Crónica

Unas mil personas marcharon ayer por las principales calles de San Antonio convocadas por distintas agrupaciones para expresar su oposición al desalojo del cerro Centinela y al avance en el Congreso de la ley de usurpaciones, que ellos denominaron como la "ley maldita".

Esta es la segunda marcha en menos de un mes, ya que el pasado jueves 10 de agosto los pobladores también se manifestaron.

Los principales accesos a la comuna amanecieron bloqueados por barricadas incendiarias como la antesala a la marcha que comenzó a las 10 horas en la plaza de Armas, recorrió Centenario y Pedro Montt, para luego enfilar por Barros Luco, parar primero en la municipalidad y posteriormente en el edificio de la Delegación Presidencial Provincial.

En ambos puntos se leyeron y dieron declaraciones de voceros del movimiento y también de autoridades.

Luego un grupo siguió marchando por Barros Luco hasta el Nuevo Acceso al Puerto, y subió por la vía, interrumpiendo el tránsito de camiones, situación que se vio agravada porque en ese mismo momento dos camiones chocaron cuando ingresaban a la trinchera (ver página 4).

A unos 200 metros de este punto y bajo el pórtico que sostiene las señalizaciones del tránsito, se encendieron barricadas lo que ocasionó la intervención de personal de Carabineros de Control de Orden Público, quienes repelieron el actuar de los descolgados de la marcha con bombas lacrimógenas, mientras recibían pedradas de los manifestantes. Estos enfrentamientos no duraron más de un cuarto de hora, hasta que el grupo bajó a Barros Luco y se retiró con destino a San Antonio. Se informó que no hubo detenidos.

Cortes de ruta

En la mañana y en la tarde se prendieron barricadas en los principales accesos a San Antonio, como la ruta entre la comuna y Cartagena y en otros puntos.

Sobre esta situación, la delegada presidencial provincial, Caroline Sireau, informó que "las barricadas fueron en tres puntos, principalmente ubicados en el Nuevo Acceso al Puerto, en la intersección de Manuel Bulnes y Antonio Núñez de Fonseca y también en el camino que conecta a San Antonio con Cartagena a la altura de la toma que está en Pacal".

La delegada dijo que "esto provocó congestión en horas de la mañana, lo cual lamentamos profundamente. Se hicieron las coordinaciones para el despeje de las vías y con el apoyo de carabineros mantener las vías despejadas".

La marcha

Luego de recorrer el centro, la columna de pobladores de las tomas caminó por Barros Luco y se detuvo en la Municipalidad de San Antonio. Ahí uno de los voceros leyó una declaración apoyado por un megáfono. "Somos más de 10 mil familias que estamos pasando por un complejo momento, algunas producto de una orden de desalojo que nos fijó la Corte de Apelaciones con plazo 23 de octubre de 2023 para abandonar nuestras casas y otras (personas) con demandas a espera de fallos judiciales".

Según la declaración, "somos la consecuencia de la falta de compromiso social y político con los cientos y miles de marginados que produce este sistema neoliberal".

Agregan que "ante la falta de empatía que nos han demostrado hasta el día de hoy (…) hemos decidido organizarnos, movilizarnos y salir a las calles, a luchar y exigir por lo nuestro".

Además, la Coordinadora de Campamentos de San Antonio, que agrupa a nueve asentamientos de la comuna, planteó un petitorio que contempla "frenar los desalojos mientras se está trabajando con el Serviu en búsqueda de soluciones, intermediación del Serviu en la compra de terrenos, intervención en la especulación del valor del suelo, radicación sin filtros y mesa de trabajo con todas las entidades correspondientes y dirigentes".

Otra de las voceras anunció que "si no tenemos respuesta seguiremos con las manifestaciones. El Estado no nos entrega ninguna solución. Somos muy ricos para el Estado y muy pobres para los bancos. Hasta el momento nos han dado solo paracetamol, ninguna solución".

Y sobre la ley de usurpaciones la calificó como "una ley maldita" y se retiró del lugar.

Encuentro y reacción

La alcaldesa Constanza Lizana se reunió con una de las voceras y recibió el petitorio. Luego, a través de las redes sociales del municipio, expresó que "los desalojos no dan solución a los problemas sociales, seguiremos avanzando con el catastro que tiene que desarrollar el Ministerio de Vivienda y con eso avanzar en una solución que dé cuenta de la crisis de vivienda que se da en San Antonio hace largos años".

Este encuentro generó la reacción del diputado Andrés Celis (RN). "Es impresentable que la alcaldesa se oponga a un dictamen de la Corte de Apelaciones, ya que las tomas son absolutamente contrarias a nuestro ordenamiento jurídico, y en definitiva, un desalojo viene a dar justicia a los dueños de los predios".

Según el parlamentario, este es "el mundo al revés, mientras en el Congreso se legisló una ley de usurpaciones para hacer frente a este tremendo problema que tenemos en Chile y particularmente en la región de Valparaíso, en San Antonio la alcaldesa se pone del lado de quienes ilegítimamente se saltan la fila y se toman terrenos que no les pertenecen, mientras muchas personas están a la espera de una solución habitacional, porque nadie puede negar esa problemática social, pero no se resuelve usurpando territorios".

Celis estudia denunciar a la alcaldesa en el Ministerio Público por "avalar la alteración del orden público y estar en contra del desalojo de las tomas, y por tanto, en contra del dictamen de la Corte de Apelaciones".

Delegación

La marcha cruzó luego a la Delegación Presidencial Provincial, donde el jefe de Gabinete, Ivo González, explicó ante los vecinos que "el miércoles pasado tuvimos una reunión en la Delegación Regional con las distintas dirigencias en función de lo que están viviendo. Sostuvimos un canal de diálogo y socializamos el acta de esa reunión, porque entendemos que a veces esa información no baja de la manera más clara".

Agregó que "recepcionamos la carta donde manifiestan su intención de generar una mesa de diálogo con las distintas actorías y nos comprometemos a darles una fecha para que esto se concrete y poner a disposición de ustedes toda la institucionalidad".

"Nos discriminan"

Los vecinos de las tomas expresaron su preocupación por el desalojo y una de las manifestantes comentó que "enfrentamos la presión y la opresión". Añadió que en las tomas "vivimos adultos, niños, minusválidos, estudiantes, nos levantamos desde cero, en el barro construimos nuestras viviendas. Estamos organizados, las tomas no son violencia ni delincuentes , la mayoría somos sanantoninos, no santiaguinos. En la víspera del desalojo arrancaron".

Otra mujer de la toma Las Loicas analizó que "a los pobres nos discriminan. Los cerros estuvieron botados por años y ahora nos quieren desalojar, ahora están reclamando".

"Somos más de 10 mil familias que estamos pasando por un complejo momento, algunas producto de una orden de desalojo que nos fijó la Corte de Apelaciones",

vocero de la marcha