Jesús Farías Silva

Es una frase que se repite una y otra vez: el 11 de septiembre de 1973 marcó un antes y un después en la historia de Chile. Pero, por más trillada que esté, es una afirmación que no deja de estar acertada.

Ese día comenzó la dictadura del general de Ejército Augusto Pinochet, cuyo régimen dejó, de acuerdo a las comisiones Retting y Valech, más de 40 mil víctimas de prisión política, tortura, ejecuciones y la desaparición. Entre ellas, hay 1.469 chilenos que fueron detenidos por agentes del Estado entre ese 11 de septiembre y marzo de 1990, de los que no se sabe su paradero.

En el marco de los 50 años del golpe militar que derrocó a Salvador Allende, el Presidente Gabriel Boric anunció un plan de búsqueda. Por primera vez en más de tres décadas de democracia se pone en marcha una iniciativa semejante.

La medida "busca esclarecer las circunstancias en que fueron hechas desaparecer una serie de personas en la dictadura cívico militar", explica Paula Gutiérrez Huenchuleo, seremi de Justicia y Derechos Humanos, cartera sobre la cual recayó la responsabilidad de implementar el plan.

En conversación con Diario El Líder de San Antonio, la abogada y profesora de Derecho de la Universidad de Valparaíso (UV), indicó que "un segundo objetivo específico dice relación con garantizar el acceso a la información a las familias, las agrupaciones de Derechos Humanos y la sociedad en su conjunto, con el objeto de que seamos capaces de reconocer cómo un quiebre institucional también generó el inicio de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos en nuestro país".

Un tercer objetivo busca la reparación, pero no solo de las familias que perdieron a un ser querido, sino que de la sociedad "de forma integral".

"La reparación incluye distintas cosas, pero es importante el ámbito de la educación. Hay que aprender de la lección dolorosa de la historia y que los Derechos Humanos son una parte fundamental de un estado democrático", complementó la autoridad.

La confección del plan fue instruida por el Presidente Gabriel Boric en junio de 2022 e incluyó un proceso participativo que tomó ocho meses en que participaron múltiples organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura.

"Un instrumento así no ha existido en Chile hasta ahora", recalcó la secretaria regional, quien recordó que la búsqueda de los desaparecidos "ha sido más bien judicial o pesaba sobre los hombros de las familias (…), pero hoy es el Estado que se hace cargo de una tarea que se debió hacer desde un principio".

Tras el retorno de la democracia, en 1990, se han puesto en marcha instancias como la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (conocida como la Comisión Valech); la Corporación Nacional de Repartición y la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), pero no se han encargado de la búsqueda.

"Tenían la función de conocer los métodos de tortura, reconocer que hubo tortura, y con ello el reconocimiento a las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990; y también a tener un listado de personas directamente afectadas, los que han ayudado a visibilizar lo que pasó", subrayó.

-Seremi, ¿cómo será la implementación de este plan?

-Lo primero que se hará es una sistematización de la información. El Estado de Chile tiene una gran cantidad de información: el Poder Judicial desde las sentencias judiciales, también en la Policía de Investigaciones en su brigada de Derechos Humanos, el Servicio Médico Legal (SML) y de otras instituciones. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, junto a los dos subsecretarios (de Justicia, Jaime Gajardo, y Xavier Altamirano de Derecho Humanos), colocó a disposición la información de la Vicaría de la Solidaridad.

-Y a partir de eso se podrían hacer búsquedas en terreno posteriormente.

-Sí, pero antes de realizar cualquier tipo de excavación, el plan supone que tengamos certeza o meridiana certeza de lo que se va a buscar. Sabemos que hay atisbos, que hay gente que tiene información, pero que al no tener certeza de qué se hará con la información no han hablado y esta será la instancia.

"Hay mucha gente que hasta el día de hoy mantiene temor de dar información y el Plan Nacional de Búsqueda lo que pretende es que la sociedad en su conjunto, instituciones y personas tengan la capacidad y la posibilidad de acercarse a las instituciones a entregar la información, en un momento adecuado y resguardado por la ley".

Lanzados al mar

En la provincia de San Antonio, además de los horrores vividos en la Escuela de Ingenieros Militares del Ejército de Tejas Verdes, que fue ocupado como centro de tortura, y el balneario de Rocas de Santo Domingo, que tuvo el mismo propósito en los primeros años del gobierno de facto, entre otros centros ilegales, se lanzó a un indeterminado número de prisioneros al mar.

Recién en 2018 la justicia acreditó "los vuelos de la muerte", con la condena de tres miembros en retiro del Ejército por el secuestro y desaparición de los tres sanantoninos Ceferino Santis, obrero de Ranyonhill; Luis Norambuena, trabajador de Esso; y Gustavo Farías, recaudador de Obras Sanitarias. Uno de los condenados es el brigadier Miguel Krassnof, quien por esa y otras causas cumple más de mil años de presidio en el penal de Punta Peuco.

-¿Cómo se aproximarán a los casos de chilenos que fueron lanzados al mar?

-Una de las cosas que se nos ha planteado por parte de los familiares de víctimas de Rocas de Santo Domingo, la Escuela de Ingenieros y Tejas Verdes en su conjunto, ha sido cómo recuperamos desde el mar. Y la verdad es que hay cosas que van a ser muy poco probables.

"Sin perjuicio de lo anterior, uno los objetivos que tiene el plan de búsqueda es tener certeza de cuál fue el último destino de las personas, que no quiere decir necesariamente encontrar restos, pero sí tener la certeza de que, por ejemplo, llegaron efectivamente a Rocas de Santo Domingo, que fueron sacados en un helicóptero que sale al mar y que luego vuelve sin las personas. Hemos tenido esa información de vecinos y vecinas, de familiares y amigos que recuerdan lo que pasó, pero necesitamos que esa información que es más bien un recuerdo, ahora sea más acotada con fechas, personas y otra serie de datos para de esta forma poder establecer el destino más cercano al final de las personas", aseguró.

"Hay muchos casos de quienes no eran de San Antonio, de personas que fueron detenidas en Santiago y posteriormente trasladados a la costa, a lugares que habían sido en muchos casos balnearios populares de la UP (Unidad Popular) y luego transformados en centros de detención, tortura y en muchos casos para hacer desaparecer personas", agregó la autoridad.

"Lo que se busca es saber cuál fue el destino de sus familiares, por tanto, puede que no tengamos restos, pero sí la certeza de qué pasó donde fueron dejados, de cuál fue el último destino", planteó.

-Respecto a la implementación, ¿se acercarán a las organizaciones de DD. HH?

-Estamos trabajando en la estrategia de implementación, pero el compromiso y en lo que hemos trabajado desde la fase de participación previa es que nosotros nos hemos acercado a las organizaciones, porque las organizaciones llevan todo este tiempo haciendo el trabajo que tenía que hacer el Estado. Esta será una tarea que no se llevará solo por las instituciones, es una tarea que va a ser llevada delante de manera conjunta con la sociedad civil y especialmente con las agrupaciones de familiares.

¿Habrá instancias para que quienes pertenecieron a algún aparato represivo puedan entregar información?

-La implementación supone mecanismos, no serán dados a conocer aún, porque el Plan Nacional de Búsqueda está en contraloría a la espera de toma de razón, pero cuando ocurra se darán a conocer tal y como lo hemos hecho con los procesos participativos. Para la entrega de información no solo de personas que pertenecieron a los aparatos represivos, sino que también civiles. Esta fue una dictadura cívico militar y los civiles tuvieron roles importantes, es a algo que a veces no está bien reconocido en nuestra historia como país.

"Es importante que esas personas también puedan entregar la información que tienen en su poder y por tanto con ella reconstruir verdades que quedaron truncadas. Hay juicios que fueron cerrados porque no hay información y a lo mejor hoy esta información nos puede servir para tener un conocimiento mucho más efectivo del destino de cada una de las personas hechas desaparecer".

En su lanzamiento, el Gobierno informó que el plan "tendrá una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno".

La seremi de Justicia, Paula Gutiérrez Huenchuleo, indicó que el plan "no apunta a ser una política con tiempo finito" y se mantendrá de "forma permanente para que se cumplan los objetivos", que tienen una gran misión para la historia: "nunca más".

"Busca esclarecer las circunstancias en que fueron hechas desaparecer una serie de personas en la dictadura cívico militar".

"Hay mucha gente que hasta el día de hoy mantiene temor de dar información".