Tomas exigieron al ministro reunión para este jueves
Un centenar de personas de los campamentos marchó para protestar contra la orden de desalojo del cerro Centinela y la "ley antitomas".
Unas cien personas residentes de los campamentos instalados en la periferia de las comunas de San Antonio y Cartagena marcharon por las calles del puerto para manifestarse en contra de la orden de desalojo que la Corte de Apelaciones emitió a principios de julio para un predio del cerro Centinela con plazo de ejecución en noviembre y también protestar por la denominada "ley antitomas" actualmente en tercer trámite legislativo en el Congreso Nacional.
Los manifestantes se reunieron alrededor de las diez de la mañana del martes en la plaza de Armas de San Antonio y desde allí marcharon por Centenario, donde un camión de transporte de valores fue vandalizado con rayados, calle Pedro Montt y Barros Luco con dirección a la Delegación Presidencial en Barrancas, donde entregaron una carta.
La misiva, a la que tuvo acceso nuestro diario, exige la presencia del ministro de Vivienda, Carlos Montes, y del jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del ministerio de Vivienda, Ricardo Trincado, en una reunión agendada para este jueves 28 para tratar los puntos en conflicto.
"Consideramos vital la presencia de estos personeros de gobiermo (sic), oues corresponde a ellos darnos una respuesta real a nuestra problemática. En ese sentido, solicitamos que también se pronuncien sobre la orden de desalojo que nos afecta, el veto presidencial de la "Ley antitomas", específicamente que se acepte la indicación del presidente Gabriel Boric Font, sobre el catastro de campamentos a marzo de 2024", dice el texto"
El desalojo
Todo partió el 27 de enero de este año cuando la Inmobiliaria y Constructora San Antonio presentó un recurso de protección asegurando ser dueña, desde hace 25 años, de 254 hectáreas del cerro Centinela, donde a partir de octubre del año 2019 un grupo indeterminado de personas se tomó los predios instalando viviendas.
Con ese precedente, a principios de julio la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó desalojar en un plazo máximo de cuatro meses el campamento donde habitan unas 3 mil familias, por considerar que la toma de terrenos es un delito que tiene flagrancia permanente.
Sin embargo, en el dictamen de este tribunal de alzada no se obliga ni al Ministerio de Vivienda ni al municipio de San Antonio a buscar fórmulas para reubicar temporalmente y de ahí partió la incertidumbre que recorre las polvorientas calles y pasajes de la verdadera ciudadela que creció por las faldas del cerro en dirección al mar, hacia Bellavista y también hacia Cartagena.
Con esta situación en curso el resto de las tomas de la periferia de San Antonio y Cartagena decidieron solidarizar con quienes ocuparon los terrenos con orden de desalojo y desde entonces han organizado una serie de manifestaciones, como la marcha de ayer, para visibilizar el problema que atraviesan.