Semana parte con barricadas por desalojo: "manifestaciones seguirán en ascenso"
A menos de un mes de que se cumpla el plazo para expulsar a residentes de tomas de terrenos de San Antonio, los vecinos anunciaron una serie de movilizaciones ante falta de solución para las 7 mil familias que serán sacadas.
Queda menos de un mes para que se cumpla el plazo que dictaminó la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que se ejecute por parte de la fuerza pública el desalojo de los terrenos donde se asentaron las tomas La Virgen, Centinela, Cementerio y Camino Viejo, en San Antonio y parte de Cartagena.
Frente al breve tiempo que les queda a las 7 mil familias que residen en dichos campamentos para obtener una solución que deje sin efecto la medida judicial, ayer vecinos protestaron, comenzado la semana prendiendo barricadas en distintos puntos de la comuna.
A las 6.30 horas estaba interrumpido el tránsito vehicular en la Ruta Nuevo Acceso al Puerto y en la G-82 hubo cortes a la altura del Cruce de Cartagena y llegando a Puente Arévalo, como también en Pelancura, lo que provocó tacos vehiculares en esos sitios.
Las barricadas se mantuvieron hasta cerca de las 7.15 horas, cuando intervino Carabineros para despejar las rutas.
Desde la Primera Comisaría de Carabineros de San Antonio informaron que tras el corte de las rutas no hubo personas detenidas ni accidentes vehiculares.
Seguirán
La movilización de ayer no será la única de esta semana. Así lo aseguraron dirigentes de las tomas de terrenos, que avisaron desde ya que "las manifestaciones van ir en ascenso. Partimos con marchas pacíficas, con mucho diálogo, mesas de trabajo, pero ahora, que queda menos de un mes para el desalojo, ya no nos va quedando opción más que presionar por los medios que podamos", expresó la dirigenta del campamento La Virgen, Katherine Navarro.
Agregó que "estamos dialogando con el Gobierno, con el municipio, Serviu y otras instancia en la mesa de trabajo, pero no tenemos una respuesta concreta sobre qué haremos de aquí al 23 de octubre en que la fuerza pública está con la orden de desalojarnos. Cuando tengamos alguna respuesta concreta vamos a dejar las movilizaciones, pero ahora no podemos, porque ya no nos queda tiempo para dialogar y dialogar".
En nombre de sus compañeros dirigentes de otros asentamientos ubicados en el predio de 259 hectáreas que pertenecen a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., manifestó que se debe evitar a toda costa el desalojo "porque sería un desastre, una guerra campal. Nosotros no podemos controlar a toda la gente que vive en las tomas, no vamos a poder y todo podría terminar en una catástrofe, con personas incluso fallecidas si se llega a un enfrentamiento".
"Gente invirtió todos sus ahorros, sus sueldos en mejoras sus viviendas y por eso la gente va a salir a la calle a defender sus casas, no se van a quedar de brazos cruzados y nosotros como dirigentes ya no podremos controlar lo que vaya a ocurrir", analizó.
Sobre el pronto desalojo, la Delegación Presidencial Provincial sostendrá este jueves una nueva reunión entre dirigentes de los campamentos y representantes del Serviu, donde se entregarían nuevas fórmulas para evitar la inminente desocupación, pues, se está en contacto con los dueños del predio para aplazar la fecha de expulsión, entre otras medidas que serán anunciadas.
Marcha
En tanto, los vecinos de las tomas de terrenos tienen presupuestada una marcha para hoy desde las 10.00 horas, que partirá en la plaza de Armas de San Antonio, la que apunta también a que se vete por parte del Presidente Gabriel Boric la ley de Usurpaciones de propiedades y ocupaciones ilegales, la llamada "Ley antitomas", que endurece las sanciones a quienes se tomen terrenos, inclusive con penas de cárcel.
"Nos encontramos movilizados y organizados, exigiendo que se revoque el desalojo, permaneciendo firmes y convencidos que no abandonaremos nuestras casas. Decimos clara y enfáticamente 'no a la ley antitomas' y que se ejecute el veto, pues sabemos que dicha ley no es más que la criminalización de prácticas de lucha que distintas comunidades y territorios han levantado a lo largo de la historia", declararon desde la toma Vista Hermosa de Cartagena.
Al respecto, la diputada Camila Rojas aseguró que dicha ley no prosperaría.
"El Gobierno de nuestro Presidente Gabriel Boric vetará la ley de Usurpaciones, ya que esta iniciativa le da un espacio amplio a la autotutela, lo que resulta muy peligroso. Los problemas que esta ley puede acarrear, son gravísimos, porque el uso de la fuerza no puede recaer en que cada persona determine cuando utilizarla y cuente con el respaldo legal para ello. Para eso existen instituciones encargadas de aplicar la ley, como las policías y los tribunales de justicia", dijo la parlamentaria sanantonina.
"El desalojo sería un desastre, una guerra campal. Nosotros (dirigentes) no podemos controlar a toda la gente que vive en las tomas, no vamos a poder y todo podría terminar en una catástrofe, con personas incluso fallecidas si se llega a un enfrentamiento",
Katherine Navarro,, dirigenta toma La Virgen.