El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, explicó por qué le parece "casi imposible" que se recuperen los montos pagados irregularmente por la seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, lo que destapó una serie de situaciones similares en todo el país.

La autoridad detalló que entre las irregularidades detectadas "hay observaciones en general que son del control interno o la ausencia de este, que son nueve, y hay otras seis que se desglosan en algunas particularidades que son respecto de Democracia Viva", que recibió 426 millones de pesos estatales.

El contralor planteó que las situaciones más graves son "por un lado, la contratación de personas por las fundaciones para trabajar como si fueran funcionarios públicos sin serlo, tanto en la Seremi como en el Serviu, o la ausencia de procedimientos para la asignación de estos convenios, lo que llevó a que se asignaran directamente, o la falta de planes de trabajo, o la falta de una coherencia entre el objeto de la fundación y lo que se estaba contratando".

Entonces expuso que "de acuerdo a la información de prensa, porque a nosotros no nos consta que esos recursos se hayan devuelto efectivamente, quedan 97 millones de pesos. ¿Por qué he dicho que es casi imposible poder recuperar esos recursos? Porque aquí no hay una garantía. La fundación no tiene patrimonio. La forma de requerir la devolución va a ser a través de un juicio: estamos hablando de 10 años más, por lo menos".

Además, planteó que no hubo coherencia entre lo que se pagó y lo que se adjudicó "porque no hay un plan de trabajo detallado que dé cuenta de un programa que se vaya a ejecutar con metas, con plazos, con obras, con montos asignados, tal como ocurre, por ejemplo, cuando se contrata una obra pública por parte del Estado".