Juan Olivares Meza

Unas cien personas residentes de los campamentos instalados en la periferia de las comunas de San Antonio y Cartagena marcharon por las calles del puerto para manifestarse en contra de la orden de desalojo que la Corte de Apelaciones emitió a principios de julio para un predio del cerro Centinela con plazo de ejecución en noviembre y también protestar por la denominada "ley antitomas" actualmente en tercer trámite legislativo en el Congreso Nacional.

Los manifestantes se reunieron alrededor de las diez de la mañana del martes en la plaza de Armas de San Antonio y desde allí marcharon por Centenario, donde un camión de transporte de valores fue vandalizado con rayados, calle Pedro Montt y Barros Luco con dirección a la Delegación Presidencial en Barrancas, donde entregaron una carta.

La misiva, a la que tuvo acceso nuestro diario, exige la presencia del ministro de Vivienda, Carlos Montes, y del jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del ministerio de Vivienda, Ricardo Trincado, en una reunión agendada para este jueves 28 para tratar los puntos en conflicto.

"Consideramos vital la presencia de estos personeros de gobiermo (sic), oues corresponde a ellos darnos una respuesta real a nuestra problemática. En ese sentido, solicitamos que también se pronuncien sobre la orden de desalojo que nos afecta, el veto presidencial de la "Ley antitomas", específicamente que se acepte la indicación del presidente Gabriel Boric Font, sobre el catastro de campamentos a marzo de 2024", dice el texto"

El desalojo

Todo partió el 27 de enero de este año cuando la Inmobiliaria y Constructora San Antonio presentó un recurso de protección asegurando ser dueña, desde hace 25 años, de 254 hectáreas del cerro Centinela, donde a partir de octubre del año 2019 un grupo indeterminado de personas se tomó los predios instalando viviendas.

Con ese precedente, a principios de julio la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó desalojar en un plazo máximo de cuatro meses el campamento donde habitan unas 3 mil familias, por considerar que la toma de terrenos es un delito que tiene flagrancia permanente.

Sin embargo, en el dictamen de este tribunal de alzada no se obliga ni al Ministerio de Vivienda ni al municipio de San Antonio a buscar fórmulas para reubicar temporalmente y de ahí partió la incertidumbre que recorre las polvorientas calles y pasajes de la verdadera ciudadela que creció por las faldas del cerro en dirección al mar, hacia Bellavista y también hacia Cartagena.

Con esta situación en curso el resto de las tomas de la periferia de San Antonio y Cartagena decidieron solidarizar con quienes ocuparon los terrenos con orden de desalojo y desde entonces han organizado una serie de manifestaciones, como la marcha de ayer, para visibilizar el problema que atraviesan.

La denominada "ley de Usurpaciones" se encuentra en un momento decisivo, debido a que ya está por vencer el plazo que tiene el Gobierno para ingresar el veto presidencial que anunciaron para modificar la normativa ya aprobada por el Congreso. En medio de diversas conversaciones con los partidos políticos, el Ejecutivo busca llegar a un acuerdo que no ponga en riesgo la propuesta, mientras que desde la oposición piden un "veto acotado."

En este contexto, la parlamentaria de Renovación Nacional, Camila Flores, fue enfática al señalar que "el gobierno se está poniendo del lado de los delincuentes, si el gobierno pretende hacer algo con estas personas que cumplan con la promesa de construcción de viviendas. Lo que molesta de esto es que en el país y sobre todo en la región hay personas con años en comités de vivienda esperando por su casa propia, y de pronto llegan algunos que se saltan la fila y se toman un terreno, exigiendo luz y agua, además digamos las cosas como son detrás de esto muchas veces hay mafias", criticó.

Luego de que ayer testigos denunciaran un enfrentamiento a tiros y con armas blancas entre comerciantes ambulantes a solo metros de la Delegación Presidencial de Valparaíso, el diputado Hotuiti Teao, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales a poner coto al descontrol delictual que reina en la región.

"La violencia y la delincuencia está totalmente descontrolada en nuestra región. Es tanta la falta de respeto a la autoridad por su inoperancia que hacen lo que quieren, a plena luz del día y a pasos de la Delegación Presidencial. Es tan poca la validación de estas autoridades, que tenemos como resultado a dos personas heridas en un sector céntrico, por donde transita gran parte de la familia porteña y que hoy, pareciera estar tomado por verdaderas bandas criminales. Insistimos, ¿dónde está el plan de seguridad del Gobierno?", sentenció el legislador.

Para Teao, "esto es una señal gravísima, consecuencia de poca mano dura y débiles señales que se han dado por parte de este gobierno para enfrentar a antisociales que, claramente, no tienen miedo a enfrentarse a metros de la persona llamada por ley a coordinar, fiscalizar y supervigilar el orden y la protección de los ciudadanos".