27 condenados de Punta Peuco admiten violaciones a los DD.HH.
"(Hemos) esperado 33 años a que nuestros superiores asuman la responsabilidad", dijeron en carta. En el oficialismo lo consideraron "una falta de respeto".
Matías Gatica Lindsay
Mediante una carta leída en la Cámara por el diputado Gonzalo de la Carrera, 27 exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura admitieron que en ese periodo cometieron violaciones a los derechos humanos.
"Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación", declararon en el texto.
En el documento, que fue firmado entre otros por Carlos Herrera, condenado por el crimen de Tucapel Jiménez; y José Zara, sentenciado por el asesinato del general Carlos Prats, expresaron que "hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos".
"(Por ello) venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados", afirman.
Con ello buscan "para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles, la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias (...) Para que puedan volver a estar con sus seres queridos".
Sobre la carta leída un día después de la conmemoración de los 50 años del Golpe, el senador PPD Jaime Quintana la consideró "una provocación a la memoria de tantas familias que sufrieron"; y el diputado PS Leonardo Soto acotó que no tiene "ninguna línea que diga que colaborarán para hallar a detenidos desaparecidos".
En la derecha el diputado UDI Juan Antonio Coloma dijo que "cualquier persona tiene derecho a pedir beneficios penitenciarios", los que deben definir los tribunales.