discrecional", analizó la edil en ese momento.
Valentina Riquelme reiteró ayer, que "acciones legales de la empresa en contra del municipio serán inminentes, van a ocurrir. Eso se lo pregunté a la directora jurídico (Sheref Ibáñez) sobre esta posibilidad de recibir una demanda de parte de la empresa saliente y dijo que era posible y que puede hacer todas las acciones administrativas y legales que estime conveniente".
La edil expresó su preocupación por "este recurso de ilegalidad que ingresó. No tengo la respuesta del municipio pero asumo que rechazará este recurso, lo que corresponde es que este recurso vaya a la Corte de Apelaciones y siga el camino legal".
Lo que inquieta a la concejala es "el patrimonio municipal económico que se está viendo amenazado en nuestra comuna, entendiendo que este contrato era hasta 2026 y por inacción del municipio en todos estos meses de resolver de otra forma, buscar una salida o al menos apelar al fallo del Tribunal de Contratación Pública, es que pasa esto. Insisto en la responsabilidad de los funcionarios que hicieron esta evaluación de la licitación, quienes la firman le asignaron un puntaje que no correspondía a Phoenix y ahora estamos viviendo situaciones complejas".
La empresa
Rafael de Pablo, uno de los dueños de Phoenix Paisajismo, explicó que "el recurso de ilegalidad que presentaron los abogados de la empresa en resumen dice que la municipalidad cometió una falta de servicio, pudo hacer actos legales con anterioridad a que se ejecutara el mandato del Tribunal (de Contratación Pública), antes que nos cortaran nuestro contrato y no lo hizo".
El documento se presentó a la Municipalidad de San Antonio y los abogados esperaban la respuesta en un plazo que venció el pasado viernes. "Esto no está en ningún tribunal, hasta el momento", aclaró Rafael de Pablo.
Sobre las futuras acciones comentó que "los procedimientos posteriores dependerán de lo que responda la municipalidad. Ese es un acto legal que se traspasa a la Corte de Apelaciones".
-¿Si presentan acciones judiciales pedirían una indemnización y cuál sería el monto?
-No quiero hablar de montos. Lo que más me interesa a mí es cerrar un ciclo. Como empresa y como persona nos sentimos completamente pasados a llevar. Nos quedamos sin un piso, quedamos en el aire, caímos al vacío. Todas estas acciones legales que estamos haciendo son para dar un cierre y tranquilidad a nuestra empresa y a nuestras familias. El dinero se verá después, se conversará a futuro con los abogados.
Rafael de Pablo reconoció que este contrato "era importante" para Phoenix. "Somos una empresa pequeña, familiar. Este era nuestro contrato más importante. Durante los tres años que estuvimos, y lo años anteriores que participamos hicimos bien nuestro trabajo. No tuvimos problemas con nuestro contratista, que era la municipalidad".
Respuesta
Respecto a la respuesta al recursos de ilegalidad, el pasado viernes la administración comunal respondió que "la municipalidad dio respuesta dentro del plazo estipulado, y defendió su postura en cuanto a que sus actuaciones no son ilegales ya que obedecieron a la ejecución de una sentencia".
El municipio argumentó que "nuestra actuación se enmarcó en el cumplimiento de una sentencia de un tribunal que se debe acatar, cumpliendo estrictamente el fallo. Tanto es así, que el 16 de agosto el Tribunal de Contratación Pública dio por cerrado el proceso en dicho tribunal".
La respuesta al reclamo de ilegalidad se entregó el pasado jueves.
Preocupación
El concejal Manuel Meza recordó que la posibilidad de acciones legales de Phoenix en contra del municipio por el término anticipado del contrato, "lo advertimos en la primera sesión del concejo donde se puso en punto de tabla el tema, lo reiteramos en la siguiente sesión y también cuando se llegó al acuerdo. Dijimos que el término del contrato con Phoenix nos podría traer consecuencias y que podían demandar al municipio".
Según el concejal "esa advertencia no fue acogida por la alcaldía ciudadana, se lo dijimos a la alcaldesa como presidenta de concejo, que en algún minuto nos íbamos a encontrar con este problema".
Meza teme que "tendremos un mega endeudamiento, porque no será una demanda menor, porque el contrato que poseía Phoenix era hasta noviembre de 2026, algo que nos impactará en demasía, porque tendremos que dejar de prestar servicios para pagar esta cuantiosa demanda de miles de millones, porque nadie aceptará que se le terminen un contrato con esa cantidad de recursos".
"La municipalidad cometió una falta de servicio, pudo hacer actos legales con anterioridad a que se ejecutara el mandato del Tribunal",
Rafael De Pablo.
"Acciones legales de la empresa en contra del municipio serán inminentes, van a ocurrir. Eso se lo pregunté a la directora jurídico",
Valentina Riquelme.
"Tendremos un mega endeudamiento, porque no será una demanda menor, porque el contrato era hasta noviembre de 2026",
Manuel Meza.
3 mil 3 UF mensuales era el valor del contrato que Phoenix tenía con el municipio de San Antonio.
21 de diciembre de 2022 el Tribunal de Contratación Pública dictó su fallo.